Asociaciones de jueces, fiscales, abogados del Estado o los presidentes de las Audiencias Provinciales son algunos de los colectivos vinculados al ámbito del Derecho que han salido en los últimos días a mostrar su rechazo a la amnistía que el candidato a revalidar la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pactado con sus socios independentistas catalanes. A falta de una asociación que les sirva de altavoz, este fin de semana un nutrido grupo de notarios han emitido un comunicado de protesta al que se ha adherido más de la cuarta parte del sector en apenas 24 horas.
El documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, lleva por título "Notarios en defensa del Estado de derecho", y muestra su "enorme preocupación y rechazo" a los pactos que afectan "a la esencia de principios constitucionales como la igualdad de todos ante la ley, la seguridad jurídica, la independencia de los jueces, su profesionalidad y su buen hacer o la organización territorial del Estado, y atentan contra los pilares de la democracia y del Estado de derecho".
En conversación con este periódico, Carlos de Prada, uno de los promotores de la medida, ha explicado que la idea surgió espontáneamente "de tres compañeros" notarios, debido a que los órganos corporativos notariales, por su carácter semipúblico, no pueden realizar declaraciones de este tipo al deberse al principio de neutralidad política.
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Por ello, escribieron el texto y lo compartieron con los colegas de profesión más cercanos a través de WhatsApp, logrando la firma de 30 notarios en pocos minutos. Posteriormente, activaron una cuenta de correo electrónico para que el resto de compañeros pudieran adherirse voluntariamente. El boca a boca hizo el resto: antes de la medianoche del domingo, en menos de 24 horas, más de 700 notarios firmaban el manifiesto. Esto supone la cuarta parte de los aproximadamente 2.800 notarios que hay en España actualmente, y confían en que el número crezca rápidamente en los próximos días.
De Prada señala que "la amnistía es una humillación del Estado" por parte de unos partidos independentistas que, además, no se comprometen a cumplir las leyes españolas. "Evidentemente hay un problema territorial, pero si todavía [la amnistía] resolviese el problema... pero lo que dicen es que van a seguir adelante", lamenta.
En este sentido, afirma que la situación en Cataluña ha complicado la forma de trabajar en el sector. "Hay muchos compañeros que viven en Cataluña que lo han pasado realmente mal, hay muchos que se han ido", señala.
Pone como ejemplo la demanda de plazas en dicha comunidad autónoma, que han pasado de estar entre las más codiciadas a ser de fácil acceso: "Llegar a notario en Barcelona siempre ha sido muy difícil. Lo normal era aprobar la oposición y empezar en pueblos, ir aprendiendo, y tardar 15 o 20 años en llegar a Barcelona. Sin embargo, hace siete u ocho años, tras las oposiciones entraron 11 recién ingresados", ejemplifica.
De Prada es especialmente crítico con las acusaciones de 'lawfare' hacia los tribunales españoles y la posibilidad de que el Poder Legislativo pueda ejercer control sobre las sentencias dictadas por el Poder Judicial. "Es un atentado contra la independencia de los jueces. Ya tienen el Gobierno, tienen la mayoría [parlamentaria] y ahora quieren pasar revista a los jueces. Es intolerable", zanja el notario.