PSOE y ERC negocian enmiendas a la Ley de Amnistía para sortear a Europa y los jueces

Las principales dudas de los promotores de la norma se centran en su aplicación a delitos de terrorismo y a la limitación de los efectos suspensivos de los recursos contra la ley cuando haya entrado en vigor.

Si ambos partidos pactan esos retoques a la norma, deberán luego acordarlos también con Junts, que por el momento es más reticente a la inclusión de enmiendas sobre el texto ya acordado y registrado en el Congreso.

[Sánchez acepta amnistiar delitos de corrupción y terrorismo a cambio de los votos de Junts y ERC]

La proposición de ley permite amnistiar actos considerados como terrorismo, siempre que haya sentencia firme, lo que puede chocar con directivas europeas y ser frenado en el TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea). Es decir, no excluye los casos que se investigan como actos de terrorismo. Por ejemplo, causas como la de Tsunami Democràtic, que afecta al propio Carles Puigdemont y a Marta Rovira. 

Concretamente, la proposición de ley señala que se excluyen de la amnistía "los actos tipificados como delitos de terrorismo castigados en el Capítulo VII del Título XXII del Libro II del Código Penal, siempre y cuando haya recaído sentencia firme y hayan consistido en la comisión de alguna de las conductas descritas en el artículo 3 de la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017".

Esa redacción crea dudas a juristas vinculados al PSOE y a ERC.

El plazo de dos meses 

Otro de los puntos que estudian es el artículo 10, que señala que "las decisiones se adoptarán en el plazo máximo de dos meses, sin perjuicio de los ulteriores recursos, que no tendrán efectos suspensivos". Sin embargo, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional señala que las cuestiones de constitucionalidad tienen efectos suspensivos respecto a su aplicación.

La proposición de ley de amnistía no modifica expresamente la ley del Constitucional y, por eso, genera dudas sobre si es posible eliminar ese efecto suspensivo también para la cuestión de constitucionalidad que sólo pueden plantear los jueces y tribunales.

El Gobierno da por hecho que el Tribunal Supremo pretenderá frenar la aplicación de la ley. Considera que la Sala Segunda, en la que se investiga el caso del Tsunami Democràtic, presentará ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión prejudicial sobre si los delitos de terrorismo podrían amnistiarse.

Ese trámite tiene efectos suspensivos hasta que el TJUE se pronuncie sobre el fondo, es decir, no se aplicará a ese caso hasta que no se resuelva. Y, posteriormente, el Supremo podría presentar cuestión de constitucionalidad ante el TC, si es que no han obtenido respuesta positiva en el Tribunal Europeo.

El martes 12, el Pleno del Congreso votará la admisión a trámite de la proposición de ley, para que puedan tramitarse las enmiendas antes del 20 de diciembre, para que pueda ser aprobada a finales de año. Luego llegará el trámite en el Senado en donde el PP congelará los tiempos y la vetará para que vuelva al Congreso, probablemente, no antes de finales de marzo, como mínimo.