Junts presiona ya al PSOE para que amnistíe "todo el terrorismo" a riesgo de que la UE tumbe la ley

"Siempre hemos dicho que los objetivos son dos", explica una fuente oficial de Junts, "que la amnistía sea inmediata y que cubra todos los casos".

Precisamente, estos dos puntos son los que incumple, según la formación independentista, el párrafo c) del artículo 2, incluso después de la enmienda transaccional aprobada la semana pasada en la comisión de Justicia del Congreso.

De esta forma, Pedro Sánchez queda en la posición de elegir entre lo malo y lo peor: o traiciona al socio parlamentario que tuvo los siete votos clave para su investidura (y le mantienen en la Moncloa) o aprueba una ley que, con toda probabilidad, no pasaría el filtro de la UE.

Fuentes cercanas al expresident fugado en Waterloo advierten, en conversación con EL ESPAÑOL, que "o el PSOE acepta nuestra enmienda tal cual, o la ley se queda como está, y ya veremos si la votamos".

Esta amenaza no se toma en serio en Moncloa. A pesar de las declaraciones del ministro de Justicia, Félix Bolaños, este viernes, fuentes del Consejo de Ministros afirman que "no se prevé ningún cambio más" en cuanto a la exclusión de los delitos de terrorismo.

En todo caso, hay tiempo para comprobarlo antes del Pleno del martes, que votará la ley en el Congreso. 

Según el texto inicial de la proposición de ley, quedaban amnistiados todos los delitos de terrorismo "con sentencia firme". Ahora, lo pactado con ERC, Sumar y otros socios -e incluso votado por Junts-, es que sólo estarán excluidos de la amnistía los delitos de terrorismo que "de forma manifiesta y con intención directa, hayan causado violaciones graves de derechos humanos".

La barrera europea

Hay dos legislaciones comunitarias que puede invocar la Comisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para tumbar la norma:

La Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2017, que establece que los actos de terrorismo están considerados contrarios al artículo 2 del TUE, y su indulto o amnistía choca directamente con la defensa del Estado de derecho.

Y la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la lucha contra la corrupción -todavía en fase de aprobación- exige "prevenir y combatir con éxito la corrupción" como una herramienta "esencial tanto para salvaguardar los valores de la UE y la eficacia de sus políticas.

Es decir, amnistiar estos dos tipos penales -terrorismo y malversación-, que en la jerga de la UE están considerados "delitos europeos", daría argumentos a las "serias preocupaciones" de Didier Reynders, comisario de Justicia.

La instrucción del llamado caso Tsunami, en la Audiencia Nacional, mantiene la imputación por terrorismo al expresident fugado Puigdemont (además de a la secretaria general de ERC, Marta Rovira). Y el juez titular del caso, Manuel García-Castellón, ya ha dejado claro que esa enmienda del terrorismo amnistiable no blinda al líder de Junts y, además, haría recurrible la norma con una cuestión prejudicial ante el TJUE.

Y esto, no sólo suspendería la efectividad inmediata de la amnistía, sino que mantendría a Puigdemont pendiente del TJUE. El tribunal europeo tardaría alrededor de dos años, pero podría condenar a España si entiende que la ley atenta contra los principios del Estado de derecho, pilar fundamental de los tratados... como temen en Junts que está demostrando "la imaginación judicial" de García-Castellón.

El resultado: una amnistía ni "inmediata" ni para "todos los casos".

La traición al Estado

Se da la circunstancia de que la "enmienda viva" de Junts es una de las pocas de las presentadas por Junts y ERC que mezclaba dos asuntos. En efecto, fuentes parlamentarias explican a este diario que el problema para negociar una transaccional a partir de esa propuesta de cambio es que "incluye también en la amnistía todos los delitos de traición y contra la paz y la independencia del Estado".

Junts ya advirtió cuando se negociaron las enmiendas en ponencia que ésta era "la más importante" para ellos. Sostiene el equipo negociador, formado por Puigdemont, Jordi Turull y Míriam Nogueras, que el instructor del caso Tsunami en la Audiencia Nacional ya ha dado indicios de que si se le cae la imputación por terrorismo, puede cambiar la acusación a traición.

Según Junts, García-Castellón podría basarse en los contactos de Josep Lluís Alay, mano derecha del expresident, Marta Rovira (ERC) y Anna Gabriel (CUP) con un alto cargo del Gobierno suizo, Roland Salvisberg, miembro del Gobierno suizo... y colaborador de la Fundación Henri Dunant, hoy verificadora de las negociaciones del PSOE y Junts en Suiza. 

Esta presunta colaboración de un Gobierno extranjero en el procés se deduciría de las transcripciones recogidas en un informe de la Guardia Civil que consta en el sumario. Y por eso Junts unió ambas enmiendas en una sola y ahora la mantiene "viva", exigiendo al PSOE que la acepte tal cual, bajo amenaza de desestabilizar su Gobierno.

Si finalmente Moncloa tiene razón y Junts prefiere una amnistía "imperfecta" a ninguna amnistía, a los de Puigdemont les quedaría otro as en la manga. Sánchez necesita aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2024 "para tener legislatura", apunta una fuente autorizada del partido separatista. "Y eso tendrá que pasar antes de que se acabe la tramitación parlamentaria de la Ley de Amnistía", advierte.