Tal y como avanzó EL ESPAÑOL, el Senado tumbará este miércoles la senda de déficit del Gobierno, paso previo ineludible para la confección de los Presupuestos Generales del Estado. Los populares han tomado esta decisión por la "pasividad" del Ministerio de Hacienda a atender algunas de sus exigencias, como una rebaja de impuestos.
En el Partido Popular entienden que si el Ejecutivo necesita del concurso de la Cámara Alta, que controlan los de Feijóo con mayoría absoluta, para salvar los objetivos de estabilidad, lo mínimo es que se preste a negociar con ellos un posible voto a favor. Como hace Sánchez en el Congreso cuando necesita el apoyo de los independentistas para aprobar una iniciativa.
Este lunes, la portavoz del PP en Senado, Alicia García, y el responsable económico del partido, Juan Bravo, han recalcado en rueda de prensa que si el Ejecutivo "no cede a una serie de exigencias", los objetivos estabilidad, que incluyen los objetivos de déficit y deuda para los próximos años, se encontrarán una y otra vez con el escollo del Senado.
"El PP rechazará en el Senado los objetivos de estabilidad. Es un rechazo condicionado a que haya una negociación, porque son unos objetivos que hacen a los españoles más pobres, más desiguales y no acceden a la bajada de impuestos. Esperamos que el Gobierno escuche las propuestas del PP para revertir el daño que están haciendo a los españoles", ha resumido García.
A su juicio, lo más previsible es que el Ejecutivo no se ponga en contacto con el PP porque Sánchez "está atado de pies y manos" y "el que manda" en España es "un prófugo de la Justicia", en referencia a Carles Puigdemont.
Las condiciones del PP
Consciente de la zancadilla que el PP le pone al Ejecutivo en el proceso para aprobar presupuestos de este año, García ha censurado: "Los presupuestos serán recordados como los de la amnistía porque los negociarán simultáneamente, con pactos opacos, en despachos a oscuras y cediendo privilegios frente a la igualdad".
Por su parte, Juan Bravo se ha encargado de explicitar todas las condiciones que su formación pone sobre la mesa para aprobar la senda de estabilidad: "Una rebaja de impuestos, con la deflactación del IRPF para las rentas de menos de 40.000 euros, bajada del IVA en la luz y el gas, rebaja del IVA de la carne, el pescado y conservas; y la eliminación del impuesto a la producción de energía".
Pero no sólo. También "compartir los objetivos de la senda entre el Estado y las comunidades autónomas", sellar un "compromiso" que garantice el "respeto a la autonomía fiscal" de los territorios y, finalmente, aprobar "un fondo en favor de las CCAA que permita atender los servicios más importantes".
Bravo ha defendido que su partido todo lo que pide es "en beneficio de los españoles", que "no hay precios políticos", y que están actuando con "coherencia y mano tendida, siempre y cuando se atienda esa rebaja de impuestos".
El Ejecutivo, que contemplaba el veto del Senado desde el principio, se basa en un informe de la Abogacía del Estado para asegurar que si la senda de estabilidad decae dos veces consecutivas, los objetivos serán los fijados en el último Programa de Estabilidad remitido a la Comisión Europea (en este caso, en abril de 2023).
No obstante, García ha negado este lunes la mayor: "Si la Cámara vota en contra de los objetivos, no vuelven al Congreso sino al Gobierno y tendrá que presentar unos nuevos objetivos. Esto va a ser así a pesar de que el Gobierno ha intentado saltarse a la torera al Senado. La vicepresidenta Montero se inventó que había un informe inexistente de la Abogacía del Estado".