Si Pedro Sánchez quiere gobernar, necesita Presupuestos. Y si quiere Presupuestos, no le basta contar con los socios y aliados que le han llevado a la Moncloa, prometiéndole el sí a los de 2024. También necesita al Senado. Pero en la Cámara Alta, la mayoría absoluta es del Partido Popular.

¿Por qué necesita al Senado? Porque esta Cámara tiene derecho de veto sobre el objetivo de estabilidad presupuestaria. Es decir, los cálculos que hace Hacienda, cada año, sobre el déficit en el que va a incurrir el conjunto de las Administraciones públicas y sobre la reducción (o aumento) de la deuda pública.

Si el Gobierno no logra que las dos Cámaras le aprueben este trámite, los Presupuestos no se pueden completar. Y de manera inmediata, quedarían prorrogados los del año en curso. Hacienda ya cuenta con empezar 2024 prorrogando las cuentas públicas de 2023 pero, como ya informó este diario, prevé tener los Presupuestos Generales del Estado aprobados, como muy tarde en marzo.

¿Qué puede hacer el Gobierno para sortear el previsible veto del Senado? ¿Cómo puede estar tan seguro el Ejecutivo de que logrará aprobar las cuentas del año que viene, tal como revelan las fuentes consultadas? ¿Y cuándo se desenredará este choque político entre los poderes del Estado? 

El 135 de la Constitución

En el año 2012, el recién estrenado Gobierno del Partido Popular liderado por Mariano Rajoy se vio obligado a aplicar un enorme paquete de reformas y ajustes de gasto, en el peor momento de la crisis financiera internacional, convertida ya en una crisis de deuda en España.

Los mercados internacionales no se fiaban de la capacidad de nuestro país para hacer frente a sus obligaciones: la deuda pública española se había duplicado en apenas cuatro años, pasando del 35,8% al 69,9% entre 2007 (justo al estallido de la crisis) y 2011 (cuando cae el Gobierno Zapatero).

En ese contexto, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, traslada a ley el mandato constitucional, producto de la reforma del artículo 135, tramitada por la vía de urgencia entre agosto y septiembre de 2011, con el acuerdo del PSOE (consciente de que perdería el Gobierno en las elecciones anticipadas) y el PP (consciente de que le tocaría tomar el poder).

La 'Ley Montoro'

La clave de esa reforma, el segundo párrafo del apartado 3), fue que el pago de "los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública [...] gozará de prioridad absoluta". Pero en toda la nueva redacción aparecían obligaciones concretas para las Comunidades Autónomas. Por eso, al Senado, la Cámara de representación territorial, la nueva ley Montoro le dio un poder especial. 

El artículo 15.6) dice: "El acuerdo del Consejo de Ministros en el que se contengan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública se remitirá a las Cortes Generales [...] Si el Congreso de los Diputados o el Senado rechazan los objetivos, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento".

Eso quiere decir, según confirman fuentes de la Presidencia de la Cámara Alta, "que el trámite es independiente, el Senado puede devolver el acuerdo al Gobierno independientemente de lo que diga el Congreso". O lo que es lo mismo: que el Senado puede torpedear los Presupuestos. Y que la mayoría absoluta del PP hará el resto.

El Gobierno atrapado

Esa norma, que lleva más de una década en vigor, genera una situación inédita en la legislación española. El Senado es Cámara de segunda lectura, es decir, que sólo puede devolver una ley al Congreso con veto, enmiendas o intacta. Pero en los dos primeros casos, prevalece la opinión de los diputados: el veto es levantable por mayoría absoluta de la Cámara Baja y las enmiendas sólo se quedan en el texto si los diputados las aceptan.

No ocurre así con el acuerdo del objetivo presupuestario que presenta el Gobierno. Ésta es la única norma que el Senado tramita de manera independiente al Congreso. Y no se la devuelve a la Cámara Baja, sino directamente al Gobierno. El Consejo de Ministros tiene, entonces, un mes para reelaborar sus cuentas. Y si no lo hace, o vuelven a no gustarle a la mayoría de senadores, no habrá Presupuestos.

De nada le sirve, pues, a Sánchez contar con mayoría absoluta en el Congreso si la del Senado está en manos del principal partido de la oposición. El PSOE queda, así, atrapado entre dos bloques que él mismo ha creado para lograr la investidura.

Solución 1: cambiar la ley

El plan inicial de los socialistas, antes incluso de estar seguros de que formarían Gobierno, era cambiar la ley. Según fuentes de la dirección del PSOE, el motivo no es sólo el pragmático (es decir, quitarle al PP "la capacidad de boicotear al Ejecutivo" en la ley más importante de cada año), sino "subsanar una anomalía democrática".

Así calificaba un miembro del anterior Ejecutivo el hecho de que el Senado pueda parar los trámites de elaboración presupuestaria "por tener derecho de veto exclusivo no en una ley concreta, sino en una pequeña parte de la ley de Presupuestos".

Pero este plan se ha tornado en casi imposible.

La reciente reforma del Reglamento de la Cámara Alta no se ha hecho sólo con vistas a frenar la tramitación de la Ley de Amnistía todo lo posible. Sino que también operará para esta reforma, que los populares ya habían previsto: aunque la Mesa del Congreso, controlada por el PSOE, decida tramitar la reforma de la ley Montoro por la vía de urgencia, la Cámara Alta, ahora, puede quedársela dos meses, y no 14 días como era preceptivo hasta ahora.

"Esto nos pondría casi en marzo para tener el cambio de la ley aprobado", admite un cargo de Hacienda. "Y los Presupuestos se nos irían a julio, tal vez".

Solución 2: presionar a las CCAA

Ahora mismo, en Hacienda, saben que "éste es un problema que hay que solventar". Y en el seno del PSOE están buscando soluciones que les eviten dos problemas. El primero, el ya descrito de los trámites parlamentarios -"el filibusterismo institucional del PP", como lo califica una fuente socialista- que se dilatarían demasiado. El segundo, el desgaste de tener que tramitar un cambio en una ley para salirse con la suya... una vez más.

Como ya ocurrió con las tres reformas de la Ley del Poder Judicial, en la pasada legislatura.

Por eso, el plan del que hoy informa EL ESPAÑOL es, según fuentes del PSOE, buscar la división en las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular. "Hay muchos intereses cruzados entre ellas", explica un dirigente socialista, "e intereses divergentes con los que podemos jugar", añade.

El Gobierno central tiene la ventaja de contar con el BOE, que es como se le dice en lenguaje político a poder hacer normas ejecutivas y tomar decisiones sobre inversiones, financiación y repartos. "Es verdad que ellos tienen 12 gobiernos regionales, pero nosotros tenemos el de la nación", concluye esta fuente.

Es una vía más incierta que la de la reforma de la ley, admiten las fuentes, pero cuenta con la ventaja de que inicia un camino clave para lograr que esta legislatura le sea menos gravosa al PSOE: que el PP mismo sea el que se divida y sus presidentes autonómicos acaben presionando a Alberto Núñez Feijóo para que el Senado no vete los Presupuestos y sus territorios puedan tener financiación.