Qué pasa con la ley de amnistía después del voto en contra de Junts en el Congreso

Minutos después de que el Congreso haya debatido la última versión de la proposición de ley de amnistía, la falta de acuerdo entre Junts y PSOE podría abocar la norma al fracaso, al menos de momento. El resultado ha sido insólito, con los socios independentistas votando en contra de su propia norma para modificarla y blindar a Carles Puigdemont dentro del paraguas del olvido legal. Con este movimiento, todo se retrasa.

Si todo siguiese el cauce habitual, la ley iría ahora al Senado, pero eso tendrá que esperar. La negativa de Junts a aprobar este texto lo devuelve de nuevo a la Comisión de Justicia del Congreso, que es donde se debatió el primer dictamen votado este martes. Este órgano tendrá como máximo un mes para modificar la ley, pactar cambios entre los partidos y presentar una nueva propuesta al Pleno del hemiciclo.

La medida supone una de las piedras angulares de la legislatura, tan anticipada por el independentismo como torpedeada por la oposición. Entremedias, la imputación de Carles Puigdemont y Marta Rovira por terrorismo y la reactivación de la causa sobre la trama rusa del procés catalán siguen poniendo palos en la rueda parlamentaria.

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Con Junts tumbando la amnistía hoy en el Congreso, el texto regresará a la Comisión de Justicia la semana que viene para volver a debatirse. Ahí volverán a debatirse todas las enmiendas parciales, también las nuevas, y se preparará un nuevo dictamen para regresar al Congreso el mes que viene. Si entonces tampoco se consigue mayoría absoluta, la norma decaería definitivamente.

Aquí entra el meollo del asunto, porque los grupos deberán enmendar quirúrgicamente una ley que ya les ha traído muchos problemas en el pasado. Uno de sus principales temores es que, por intentar que la amnistía abarque demasiado, acabe tumbada por los tribunales; si abarca demasiado poco, es posible que los jueces encuentren resortes para dejar fuera a algunos encausados del procés.

Trámite parlamentario

Aunque las negociaciones sobre la ley se remontan al verano pasado, el proceso parlamentario no tiene tanto tiempo. Podríamos decir que los problemas empezaron la semana pasada, cuando la Comisión de Justicia del Congreso aprobó el dictamen final del texto. Entonces, el texto permitía exculpar a los acusados de terrorismo siempre que en sus actuaciones no hubiera "intención directa" de provocar "violaciones graves de los derechos humanos".

Lo que esto implicaba, a grandes rasgos, es que quienes causaran esas "violaciones" no estarían amparados en la amnistía. A priori, Puigdemont estaba protegido.

Tras la aprobación de aquel dictamen se sucedieron varias decisiones judiciales que cambiaron este a priori. El primero, por parte del magistrado Manuel García-Castellón, abría la puerta a justificar la "intención directa" de Puigdemont en los casos de terrorismo. El segundo, de Joaquín Aguirre, podría incriminar al expresident en el apartado de traición y delitos contra la independencia del Estado, no amparados en la amnistía.

En esa línea, Junts ha exigido al Gobierno hasta hoy que aceptase todas las acusaciones de terrorismo dentro del ámbito de aplicación de la ley para asegurar la protección de Puigdemont. Para ello ha mantenido vivas una serie de enmiendas que se han votado también en el pleno de este martes. El PSOE se ha opuesto y ha votado en contra de todas.

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Los independentistas, en respuesta, han dado la vuelta a su estrategia y votado a favor del dictamen (177 síes frente a 172 noes) pero en contra del texto final de la ley orgánica (171 síes frente a 179 noes).

Negociación

Aunque a todas las partes implicadas les interesa terminar con la amnistía cuanto antes, las formalidades son importantes para "no dejar a nadie fuera", como lleva reclamando Junts desde verano del año pasado. En este caso, esperar un mes más no les hace daño y permitiría a los posconvergentes ganar tiempo para modificar la ley. 

Fuentes del Gobierno admitían a primera hora del martes de que la posibilidad de que Junts votara en contra de su propia ley estaba encima de la mesa. Políticamente, lo que es esto provoca es acercar la segunda votación de la amnistía peligrosamente a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Todo depende de cuánto tiempo permanezca en la Comisión de Justicia.

Dicho de otro modo, con el primer texto de la amnistía de vuelta en a la comisión, nos encontraremos con una situación parecida a finales de febrero. Entonces sí será capital llegar a un acuerdo para no coincidir con los Presupuestos.

Aunque la amnistía y los Presupuestos no están ligados de facto, ambas votaciones sí están unidas por el vínculo del interés. A Puigdemont le preocupa la primera y a Sánchez los segundos, y necesita que la ley se apruebe antes que las cuentas anuales por dos motivos: primero, para atar el voto de Junts; y segundo, porque los Presupuestos tienen prioridad parlamentaria sobre cualquier otra ley.

En estas pesquisas, sobre todo, se apunta a un posible delito de alta traición que la ley de amnistía, tal y como está escrita en estos momentos, no ampara. Ningún escenario está descartado para los posconvergentes, que amagan con tumbar su ley en el último momento.

Sus condiciones son que el Gobierno acepte algunas de las enmiendas que aún quedan vivas (varias de ERC y otras tantas de Junts) para volver a blindar a sus dirigentes encausados.