El pacto del PSOE con ERC y Junts incluye investigar si Borrell ordenó 'espiar' a las 'embajadas' catalanas

Por lo tanto, ERC y Junts no sólo utilizarán las comisiones de investigación que han pactado con el PSOE para cuestionar la labor de los órganos de la Justicia y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Mediante esta comisión pactada con el PSOE, ERC pretende dar alas a las acusaciones lanzadas en 2018 por varios medios y por el entonces presidente Quim Torra, quien sostuvo que el Ministerio de Asuntos Exteriores había "espiado" a las delegaciones de la Generalitat en el extranjero. "Es un escándalo democrático", afirmó Torra.

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El Ministerio de Exteriores (en el que acababa de aterrizar Josep Borrell, en el primer Gobierno de Pedro Sánchez) interpuso en 2018 un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el decreto aprobado por la Generalitat para reabrir sus delegaciones en Reino Unido, Irlanda, Alemania, EEUU, Italia, Suiza y Francia, que habían sido cerradas con la aplicación del artículo 155.

Exteriores incorporó a su recurso contencioso varias notas internas, elaboradas por las embajadas españolas en Reino Unido, Alemania y Suiza, con el fin de acreditar que la Generalitat seguía adelante con su objetivo de recabar apoyos internacionales al proceso de independencia.

Algunas de estas notas informaban de actos públicos protagonizados por líderes independentistas catalanes en toda Europa, de los que habían dado cuenta los medios de comunicación. 

En cambio, en otras notas, los embajadores españoles informaban al Gobierno de Pedro Sánchez de instrucciones impartidas por la Generalitat para "internacionalizar el procés". 

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En uno de estos informes, fechado el 21 de diciembre de 2018 y enviado por el Ministerio de Borrell a los tribunales, se comunicaba que "las delegaciones de la Generalitat en el exterior han recibido instrucciones de Oriol Junqueras para que contacten con representantes de las congregaciones eclesiásticas en sus países correspondientes", con el fin de que se pronunciaran sobre la situación de los "políticos presos catalanes".

Otra nota interna del Ministerio (fechada en diciembre de 2018 y publicada por El Diario), informaba de que el consejero de Exteriores de la Generalitat, Alfred Bosch, había ordenado al delegado de la Generalitat en el Reino Unido "establecer vínculos con Amnistía Internacional UK y tratar que ésta presione a Amnistía Internacional España para posicionarse a favor de los políticos presos catalanes". 

Al conocer que el Ministerio dirigido por Josep Borrell había remitido estos documentos a los tribunales, Quim Torra denunció que los dirigentes de la Generalitat habían sido "espiados", pues sólo así el Gobierno podía haber tenido conocimiento de las instrucciones que habían impartido a los responsables de sus delegaciones en el exterior. Esta es la acusación que recoge ahora ERC en la propuesta, pactada con el PSOE y registrada en el Congreso de los Diputados, para investigar el espionaje a líderes independentistas.

Finalmente, en enero de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) estimó el contencioso administrativo interpuesto por el Ministerio de Exteriores y anuló el decreto aprobado por la Generalitat que reabría seis de sus embajadas en el exterior.

Laya autorizó las 'embajadas'

Sin embargo, cuando el TSJC dictó esta sentencia, la situación política había cambiado por completo. Tras las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019, Pedro Sánchez había sido investido presidente de nuevo mediante un pacto con Podemos (que supuso el nombramiento de Pablo Iglesias como vicepresidente), que requería el apoyo parlamentario de ERC.

La socialista Arancha González Laya pasó a dirigir el Ministerio de Asuntos Exteriores y cambió por completo el criterio que había seguido Josep Borrell (hoy jefe de la diplomacia de la Unión Europea). Pese a la sentencia del TSJC, Laya autorizó entonces a la Generalitat a mantener las seis embajadas que había reabierto en 2018, y le autorizó para seguir desplegando su red exterior con nuevas delegaciones en Buenos Aires, México y Túnez.

Gracias a esta decisión de Arancha González Laya, la Generalitat presidida por Pere Aragonès cuenta hoy con una red de 21 embajadas en el exterior, en lugares como Portugal, Japón, Bras¡l, Irlanda, Quebec, Egipto, Libia y Grecia, además de las antes citadas.

Pedro Sánchez acabó sacrificando a González Laya en la remodelación de Gobierno de julio de 2021, tras el malestar que había causado al régimen de Mohamed VI su decisión de introducir en España al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para que fuera tratado de Covid en un hospital de Logroño.

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El actual jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, al que ERC pretende investigar en la comisión del Congreso pactada con el PSOE, se ha convertido en objetivo del independentismo debido a sus contundentes pronunciamientos públicos sobre la situación en Cataluña.

"Cataluña está al borde de un enfrentamiento civil", declaró Borrell en junio de 2018, poco después de asumir el Ministerio de Asuntos Exteriores, "he visto cómo el prestigio de España ha caído por la propaganda independentista, hay que responder a eso".

En una entrevista concedida a LaSexta, Borrell aludió a los planes del entonces president Quim Torra de "jugar la carta de Kosovo, conseguir que en Cataluña sea parecido y obligue a la comunidad internacional a actuar. Es un planteamiento preocupante, no quiero para mi país nada parecido a eso".

Gabriel Rufián registró este jueves en el Congreso, junto a los portavoces de ERC y el BNG, su propuesta para crear una "comisión de investigación sobre el espionaje e intromisión a la privacidad e intimidad a través de los malware Pegasus y Candiru, a líderes políticos, activistas, abogados, periodistas, instituciones y sus familiares y allegados".

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Esta comisión (que responde al pacto alcanzado por el PSOE con los independentistas para nombrar a Francina Armengol presidenta del Congreso) investigará "todas aquellas iniciativas llevadas a cabo desde las instituciones del Estado, a fin y a efecto de perseguir la disidencia política".

Todo ello con el objetivo de "proponer las medidas oportunas de control, investigación y prevención para blindar la democracia de los abusos de la fuerza del Estado y evitar su uso en contra de los derechos civiles y políticos".

Aunque el PSOE lo ha negado públicamente, ERC pretende que la comisión sirva para poner en evidencia, también, las operaciones de lawfare (es decir, persecución judicial por motivos políticos) que a su juicio han sufrido numerosos líderes independentistas.