La líder de Podemos y exministra de Derechos Sociales y Agenda 2023, Ione Belarra, el pasado 9 de febrero en el banco azul del Congreso de los Diputados. Europa Press
El Tribunal de Cuentas: la gestión de Belarra alejó a España del objetivo de erradicar la pobreza
El órgano fiscalizador detecta deficiencias, retrasos y falta de coordinación en la estrategia contra la pobreza impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales.
29 diciembre, 2023 03:04El Tribunal de Cuentas ha detectado numerosas deficiencias, retrasos, inconcreciones y falta de coordinación en la estrategia impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales en el ejercicio 2021 para erradicar la pobreza.
En dicha etapa, el Ministerio estuvo dirigido por el vicepresidente Pablo Iglesias y, desde el mes de marzo, por la actual secretaria general de Podemos, Ione Belarra.
El informe aprobado por el Tribunal de Cuentas el pasado día 20 concluye que, tras esta gestión, España está lejos de cumplir el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) número 1 de la Agenda 2030, suscrito por el Gobierno español en 2015, que implica: reducir a la mitad los principales indicadores de pobreza de la población, y erradicar por completo las situaciones de "pobreza extrema", en el horizonte del año 2030.
El informe del Tribunal de Cuentas indica que, desde la aprobación de la Agenda 2030, los principales indicadores de pobreza muestran "una ligera tendencia de mejora" en España, aunque insuficiente para cumplir las metas previstas.
Según la tasa AROPE que manejan todos los países de la UE, la población en riesgo de pobreza relativa ha descendido en España del 22,1% en 2015 al 20,4% en 2022. Es decir, se ha rebajado menos de dos puntos en siete años. Por ello, advierte el Tribunal de Cuentas, España está aún muy lejos de cumplir el objetivo fijado por la ONU, que implicaría reducir este indicador hasta el 11,05% en 2030.
Otros indicadores han mostrado una tendencia negativa, como el de población con carencia material y social severa, que se ha incrementado un 4,05% desde 2015. El número de personas sin hogar ha crecido en un 24,5% en los últimos 10 años. En el año 2022, esta situación afectaba a 28.552 personas en España, según las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE).
"El sinhogarismo en España se está agravando y las actuaciones que se están llevando a cabo no logran revertir esta tendencia ni eliminar este fenómeno", advierte el informe del Tribunal de Cuentas. Y añade: "Dado el actual contexto socioeconómico, el número de personas en situación de sinhogarismo podría continuar aumentando si no se profundiza en la adopción de las medidas adecuadas para prevenirlo".
El Tribunal de Cuentas concluye que "existe un riesgo" de que España no pueda cumplir los objetivos de reducción de la pobreza marcados para el año 2030, "salvo que cambie de forma radical el entorno económico o se adopten medidas que corrijan dicha evolución".
En algunos casos, indica el órgano fiscalizador, los instrumentos aprobados por el Ministerio que dirigía Ione Belarra son tan "inconcretos" que no permiten constatar los avances registrados para alcanzar este objetivo. Tampoco se ha impulsado un sistema homogéneo de indicadores que sirva para evaluar la situación de las distintas comunidades autónomas en este terreno.
El Ministerio de Derechos Sociales maneja seis grandes planes estratégicos, con medidas concretas para combatir la pobreza en distintos sectores de la población. Sin embargo, en el período analizado de 2021 sólo estuvieron en vigor dos de ellos: la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (2019-2023) y la Estrategia Nacional para la Igualdad, Inclusión y Participación del Pueblo Gitano (2021-2030).
Sin embargo, la Estrategia Española sobre Discapacidad (2014-2020), que había aprobado en el Gobierno de Rajoy, dejó de estar vigente el 31 de diciembre de 2020, y el Ministerio de Ione Belarra no aprobó su actualización hasta mayo de 2022, un año y medio después.
Lo mismo ocurrió con la Estrategia Nacional para las Personas sin Hogar (2015-2020) que había impulsado el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Concluyó a finales de 2020: el Ministerio de Belarra no aprobó el nuevo documento hasta dos años y medio después, el 11 de julio de 2023 (dos semanas antes de las elecciones del 23-J).
Estos retrasos, señala en Tribunal de Cuentas, han impedido mantener "una continuidad en las estrategias, lo que se considera contrario a los principios de buena gestión financiera, y podrían afectar, asimismo, al cumplimiento del principio de la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás".
El órgano fiscalizador también achaca al Ministerio de Ione Belarra la falta de capacidad para coordinar los tres órganos creados en el seno del Gobierno sobre la estrategia de la Agenda 2030: la Comisión Delegada del Gobierno (con la participación de 16 ministerios), la Conferencia Sectorial para la Agenda 2030 (para coordinar la actuación de las comunidades autónomas) y el Consejo de Desarrollo Sostenible (con la participación de entidades ciudadanas).
La Comisión Delegada del Gobierno para la Agenda 2030, presidida por la vicepresidenta Yolanda Díaz, sólo ha celebrado cuatro reuniones: una al año. Por su parte, la ministra Ione Belarra era la encargada de presidir la Conferencia Sectorial para la Agenda 2030, con el fin de coordinar la estrategia de las comunidades autónomas.
Sin embargo, lamenta el Tribunal de Cuentas, en este órgano "no parece existir una fluida información bidireccional entre la Administración General del Estado y las CCAA" y tampoco se ha logrado "una cooperación y coordinación efectivas de las políticas autonómicas y locales para implementar la Agenda 2030".
Por su parte, el secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, era el encargado de convocar y presidir las reuniones del Consejo de Desarrollo Sostenible, órgano creado para recoger las iniciativas de la sociedad civil.
El Tribunal de Cuentas explica que este órgano emitió en mayo de 2021 un dictamen con aportaciones de los colectivos ciudadanos a la Estrategia de Desarrollo Sostenible (EDS) que debía aprobar el Gobierno. "A pesar de la pertinencia de esas propuestas y recomendaciones", lamenta el Tribunal en su informe, "estas no fueron tenidas en cuenta en la redacción definitiva de la EDS, sin que conste la existencia de un documento explicativo de las razones por las que no fueron acogidas".
En su pliego de alegaciones, el Ministerio de Derechos Sociales cuestiona la "rigurosidad y solvencia de las conclusiones obtenidas", señala que el Tribunal de Cuentas debería limitarse a efectuar sólo tareas de "fiscalización financiera" y añade que debería haber analizado la labor de al menos otros seis ministerios, que también están implicados en la lucha contra la pobreza.
Sin embargo, el Tribunal de Cuentas recuerda que la máxima responsabilidad para coordinar estas estrategias correspondía a la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, cargo que ocupó Enrique Santiago (secretario general del PCE) desde 2021, hasta que Ione Belarra le cesó en julio de 2022.
