El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que está estudiando reducir el tiempo de instrucción de los jueces ha hecho saltar las alarmas en el PP.
Según fuentes de este partido en Bruselas, la Unión Europea no va a dejar que se lleve a cabo algo así, porque va contra las directrices comunitarias.
"Esto no es una opción legislativa, acertada o no", asegura el eurodiputado Javier Zarzalejos en conversación con EL ESPAÑOL. "Es una nueva vía para facilitar la impunidad a los que quieren que se beneficien de la amnistía. Vamos a mirar con lupa estas iniciativas del Gobierno que van en la dirección contraria a la acción de la UE", añade.
Zarzalejos fue el responsable de presentar la enmienda a la directiva europea contra los delitos de corrupción por la cual se pide que las amnistías que se aprueben en los Estados de la UE no puedan incluir nunca figuras delictivas como la malversación de fondos públicos, o el cohecho.
La posición del eurodiputado español no es aislada, ya que su grupo es el mayoritario en la Eurocámara y capaz de armar mayorías, tal y como ha demostrado con la enmienda.
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El movimiento de la directiva busca armonizar en todos los países comunitarios la respuesta contra la corrupción, y desde el PP aseguran que el anuncio de Sánchez es contrario al espíritu de los pasos que está dando la UE.
En una entrevista en el programa Al Rojo Vivo, el presidente del Gobierno aseguró este lunes que el PSOE no está abierto a incluir en la Ley de Amnistía que negocia todos los delitos de terrorismo y los delitos de alta traición, como pide Junts.
Ésa es una de las exigencias de los independentistas catalanes, ya que consideran que con el actual texto es posible que no se beneficie de la medida de gracia el expresidente Carles Puigdemont.
Como Junts amenaza con tumbar la Ley de Amnistía si el Gobierno no tiene en cuenta sus consideraciones -lo que podría implicar el fin de la legislatura al romper relaciones con el PSOE-, los socialistas están buscando fórmulas intermedias que les contenten, a la vez que no tocan el texto de la norma por miedo a que acabe siendo inconstitucional.
En la misma entrevista, Sánchez dejó caer cuál podría ser ese paso intermedio: limitar el tiempo de instrucción de los jueces a través de una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
"Hay un elemento que hemos visto: que hay instrucciones que se prolongan. Los propios fiscales lo han puesto en cuestión", aseguró. "Hay elementos que podemos incorporar, de mejora, y que pueden servir para subsanar las dudas" de los independentistas, añadió.
Este movimiento es una respuesta a las últimas acciones realizadas por los jueces Manuel García-Castellón -de la Audiencia Nacional- y Joaquín Aguirre -del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona-.
El primero de ellos decidió prorrogar durante seis meses la investigación de Tsunami Democràtic, donde Puigdemont está situado como la cabeza y está siendo investigado por un delito de terrorismo. El segundo ha prorrogado una investigación sobre los vínculos de Puigdemont con el régimen de Vladímir Putin en el llamado caso Volhov.
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Además de en Bruselas, en el PP nacional censuran, sobre todo, el fondo de esta modificación legal planteada por Sánchez: "Es otra ley que está dispuesto a tocar para agasajar a los partidos independentistas". Esta vez, además, con una salvedad: se trata de un cambio que le pone frente al espejo.
En 2015, el presidente del Gobierno censuró con vehemencia a su antecesor, Mariano Rajoy, por acometer la misma reforma que ahora pone sobre la mesa a fin de solventar su relación con Junts. "Es un cambio que quiere desandar para conseguir que los independentistas le vuelvan a hacer mimos", critican en Génova.
Sánchez promovió en 2018 la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para aumentar los tiempos de instrucción
Los populares todavía no han fijado una posición concreta sobre la reforma de la Ley, pero se muestran muy críticos con su objetivo: "Cualquier motivación que sustente un cambio jurídico por cuestiones jurídicas es analizable, pero un cambio legal basado en favorecer políticos es otra cosa".
En resumen, el PP lamenta que "no hay ninguna ley que esté protegida de partidos como ERC o Junts". Por lo que fuentes del partido reflexionan: "¿Si ninguna ley está a salvo de cambios legales para agasajar a los independentistas, lo estará a medio plazo la Constitución Española?".