Las dudas de ERC sobre cómo amnistiar el terrorismo dejan al PSOE como padre único de la ley
El partido de Junqueras trata también de evitar que Puigdemont cuele a Laura Borràs y Gonzalo Boye por los "posibles huecos" que detecta en la ley.
14 noviembre, 2023 02:33Esquerra Republicana de Catalunya se negó este lunes a firmar la proposición de Ley de Amnistía y, finalmente, el PSOE quedó como padre único de la norma. Los republicanos detectaron "posibles huecos" en la misma, por los que podrían "colarse los jueces españoles", a la hora de aplicarla.
Pero también teme ERC que se les cuele la misma UE, que podría declarar la futura ley fuera del ordenamiento europeo y, por tanto, invalidarla a través de una demanda al Estado español ante el Tribunal de Justicia de la Unión (TJUE).
Según ha podido saber este periódico en fuentes de la negociación, el partido de Oriol Junqueras teme que la carta del comisario de Justicia, Didier Reynders, sea el anticipo de una ofensiva de la Comisión. Y fuentes de Bruselas confirman la "profunda preocupación" con la deriva del caso en España.
El gobierno comunitario es el guardián de los Tratados y, por tanto, de la defensa del Estado de derecho, consagrado como pilar fundamental de la UE. Y concretamente, la redacción del artículo 2.c) de la norma, que habla de los delitos de terrorismo que quedarían amnistiados, es el que no convence a ERC.
Según otras fuentes de la negociación, los republicanos creen que "no merece la pena" arriesgarse a incluir este delito, ni siquiera en los casos muy específicos en los que queda amparado dentro de la redacción que ultimaron el PSOE y Junts hasta la madrugada del lunes.
El artículo 2 de la Ley de Amnistía es el que especifica las "exclusiones" a su aplicación. Y el apartado c) especifica que no se amnistiarán "los actos tipificados como delitos de terrorismo [...] siempre y cuando haya recaído sentencia firme y hayan consistido en la comisión de algunas de las conductas descritas en el artículo 3 de la Directiva (UE) 2017/541". [consúltela aquí en PDF]
Ése es precisamente el texto legal comunitario que invocó el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón el lunes 6 de noviembre para imputar a Carles Puigdemont y Marta Rovira en el llamado caso Tsunami.
En el auto, el juez recordaba que el derecho europeo obliga a España a perseguir los delitos de terrorismo, que no permite amnistiar. Y se refería a la citada Directiva, según la cual los actos terroristas "representan uno de los ataques más graves contra la democracia y el Estado de Derecho, principios que son comunes a los Estados miembros y en los que se fundamenta la Unión".
ERC no firma
Este lunes era el último día para registrar la proposición de Ley de Amnistía y no retrasar más la investidura de Sánchez, que ya el PSOE había anunciado que sería esta semana, miércoles 15 y jueves 16. Ya este martes, se debe calificar la norma por la Mesa a las 10.00 horas y a las 12.00 del mediodía, está previsto que la Junta de Portavoces convoque el pleno para el miércoles.
Pero ciertas discrepancias de última hora con Junts retrasaron las previsiones de todos los implicados. El partido de Puigdemont mantuvo la tensión en el PSOE hasta la madrugada, y el texto definitivo de la norma no llegó a los buzones de Esquerra hasta pasadas las 2.30 horas.
Es cierto que ERC no quiere regalarle nada a Puigdemont en términos políticos, pero atendiendo sus salvedades también estaría perjudicando a Rovira, su secretaria general. Aun así, según ha podido saber este diario, cuando a las 6.00 de la mañana se levantaron los dirigentes republicanos y empezaron a estudiar el texto, transmitieron estos "problemas técnicos" al PSOE, de los cuales no recibieron respuesta.
Por eso, ERC se negó a apadrinar la Ley. Y sin la firma de Gabriel Rufián, su portavoz, la de Junts, Míriam Nogueras, tampoco la estampó. De este modo, el resto de grupos dispuestos a impulsarla en el Congreso (Sumar, PNV, Bildu y BNG) se retiraron.
Finalmente, ya entrada la tarde, la proposición fue llevada al Registro de la Cámara Baja sólo con la rúbrica de Patxi López, portavoz socialista. Y salió a explicarla en rueda de prensa, Félix Bolaños, el mismo que, sólo cinco días antes, le negaba información alguna a Reynders, alegando que éste era un asunto "de las Cortes Generales", y no del Gobierno.
Los "colados"
Para Junts el auto de García Castellón era la prueba de que "los jueces españoles nunca van a parar", explica a este diario uno de sus dirigentes. Y otra de las personas implicadas en la negociación desde Waterloo confirma a este periódico que, al conocerse la imputación, "la negociación con el PSOE se paró y cambió" de arriba abajo.
"Hasta ese momento, se negaban a incluir el 'lawfare' en el acuerdo", detalla. "Y desde ese momento entendieron de una vez que sin incluir la persecución política por la vía de los tribunales no habría investidura".
Sin embargo, tratar de exonerar a Puigdemont de una acusación de terrorismo "que no se sostiene", por mucho que en la apuesta se juegue el futuro judicial de Rovira, puede poner en peligro la norma ante Bruselas.
El PSOE, que pactó esa redacción en jornadas maratonianas los días 7 y 8 con Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont, cree que sí se salvan los posibles reparos de la UE.
El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, en Bruselas.
Boye lleva más de cinco años toreando a las instituciones europeas, y se ha convertido en un experto en derecho comunitario. De ahí que la proposición de ley especifique que no quedan amparados los delitos del artículo 3 de la mencionada directiva si hay "sentencia firme".
Es imposible que el llamado caso Tsunami llegue a tener sentencia firme antes de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía, por mucho que se pueda demorar su tramitación parlamentaria... y hasta entonces, cualquier reo es inocente. Por eso, opinan las fuentes consultadas, PSOE y Junts confían en esa redacción que inquieta en ERC.
El problema es que "por las rendijas de la redacción final de la proposición de ley", se pueden colar más personajes que Esquerra rechaza "porque no tienen nada que ver con el procés".
Entre ellos, la primera, Laura Borràs, presidenta de Junts y condenada por corrupción al haber fraccionado contratos para favorecer a un amigo. Este caso ya está descartado, aunque la interesada insiste en reivindicarse. El segundo, el abogado de Puigdemont, el chileno Gonzalo Boye, procesado por blanqueo de dinero procedente del narcotráfico de otro de sus defendidos, Sito Miñanco.
El tercero, el exconseller Miquel Buch, condenado por contratar a un mosso para que ejerciera de escolta de Puigdemont en Bélgica. Y el cuarto Josep Lluís Alay, director de la oficina del expresident, cuyas reuniones con representantes del Kremlin lo implicaron en el llamado caso Volhov, en el que el mismo García Castellón investigaba las conexiones rusas del procés independentista.
Gracias al acuerdo político del PSOE con Junts, que no sólo consagra que en España ha habido lawfare (persecución judicial por motivos políticos), sino que abre la interpretación de la amnistía a lo que digan las conclusiones de las comisiones de investigación acordadas con el independentismo, apreció un párrafo en la Exposición de Motivos de la ley.
Es el que, en la página 4, ampara "todos los actos objeto de la presente Ley que acreditan una tensión política, social e institucional que esta norma aspira a resolver de acuerdo con las facultades que la Constitución confiere a las Cortes Generales".
Esquerra prevé presentar enmiendas a la norma durante su tramitación en el Congreso, lo que retrasará su aprobación y promete reabrir la vieja lucha con Junts por la hegemonía en el independentismo catalán. Ésa es la razón por la que Bolaños confirmó, en su rueda de prensa, que la norma se tramitará por la vía de urgencia, pero no en lectura única.
Tardó en pactarse con ERC, se encalló la negociación con Junts, se retocó hasta la madrugada, y aun así, no contenta a los interesados. Sólo a Sánchez, que será reelegido presidente del Gobierno este jueves. Eso, confirman las fuentes, no peligra.
