Puigdemont 'amnistía' in extremis a Sánchez con 8 nuevas concesiones que siguen vaciando al Estado

Pedro Sánchez no olvidará que el 10 de enero de 2024 le gritaron al oído que su Gobierno es extremadamente débil, que haber logrado sacar adelante una investidura que parecía imposible no le garantiza ni tranquilidad, ni estabilidad, ni victorias continuas. Que no es suficiente el pegamento del rechazo a la derecha y la extrema derecha, que por más que lo repitan no es un pacto de legislatura, sino de investidura y que no existe una "mayoría progresista".

Esta vez sale vivo (políticamente) porque in extremis Junts le amnistía a cambio de un alto precio y dejando claro quién maneja el mando a distancia de la legislatura. Los independentistas perdonan la vida a Sánchez porque logran del Gobierno ocho nuevas concesiones que siguen vaciando competencias al Estado.

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Se trata, en concreto, de la retirada de un artículo que obligaba a la suspensión de la aplicación de las leyes cuando se recurra al Tribunal de Justicia de la Unión Europea; dar las competencias del Estado sobre inmigración a la Generalitat; la publicación de las balanzas fiscales; forzar la vuelta de las empresas a Cataluña; el reconocimiento de los "derechos históricos" del régimen local catalán; más dinero para la digitalización de la Justicia y blindar las bonificaciones al transporte y reducir el IVA del aceite.

Los diputados de Junts no participaron en la votación de los tres decretos leyes que tocaba convalidar, tras una negociación a la desesperada con el Gobierno y dejando muy claro durante el día que Carles Puigdemont tiene las riendas de la legislatura. Que cada votación le saldrá literalmente muy cara a Sánchez.

No participar en la votación para que una iniciativa se apruebe no es nada habitual en la Cámara, equivale a la abstención a efectos del resultado y sirve para dejar constancia del poder de decisión de los siete diputados independentistas.

Junts y Podemos, en distinto grado y por diferentes motivos, le hicieron pasar este jueves al presidente del Gobierno por una cura de humildad. Finalmente, Sánchez salvó los muebles, pero pagando ese alto precio. Finalmente, de los tres decretos que se votaban, sólo cae el de la reforma del subsidio de desempleo que patrocinaba Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y líder de Sumar, pero por el rechazo de los cinco diputados de Podemos.

Junts le hizo pasar al Gobierno un día de nervios y tensiones, manejando en todo momento la imagen de un Ejecutivo a merced del partido de Puigdemont. María Jesús Montero, Félix Bolaños y Santos Cerdán, demudados y apurados, se movieron toda la mañana por el palacio del Senado, donde se celebraba el pleno del Congreso por obras en su sede, intentando un último esfuerzo para mover a Junts del fatídico no. 

Dispuestos a todo

Sánchez acudió al Senado bien entrada la tarde, cuando ya se conocía el resultado y cuando ya se había votado la proposición de ley para amnistiar a Carles Puigdemont, el líder de Junts que le acofrraló (políticamente) este miércoles.

Los ministros y el dirigente socialista se reunieron con la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, en una sala discreta. No pararon de hablar por el móvil. Vieron un gesto para el acuerdo en el hecho de que Junts no interviniera en el debate de los dos primeros decretos y creyeron posible el milagro.

Se abrieron a considerar ayudas a empresas catalanas para atraer a las que cambiaron su sede a otras comunidades durante el procés y aceptaron otras exigencias que no estaban antes sobre la mesa, pero los independentistas no se movían inicialmente de su posición: que se retiren los decretos y se renegocie su contenido.

Los representantes del Gobierno tuvieron que abrir su carpeta de par en par y poner sobre la mesa más concesiones para que Junts amnistiara a Sánchez, casi sobre la campana del inicio de la votación. Nogueras logró ser la estrella del Pleno, moviendo cámaras, micrófonos y periodistas a su paso.

Con Podemos no llegaron a negociar siquiera y Yolanda Díaz se convirtió en la principal víctima política del día. Los de Ione Belarra se agarran a un artículo de su decreto que recorta algunas prestaciones para parados mayores de 52 años para rechazarlo y reafirmar su posición política autónoma y vigilante del Gobierno de coalición.

Este miércoles será el día en el que Sánchez aprenda que no puede aprobar decretos ómnibus que incluyan multitud de materias, que no puede dar por hecho el apoyo de sus socios sin pactar antes con ellos, que tiene una mayoría muy inestable y que cuenta con apoyos que, en gran medida, son incompatibles entre sí. Al menos debe hacerlo si quiere cuidarse el corazón y evitarse sustos y cesiones importantes de última hora.

El presidente y su equipo aprenden que no pueden volver a minimizar las amenazas de Junts diciendo, como han hecho esta vez, que son sólo fruto de su necesidad de llamar la atención y atraer el foco para diferenciarse y lanzar mensajes a sus bases.

Que cuando desde el PSOE y Moncloa se dice que Junts está ya integrado en la política y el sistema gracias a la amnistía es sólo una verdad a medias. Que, en realidad, están dispuestos a todo con tal de lograr concesiones en cada votación. "Nosotros estamos aquí por Cataluña, no por ustedes ni por el Reino", advirtió Nogueras claramente desde la tribuna.

Recalcular la ruta

Como explican fuentes de Moncloa, ahora hay que replantearse la estrategia negociadora y política puesto que ni siquiera son capaces de tramitar con tranquilidad decretos con ayudas sociales. Y ser conscientes de que Junts es un socio extremadamente difícil, porque no tiene problemas en votar en contra de lo que sea, porque no le preocupa la estabilidad ni el confort institucional de Sánchez, según admiten los socialistas.

En la pasada legislatura podía sacar adelante estas iniciativas porque tenía un cierto margen de maniobra con una aritmética parlamentaria menos ajustada y por eso podía permitirse que algún grupo se descolgara en alguna votación. Y podía jugar con decretos que contienen algunas medidas sociales confundidas con otros temas diferehtes. Este miércoles, Sánchez y su equipo han aprendido que eso ya no es así.

Se salvan los decretos que se refieren a la reforma de la Justicia comprometida con Bruselas y las medidas sociales para frenar la inflación, aunque serán enmendados en el trámite como proyectos de ley. Y tendrá que rehacerse el presentado por Yolanda Díaz, que contiene un recorte para parados de larga duración de más de 52 años y que ha sido rechazado por Podemos.

En todo caso, el Gobierno tendrá que recalcular su ruta y rectificar negociando con todos sus socios parlamentarios antes de aprobar los nuevos decretos, para no incurrir en el mismo error de presentarlos y ponerlos en vigor antes de asegurarse de su convalidación.

La derrota en la convalidación de un decreto es una enorme derrota para un Gobierno y, de hecho, ha ocurrido sólo en tres ocasiones en la democracia constitucional. Provoca un enorme revuelo político y, además, un tremendo lío burocrático, porque esas medidas ya están en vigor y deben ser revisadas. 

En lo político, el gran problema para Sánchez es que tiene que seguir negociando y pactando con los partidos que le han dado el susto político que tanto le dolerá. Especialmente con Junts, con el que debe sentarse en Suiza ante un verificador salvadoreño y, en abril, sentarse con Puigdemont y hacerse la foto dándose la mano, como socios.

Debe negociar con todos los nuevos decretos y los Presupuestos Generales del Estado para 2024. Según miembros del Gobierno, esa negociación puede ser un terrible calvario.

Lo será también la discusión de enmiendas a la ley de amnistía y su aplicación, que terminará su trámite parlamentario en abril, pero los jueces pueden demorar muchos meses sus efectos. Temen ahora que Junts les siga castigando por ese retraso.

Autocrítica notable

Explican, además que se ha demostrado la dificultad de pactar con Junts, porque en cada reunión hacen planteamientos distintos y vinculan asuntos diferentes como las empresas catalanas, la reforma de la Justicia, el escudo social y la reforma del subsidio de paro, entre otras. Pero no les queda más remedio que volver a negociar con ellos en enero y hasta a darles la foto cuando esté en vigor la amnistía. 

Por eso, en el PSOE y el Gobierno hay una autocrítica muy notable sobre el método de negociación y la prevención hacia Junts. No les vale la forma en que negociaron la anterior legislatura con PNV, ERC y Bildu.

Les valió la estrategia de dar la patada al balón y trampear cuando hay que cumplir lo pactado. Por ejemplo, el acuerdo sobre las comisiones de investigación en el Congreso pactadas con la voluntad de impedir luego comparecencias y descafeinarlas. Con Junts parece que no les vale lo de “engañar a todos todo el tiempo”, según explica un socialista.

Además, han constatado el grave problema que tienen a su izquierda con la disputa entre Yolanda Díaz y Podemos. Culpan a la vicepresidenta y líder de Sumar por la forma en la que ha gestionado la relación con el partido de Belarra y también haber dado pie a su rechazo incluyendo un recorte de prestaciones de desempleo.

Explican que es muy difícil apoyarse en seis patas enfrentadas entre ellas: ERC con Junts; PNV con Bildu y, desde hace poco, Sumar con Podemos.

El PP observó la jugada recordando la advertencia que le hizo Alberto Núñez Feijóo en el debate de investidura: los pactos con sus socios se desmoronarán y en ese momento no venga a buscar el apoyo de los diputados populares.

“Esto es un asunto interno del bloque de investidura que arrancó hablando de cerrar el paso a la derecha, levantando un muro, y ahora empieza a agrietarse”, explican fuentes de la dirección del PP. 

Pedro Sánchez seguirá en la Moncloa, la legislatura avanza, legalmente no puede haber elecciones antes de mediados de 2025 y los partidos se medirán antes en elecciones en Galicia, País Vasco, Europeas y Cataluña. 

Pero el presidente del Gobierno es tan mortal (políticamente) como los demás. Se lo ha dicho este miércoles Puigdemont desde Waterloo, aquel al que Sánchez amnistiará a costa de desgastar a su partido y su Gobierno.