Se puede traducir como que el PSOE intenta algo así como “domar al tigre que en los últimos meses ha alimentado”.
Consiste en evitar que la proposición de Ley de Amnistía sea ampliada en el trámite parlamentario, en trasladar a Junts que en la medida de lo posible evite arremeter de nuevo contra jueces con nombres y apellidos, al menos en el Congreso, y en frenar el ímpetu de los independentistas en el arranque de las tres comisiones de investigación creadas en el Congreso.
Eso intentan el PSOE y Moncloa tras la toma en consideración el martes en el Pleno Congreso de la proposición de ley de amnistía.
La norma va ahora a la Comisión del Congreso y se abrirá el plazo de presentación de enmiendas parciales.
Según fuentes del Gobierno e independentistas, la voluntad del PSOE es evitar que se incluyan enmiendas parciales, mientras que Junts quiere que se pueda ampliar el ámbito de aplicación de la norma para incluir conductas relacionadas con lo que llaman lawfare, es decir, lo que entienden como persecución judicial a su actividad política independentista.
El Gobierno entiende que tocar la ley puede poner en peligro su aprobación si, por ejemplo, incluye casos de corrupción, más allá de los ya contemplados de malversación.
Por eso, busca apoyo de ERC para bloquear esas modificaciones y, como mucho, hacer algún retoque técnico, pero muy restringido.
Por ejemplo, hay dudas de constitucionalidad que tienen que ver con el artículo 4, que asegura que se levantarán las medidas cautelares cuando entre en vigor la ley. Es decir, se establece un automatismo sin que haya mención expresa a que esa decisión la deben ejecutar los órganos judiciales.
El Gobierno rechaza la posibilidad de tocar este artículo. Al menos, por el momento.
También había dudas con la referencia al terrorismo que sirve para amnistiar a los implicados por el llamado Tsunami Democràtic, incluido el propio Carles Puigdemont y Marta Rovira.
O la precisión sobre la eliminación de la suspensión cautelar mientras se tramita la cuestión de constitucionalidad o la prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)
En principio, ninguna de estas cuestiones será modificada en el trámite de enmiendas, aunque Junts no ceja en su intento, según fuentes independentistas.
Comparecencias inconvenientes
Además, fuentes socialistas explican que este miércoles hubo contactos en el Congreso entre PSOE y Junts para intentar evitar en el futuro ataques a los jueces como el protagonizado en el pleno del martes por la portavoz Míriam Nogueras.
Moncloa explica que expresiones utilizadas por los representantes de ERC y de Junts en el Congreso sobre el referéndum y la "represión" tienen que ver con la rivalidad política entre ambos partidos y la necesidad de enviar mensajes a sus bases.
El tercer punto de ese intento del PSOE se refiere a las tres comisiones de investigación creadas en el Congreso sobre el espionaje a independentistas, sobre la labor del CNI en los atentados islamistas de Barcelona en 2017 y, sobre todo, la que indagará en la llamada “policía patriótica” o lawfare contra personas vinculadas al procés.
Fuentes socialistas aseguran que pretenden evitar comparecencias molestas o inconvenientes como las de jueces y responsables del CNI, que las comisiones revisen actuaciones judiciales o que se pida documentación clasificada como secreta de forma indiscriminada.
El Gobierno estudia que, en todo caso, haya una desclasificación muy limitada de documentos, como las autorizaciones judiciales a las escuchas a independentistas, incluido el propio Pere Aragonès, presidente de la Generalitat.