El PSOE acepta que Henri Dunant redacte propuestas de referéndum y pacto fiscal en busca de acuerdos

También sabemos que la fundación Henri Dunant actuará como "verificador". Pero este periódico puede confirmar que el Centro Henri Dunant para el Diálogo Humanitario (HD) será también mediador entre ambos.

De hecho, las propuestas con las que llegó el PSOE a su primera reunión, el sábado pasado en Ginebra (Suiza), daban por hecho que será necesaria una reforma de la Constitución, si se alcanza un acuerdo final con Junts.

En la semana del 45 aniversario de la Carta Magna, se conoce este acuerdo entre las partes que reclama a HD también una labor de mediación "aportando textos para favorecer el acuerdo", dadas las "profundas discrepancias" de los puntos de partida, reconocidas en el acuerdo político entre PSOE y Junts [consúltelo aquí en PDF].

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, los consejeros de HD repetirán el mismo papel de "mediador" que ya jugaron con ETA. Primero, hace 18 años en las negociaciones fallidas con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero durante la tregua de 2005. Y después, esta vez con éxito, en la "verificación" del desarme de la banda terrorista.

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Además de la verificación -que es una labor que tiene sentido mediado el proceso y al final del mismo-, en este caso PSOE y Junts le han confiado a los mediadores de Henri Dunant la labor de "generar confianza", establecer e imponer "una metodología de trabajo" y "aportar párrafos para favorecer el acuerdo". 

Así, en la mesa suiza que reúne al partido de Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, HD será más que un verificador, actuará también como mediador.

El conocimiento de la realidad española y sus tensiones nacionalistas e independentistas ya está sólo en los archivos de Henri Dunant, aseguran las citadas fuentes. Porque en su cuadro de colaboradores no permanece ninguno de los que estuvo en las negociaciones con ETA.

Pero esto no es así del todo. La realidad es que HD lleva asesorando a Esquerra y a Junts desde el año 2018. Sólo durante unos meses, desde septiembre de 2022 a la primavera de este año, el partido de Puigdemont renunció a sus servicios. Pero los expertos de la fundación suiza acumulan cinco años de trabajo con el independentismo catalán, tal como admiten fuentes de estas formaciones. 

Posiciones contradictorias

Siempre según fuentes conocedoras del proceso negociador entre Junts y PSOE, la proposición de ideas que superen los desacuerdos entre las partes será "clave" para poder avanzar, dada la enorme distancia que hay en sus puntos de partida.

El acuerdo firmado por Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, y Jordi Turull, secretario general de Junts, el pasado 9 de noviembre (noveno aniversario de la consulta de cartón de Artur Mas), refleja esos desacuerdos de partida en los dos aspectos más importantes para los de Puigdemont. Uno, el "reconocimiento nacional" de Cataluña respecto al "Estado español"; y dos, los "déficit y limitaciones del autogobierno".

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Los independentistas proponen para el primer punto un "referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya [sic] amparado en el artículo 92 de la Constitución", y los socialistas plantean recuperar el Estatut de 2006, "a través de los mecanismos jurídicos oportunos".

En el caso del dinero, Junts exige "la cesión del 100% de los tributos que se recaudan en Cataluña", y el PSOE ofrece una fórmula muy alambicada, nada precisa: "Medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Catalunya [sic], así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación" la región catalana.

Es decir, que los de Puigdemont, siguen considerando "legítimo el resultado y el mandato del referéndum del 1 de octubre, así como la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017". Mientras, el PSOE se opone a "toda legalidad y validez al referéndum y a la declaración, y mantiene su rechazo a cualquier acción unilateral"...

Ése fue el modo, según las fuentes consultadas, en el que se acordó incluir el concepto de "unilateralidad" en el documento. Así, Sánchez podría sostener que, "dado que ahora negocian y antes no, eso es que Junts renuncia de facto a la unilateralidad". Y al mismo tiempo, Puigdemont podría seguir proclamando que no lo ha hecho.

Sobre la cuestión financiera, la formación independentista exige una modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) "que establezca una cláusula de excepción" para reconocer "la singularidad" de Cataluña y, así, justificar un modelo similar al de las regiones forales vasca y navarra. Con el objetivo expreso de que el 100% de los tributos generados en la región se queden en ella.

Aquí, lo cierto es que el PSOE discrepa, pero deja la puerta abierta a aceptar esta opción. Porque en el documento del pacto no hay rechazo expreso por parte socialista, como sí hay en lo tocante al referéndum. Sólo se leen inconcreciones y un compromiso para elaborar "un plan para facilitar y promover el regreso a Catalunya [sic] de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios" tras el procés.

HD y la reforma constitucional

En todo caso, los dos partidos reconocen no sólo sus "profundas discrepancias sobre la forma final de la resolución del conflicto", sino "las desconfianzas mutuas" que motivan el acuerdo de contratar verificadores internacionales. 

El documento expresa que ese "mecanismo entre ambas organizaciones" servirá para acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los eventuales acuerdos que se alcancen. Pero, al menos HD, también "favorecerá" el acuerdo, según lo pactado.

De este modo, si las posturas en cuanto al reconocimiento nacional de Cataluña no se acercan, los verificadores de Henri Dunant tienen el encargo de redactar propuestas alternativas.

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Como ya publicó este diario, Puigdemont ha basado su último borrador a este respecto en la "autodeterminación concurrente" que se ideó en la negociación de los Acuerdos de Viernes Santo, en Irlanda. De ahí que Junts proponga un referéndum consultivo amparado por el artículo 92 de la Constitución Española.

En el año 1998, el Norte de Irlanda sólo votó en referéndum el sí o no a los Acuerdos; el Sur, además de esto, debió votar una reforma constitucional. En este caso, un pacto de ese tipo implicaría una votación también doble en el resto de España, que pasaría por votar una reforma constitucional.

Qué tipo de reforma sea necesaria para el acuerdo final dependerá de hasta dónde esté el PSOE dispuesto a ceder.

Y ahí podría estar la discrepancia: o bien un cambio en la Carta Magna que amparara el Estatut de 2006 (como plantea el PSOE, y que fue declarado parcialmente inconstitucional); o bien una reforma que estableciera que Cataluña es "una nación" preexistente a la realidad del Estado español y que, por tanto, tiene derecho a autodeterminar su futuro político, como un Estado confederado o independizado.

La labor de HD será la de hallar "soluciones imaginativas que favorezcan" una posición común. Y esto, confirman las fuentes consultadas, se hará cuando se constate que no hay avances, o que éstos se han estancado en un punto de no retorno. Entonces, se aprovecharían los conocimientos y experiencia de la mediación en la mesa, que ejerce el centro Henri Dunant, que propondrá textos alternativos que exploren vías distintas.