El acuerdo firmado este jueves en Bruselas entre el PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez, permitirá al Congreso de los Diputados crear "comisiones de investigación" para juzgar la labor de los jueces y determinar cuándo hubo "lawfare" (manipulación judicial) para perseguir a responsables y protagonistas del procés.
Estas decisiones judiciales habrían estado encaminadas a dinamitar el procés, "antes y después de la consulta del 2014", según los independentistas. El acuerdo señala que esas comisiones, con mayoría de los partidos que apoyan la amnistía determinará si hubo tal persecución judicial. No hay precedentes de revisión parlamentaria de decisiones judiciales.
Entre los "acuerdos" firmados por ambas formaciones, en el apartado dedicado a la "Ley de Amnistía", se dice: "Las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a aciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".
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De esta forma, Carles Puigdemont se garantiza incluir en la amnistía a personas que fueron condenadas por asuntos no directamente relacionados con el proceso independentista, incluso aunque lo fueran poor asuntos de corrupción o blanqueo de dinero, como podría ser el caso de Laura Borràs, Gonzalo Boye o Jordi Pujol.
Es decir, las comisiones de investigación, en las que tendrán mayoría los partidos que apoyarán la investidura y la proposición de ley de amnistía, determinarán si cada uno de esos casos son fruto del "lawfare". Se trataría de que los diputados determinen si los jueces y fuerzas de seguridad del Estado que han intervenido en esos casos practicaron esa persecución contra los independentistas.
En el caso de Borràs ya hay sentencia y condena, luego habrá que revisar en el Congreso esa decisión judicial. En el caso de Boye se ha llegado a la apertura de juicio oral contra el abogado de Puigdemont en un caso de narcotráfico y blanqueo. Según el acuerdo, la comisión de investigación del Congreso tendrá que determinar si hay "lawfare", es decir, si los jueces que le sientan en el banquillo practicaron esa persecución.
Si la comisión dice que hay "lawfare" judicial en alguno de esos casos, el afectado será amnistiado, según el acuerdo. Queda la duda de si el afectado puede deunciar al juez por prevaricación.
De hecho, el documento añade que esa amnistía debe llegar a personas que fueron juzgadas por delitos cometidos antes de 2014: "Esta ley debe incluir tanto a responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos".
El acuerdo incluye varias referencias que pueden ser entendidas como renuncia a la unilateralidad. Concretamente, señala que buscarán “una solución política y negociada al conflicto”. Esto le sirve al Gobierno para explicar que se consigue que los independentistas renuncien a intentar de nuevo un proces como el de 2017.
Mantiene la referencia a un referéndum de autodeterminación en el futuro, pero como aspiración del partido de Puigdemont que deberá discutirse en una mesa de diálogo. Desde el principio de la negociación, el Gobierno mantuvo que esa reivindicación debe desviarse a una mesa de diálogo, sin descartar que el acuerdo final se someta a consulta en Cataluña, pero no como referéndum de autodeterminación.
En esas mesas de trabajo se discutirá sobre el reconocimiento de Cataluña como nación, es decir, el acuerdo sobre la “identidad nacional” que podría someterse posteriormente a la citada consulta.
También se deja para la negociación posterior la petición de Junts de tener un sistema de financiación como el concierto vasco y navarro.
“Junts propondrá de entrada una modificación de la LOFCA que establezca una cláusula de excepción de Catalunya que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya. Y, por su parte, el PSOE apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Catalunya, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Catalunya. En este ámbito, también se abordarán los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Catalunya de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años”, señala el acuerdo.
El acuerdo acepta que el 1-O tuvo "una participación masiva en favor de la independencia de Catalunya" y que “el intento del Gobierno de impedir el referéndum dio lugar a unas imágenes que nos impactaron a todos dentro y fuera de nuestras fronteras·.
En ese relato histórico se omite en el relato la declaración unilateral de independencia y se pasa directamente del referéndum ilegal a la aplicación del 155.