La suspensión del acuerdo entre el Gobierno español y el Frontex (la Agencia europea de control de fronteras) pone en riesgo las operaciones de salvamento de pateras y la lucha contra las mafias de tráfico de personas, en un momento en el que Canarias sufre una de las peores crisis migratorias de su historia.
Cerca de 300 agentes de fronteras del Frontex, procedentes de distintos países de la UE, permanecen inactivos en las costas españolas desde el pasado miércoles, a la espera de que el Ministerio del Interior y la Agencia europea resuelvan las discrepancias que han provocado la ruptura del acuerdo.
El grueso de estos medios (237 agentes, tres embarcaciones y dos aviones) participan habitualmente en la Operación Índalo, que se desarrolla en la costa española desde Alicante a Cádiz para detectar la llegada de pateras e interceptar a los inmigrantes irregulares que llegan al litoral.
El resto, 58 agentes, participan en la operación de control de la inmigración ilegal en Canarias, que también permanece suspendida desde el miércoles. El archipiélago recibió el año pasado 39.910 sin papeles por vía marítima, lo que supone un incremento del 154,5% respecto a 2022, según las cifras oficiales.
Como consecuencia de ello, la isla de Hierro se encuentra completamente saturada, lo que ha obligado al Ministerio del Interior a trasladar a una parte de estos inmigrantes a distintos puntos de la Península.
Entre otras funciones, los agentes de fronteras son los encargados de someter a los inmigrantes que llegan a la costa a un exhaustivo cuestionario para conocer su país de procedencia, la ruta que han recorrido a través de África y los medios que han utilizado para alcanzar el territorio español.
Esto proporciona a las fuerzas de seguridad y a la Agencia europea valiosa información para analizar los flujos migratorios y elaborar planes de previsión de las próximas oleadas, pero también para investigar y desarticular las redes de tráfico de personas, en colaboración con los países de origen.
El Frontex incorpora luego la identidad de los inmigrantes a los que ha interrogado en estos controles, a una base de datos denominada PeDra. Esto permite además detectar y detener a integrantes de mafias de tráfico ilegal (como los patrones de las embarcaciones, cuya labor pone en riesgo cientos de vidas).
Sin embargo, el acuerdo entre el Gobierno español y el Frontex se ha roto este año, porque los negociadores del Ministerio del Interior se han opuesto a permitir este trámite (que era la práctica habitual desde 2005), alegando que vulneraría la protección de datos de los inmigrantes.
Como consecuencia, el Frontex comunicó el miércoles a todos los Estados miembros que desde la medianoche había quedado en suspenso el desarrollo de las dos operaciones que esta Agencia tenía activas en España: la Índalo y la de control de las aguas en Canarias. Ambas operaciones suponen para la UE un desembolso de más de 60 millones de euros.
Los cerca de 300 agentes internacionales del Frontex que participaban en ellas no han regresado a sus países de origen: permanecen en sus hoteles, en territorio español, a la espera que se pueda retomar el acuerdo.
Ante la situación crítica en la que se encuentra Canarias, Fernando Grande-Marlaska instó el jueves al equipo negociador de su Ministerio a cerrar cuanto antes un acuerdo con el Frontex. Aunque ya llega tarde.
El acuerdo con la Agencia europea se renueva año tras año (con vencimiento el 22 de enero de cada ejercicio). Hasta ahora la negociación siempre había recaído en altos mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil del área de extranjería y control de fronteras.
Sin embargo, en esta ocasión Marlaska encargó la negociación a tres altos cargos de la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería del Ministerio del Interior: Elena Garzón, Jaime Ramos y Jesús Fernández Caballero.
El resultado es que, a diferencia de las ocasiones anteriores, no ha sido posible cerrar el acuerdo en el plazo previsto, ante la negativa de Interior de ceder al Frontex la filiación de los inmigrantes llegados a las costas españolas, alegando motivos de protección de datos.
Las causas del éxodo
Las embarcaciones y aeronaves del Frontex realizan patrullas en torno al litoral español para detectar la llegada de pateras y, en caso de avistar un naufragio, lanzan una alerta temprana para llevar a cabo su rescate.
Esta última tarea recae, sobre todo, en las unidades de Salvamento Marítimo y de la Guardia Civil del Mar. Pero el hecho de que las embarcaciones del Frontex permanezcan amarradas desde el miércoles, por falta de acuerdo con el Ministerio del Interior, debilita ahora la labor para salvar vidas en el mar.
Debido sobre todo al aluvión registrado en Canarias, el año pasado se disparó un 82% la llegada de inmigrantes por vía marítima y aérea al territorio español, hasta alcanzar los 56.852 (frente a los 31.219 del ejercicio 2022).
Durante su comparecencia ante la Comisión del Congreso de los Diputados, el ministro Fernando Sánchez-Marlaska atribuyó el martes este aluvión migratorio a factores como "la desestabilización en Senegal y Túnez, el golpe de Estado en Níger, las inundaciones en Libia" y el grave terremoto registrado el pasado mes de septiembre en la región de Marrakech-Safí, en Marruecos.
Sin embargo, fuentes policiales consultadas por EL ESPAÑOL señalan que, además de estos factores, debido a determinadas decisiones tomadas por el Gobierno en el pasado sigue existiendo un efecto llamada que incentiva los flujos migratorios hacia España, frente a otras rutas.