El Congreso admite a trámite las comisiones de investigación del 'lawfare' que pidió Junts

La Mesa del Congreso ha admitido a trámite este martes las comisiones de investigación que el PSOE pactó con los independentistas al constituirse la Cámara Baja. Junts quiere utilizar dichas comisiones para reconocer el llamado lawfare o judicialización de la política contra los adversarios y así ampliar la lista de beneficiarios de la Ley de Amnistía.

Una vez calificadas por la Mesa, con el voto en contra del PP, las dos iniciativas ya están disponibles para que la Junta de Portavoces las incluya en el orden del día de un próximo Pleno del Congreso.

Cuando se constituyó la Cámara Baja, el PSOE alcanzó sendos acuerdos con ERC y con Junts para, entre otras medidas, permitir el uso de lenguas cooficiales en el Congreso, prestar diputados para poder formar grupo parlamentario pese a no lograr los requisitos establecidos en el reglamento.

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Asimismo, pactó la creación de comisiones de investigación sobre los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017 y sobre la llamada 'operación Cataluña' para desacreditar a políticos independentistas. A cambio, estos partidos votarían a Francina Armengol como presidenta y así darían al PSOE y Sumar el control de la Mesa de la Cámara Baja.

De esas condiciones faltaba por materializarse la creación de esas comisiones de investigación y Junts decidió registrarlas el viernes, recabando para ello la firma del PNV, en vez de buscar un texto común con ERC o el PSOE.

Responsabilidades por los atentados

En concreto, una comisión busca "saber la verdad" de los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017, cometidos cuando Carles Puigdemont presidía la Generalitat, y esclarecer "las responsabilidades políticas" de cualquier índole.

Los de Junts se han hecho eco en numerosas ocasiones de las noticias que apuntan a que uno de los implicados, Abdelbaki es-Satty, imán de Ripoll, fue confidente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El comisario jubilado José Manuel Villarejo es uno de los que ha alentado esa teoría de la conspiración, asegurando que el CNI no quería provocar los atentados en los que murieron 16 personas. Villarejo sospecha que hubo un "error de cálculo", ya que, según su versión, se quiso crear un "comando ficticio" para dar un "susto" a Cataluña y tras la muerte del imán en la explosión de Alcanar la cosa se "descontroló".

La otra comisión de investigación se refiere a la denominada 'operación Cataluña', las actuaciones que se atribuyen al Ministerio del Interior en los Gobiernos de Mariano Rajoy para lanzar informaciones falsas contra políticos independentistas con el fin de tratar de desacreditarlos.

'Cloacas' de Interior

El Congreso ya ha investigado varias veces a las llamadas 'cloacas' de Interior en la etapa del PP, tanto en 2017 por la 'operación Cataluña' como en la pasada legislatura, cuando abrió pesquisas sobre la 'operación Kitchen' sobre el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas.

En aquella primera investigación de la 'operación Cataluña' ya se concluyó, pese al voto en contra del PP, que, efectivamente, se creó una estructura policial destinada, entre otras cosas, a "perseguir" a adversarios políticos como dirigentes del independentismo catalán. Se mencionaba en concreto "la creación y trabajos realizados por las BARC" (Brigada de Análisis y Revisión de Casos) contra el PSOE, la falsa cuenta en Suiza de Xavier Trías, o el llamado "Informe PISA" contra Podemos sobre supuestas actividades económicas de Pablo Iglesias.

En las conclusiones se reprobó al primer ministro de Interior de Rajoy, Jorge Fernández Díaz, así como al ex director general de la Policía Ignacio Cosidó y al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino como responsables políticos del uso "partidista" de este departamento.

Intento hace un año

Pero los independentistas insistieron en 2022 pidiendo otra comisión de investigación sobre la 'operación Cataluña', centrada inicialmente en la presunta intromisión a la soberanía del Principado de Andorra por parte de responsables políticos españoles, pero que el PSOE quiso desviar más hacia el 'caso Kitchen', pese a que ya se había investigado.

Sin embargo, los vetos cruzados entre partidos para llamar a comparecientes llevaron a que sólo diera tiempo a interrogar al excomisario José Manuel Villarejo. En mayo, la comisión decayó con la disolución de las Cortes por la convocatoria adelantada de las elecciones generales.

En el acuerdo suscrito por PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez se habla de aprovechar las nuevas comisiones de investigación prometidas para profundizar en la amnistía a los independentistas encausados a lo largo de los diez últimos años. Los de Carles Puigdemont quieren que lo que decida el Congreso sirva para demostrar el supuesto 'lawfare' y así revisar otras causas que afectan a correligionarios.

Precisamente esa mención al 'lawfare' en el acuerdo del PSOE y Junts soliviantó a las principales asociaciones judiciales y al Consejo General del Poder Judicial, que interpretaron que el Congreso iba a fiscalizar la actuación de los tribunales.