El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) pidió al Tribunal Supremo el permiso para espiar el teléfono móvil del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, alegando que coordinaba las acciones de los CDR en Cataluña. A pesar de que desde fuentes del Gobierno se apresuraron a subrayar que las escuchas se iniciaron antes de que llegaran a Moncloa, el primero de los avales concedido por el Alto Tribunal se emitió en julio de 2019, cuando Sánchez llevaba ya más de un año como presidente.
Según se recoge en las resoluciones judiciales, el CNI planteó espiar con el programa Pegasus el móvil de Aragonès cuando aún era vicepresidente de la Generalitat. El servicio de inteligencia señaló entonces al Supremo que sospechaba que ejercía desde la "clandestinidad" funciones de "dirección y coordinación" de las actividades de los CDR. Las fechas coinciden con las protestas contra la sentencia del procés y los meses posteriores.
El primero de los autos judiciales en los que el Alto Tribunal concede la autorización para espiar data de julio de 2019, al que le siguen dos prórrogas de tres meses, correspondientes a octubre de 2019 y enero de 2020, según informa Efe.
En la querella que presentó contra Paz Esteban, directora del CNI en la época, y el grupo israelí NSO que comercializa Pegasus, Aragonès detallaba inicialmente tres ataques a su móvil los días 4, 5 y 13 de enero de 2020 -coincidiendo con la investidura de Sánchez-, pero un informe pericial posterior amplió el período en que el teléfono pudo estar infectado a entre julio de 2018 y marzo de 2020.
Desclasificación de documentos
El Gobierno ha remitido esta misma mañana al juzgado que investiga la causa los tres autos del Supremo que avalaron el ataque con Pegasus, que constituye la única documentación secreta relacionada con el espionaje a Aragonès que el Consejo de Ministros ha acordado facilitar, un día antes de que la exdirectora del CNI declare como investigada ante el juez.
No obstante, inicialmente el titular del juzgado de instrucción número 29 de Barcelona, Santiago García, había requerido al Gobierno toda la información en manos del CNI relativa a la compra y uso de Pegasus y a las personas que intervinieron en el encargo, adquisición y recepción del programa.
Por ese motivo, el magistrado se plantea reclamar al Gobierno el resto de información vinculada al uso de Pegasus, que se le ha denegado con el argumento de que su desclasificación podría poner en riesgo la seguridad de los agentes de los servicios secretos que intervinieron en el espionaje al independentismo.
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Esteban, que fue cesada a raíz del escándalo de Pegasus, admitió en el Congreso que el CNI espió a una veintena de políticos independentistas, entre ellos Aragonès, siempre con el aval del juez del Tribunal Supremo encargado del control de los servicio secretos, pero se desvinculó del resto de escuchas, hasta 65, denunciadas por los partidos soberanistas.
"Se actúa con transparencia"
Por su parte, fuentes del Gobierno afirman que las escuchas con Pegasus se iniciaron antes de que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa y que contaron siempre con autorización judicial.
Asimismo, sostienen que ni el CNI ni el Supremo tienen que informar al Gobierno de estas operaciones y que ha sido precisamente el Ejecutivo de Sánchez quien ha decidido colaborar con la Justicia y desclasificar esta información a petición de un juez, "siempre con el límite de la seguridad nacional", han subrayado las citadas fuentes.
Por otro lado, han apuntado que esta información demuestra que "ahora funciona el Estado de derecho y se actúa con transparencia". "Nada que ver con la Policía paralela y la guerra sucia de la etapa del PP", han reprochado.