Bolaños apela al "derecho europeo" para no tocar la amnistía: aparcan el pacto con Junts hasta el 18-F

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, recalcó este domingo en Galicia que la ley de amnistía es "impecable, constitucional y conforme al Derecho europeo". "Y así lo va a seguir siendo", apostilló durante una visita al municipio de Carnota (La Coruña), para participar en un acto de campaña del PSOE.

Fuentes del Ejecutivo señalan que su labor se va a centrar ahora en persuadir a Junts de que introducir enmiendas que afecten al delito de terrorismo (para blindar a Carles Puigdemont) podría poner en peligro la norma, al chocar con el rechazo de la Comisión Europea o del Tribunal de Justicia de la UE.

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Una vez la proposición de ley ha regresado a la Comisión de Justicia del Congreso, después de que Junts la tumbara en el Pleno el pasado martes, el Gobierno cuenta con un plazo de dos semanas (prorrogable en otras dos) para alcanzar el acuerdo.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez mantiene estos contactos con la máxima discreción, para evitar que interfieran en la campaña de las elecciones gallegas y pasen factura al candidato socialista a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro. Por tanto, señalan las fuentes consultadas, el PSOE quiere evitar que trascienda cualquier detalle de la negociación antes de las elecciones del 18-F.

Así lo confirmó también este fin de semana Jaume Asens (el negociador de la vicepresidenta Yolanda Díaz con los independentistas), quien apuntó que el Gobierno estaría dispuesto a conceder indultos individuales a los líderes del procés que se queden fuera de la amnistía.

Asens enviaba así un mensaje de tranquilidad a Carles Puigdemont, imputado en la Audiencia Nacional en la causa del Tsunami Democràtic, en la que el juez Manuel García-Castellón investiga presuntos delitos de terrorismo (que la Fiscalía niega).

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Al respecto, el hombre de confianza de Yolanda Díaz se mostró partidario de "desinflar" el delito de terrorismo en el Código Penal, para homologarlo al de otros países europeos (el mismo argumento que se utilizó para rebajar el delito de malversación). No obstante, tanto el PSOE como Junts parecen descartar esta fórmula.

Dos son las cuestiones que preocupan especialmente al Gobierno, respeto a las enmiendas que Junts quiere introducir en el texto. En primer lugar, el negociador Gonzalo Boye quiere eliminar cualquier referencia al terrorismo en el apartado de excepciones de la norma, para garantizar que su cliente, Carles Puigdemont, pueda beneficiarse de la medida de gracia.

Sin embargo, el Gobierno cree que esta fórmula haría peligrar la norma ante las instituciones europeas. De hecho, en su auto de prórroga del caso Tsunami dictado el pasado lunes, el juez García-Castellón recalca que los hechos descritos constituirían un delito de terrorismo según la directiva 2017/541 de la UE de lucha contra el terrorismo y según el Convenio del Consejo de Europa.

Por ello el ministro Félix Bolaños recalcó este domingo desde Galicia que la ley de amnistía es respetuosa con el "Derecho europeo" y debe seguir siéndolo, cuando concluya su trámite parlamentario.

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Pero las últimas revelaciones del juez instructor del caso Volhov, Joaquín Aguirre, sobre los contactos de Puigdemont y su entorno con agentes del Kremlin han causado una inquietud aún mayor en el Gobierno.

Se trata de una cuestión aún más sensible para la UE, ante la constatación de que el régimen de Vladímir Putin ha respaldado y financiado durante años distintos movimientos que pudieran desestabilizar a las democracias de la Unión: desde partidos de extrema derecha (como los que acogieron a Puigdemont a su llegada a Bruselas tras huir de España) a procesos de independencia o el Brexit.

Una estrategia que el Kremlin ha acentuado desde el inicio de la invasión de Ucrania, para intentar abortar la ayuda occidental al Gobierno de Zelenski. Ya en enero de 2023, el Parlamento Europeo aprobó un informe que considera probada la injerencia del Kremlin en el proceso de independencia de Cataluña, con campañas de desinformación en redes sociales y en sus medios públicos, RT Noticias y Sputnik.

Pero la investigación impulsada por el juez Joaquín Aguirre hace que al Gobierno de Pedro Sánchez le resulte aún más difícil defender ante la Comisión Europea su intención de amnistiar a Puigdemont (quien 24 horas antes de declarar la independencia se reunió con un agente de Putin que le ofreció financiación y 10.000 soldados para defender por las armas la secesión de Cataluña).

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Fuentes del PP se han mostrado convencidas este fin de semana de que los planes de Pedro Sánchez para amnistiar a los independentistas van a chocar definitivamente con las instituciones de la UE. "Esto se va a frenar en Europa", han asegurado gráficamente fuentes del equipo de Feijóo, en declaraciones recogidas por Europa Press.

La dirección del PP cree que la Comisión Europea ya está tomando nota de lo ocurrido en España, en parte gracias a las multitudinarias manifestaciones convocadas por los populares en toda España. 

Tras reunirse el jueves en Bruselas con el presidente del PPE, Manfred Weber, Feijóo indicó que los populares europeos comparten la "alarma" por la amnistía y los "ataques" dirigidos por los socios de Pedro Sánchez contra los jueces. El PP ha remitido además a la Comisión Europea las mociones aprobadas por ayuntamientos y parlamentos autonómicos contra la amnistía.

Pero el PP ha introducido además la amnistía como uno de sus principales argumentos de la campaña electoral gallega, consciente de que esta cuestión puede erosionar especialmente al candidato socialista José Ramón Gómez Besteiro.

Durante el mitin celebrado el sábado en la emblemática plaza de toros de Pontevedra el pasado sábado, el expresidente Mariano Rajoy se mostró especialmente contundente: "No queremos que nos gobiernen los que dan el indulto a los independentistas, ni los que suprimen el delito de sedición, ni los amigos de Putin, ni los que dan a Bildu la Alcaldía de Pamplona, ni los que blanquean a los de ETA", señaló ante 14.000 personas.