Moncloa ofrece a Junts forzar al juez a cerrar el 'caso Tsunami' en julio cambiando la ley

De esa forma, el líder de Junts y el resto de encausados por el procés independentista podrán ser amnistiados en los próximos meses.

El procedimiento sobre Tsunami Democràtic se abrió hace cuatro años y medio y fue prorrogado -por seis meses más- el pasado 29 de enero, en cumplimiento del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento, que fue reformado en la etapa de Mariano Rajoy en el Gobierno.

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Es decir, que a finales de julio, el juez tendrá que decidir si prorroga de nuevo los plazos otros seis meses. Tal como está redactada la proposición de Ley de Amnistía, si se mantuviera viva la investigación por terrorismo, Puigdemont no podría ser amnistiado.

La idea de Moncloa es limitar las prórrogas de las investigaciones y hacer que sea indispensable la opinión del fiscal para decidirla.

Si en julio ya estuviera en vigor la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal, la acción del fiscal podría impedir una nueva prórroga del caso Tsunami. Como el Gobierno entiende que será imposible que avance el procedimiento por ese delito, ya podría ser amnistiado el expresidente de la Generalitat.

Junts rechaza la oferta

Sin embargo, fuentes oficiales de Junts informan a este diario que, aunque les parece bien esa contrarreforma que ofrece el Gobierno, no les vale con esa oferta. "Queremos blindar la ley de amnistía, nada más", explica un portavoz del partido de derecha independentista. 

"No vemos a García-Castellón dando marcha atrás", añade esta fuente, advirtiendo que la reforma, incluso anunciada por Pedro Sánchez este lunes en una entrevista televisiva, podría motivar al magistrado de la Audiencia Nacional a acelerar los trámites.

"No está mal, pero es una mejora que nosotros ya hemos dicho que es complementaria", añade uno de los negociadores de Junts con el PSOE, en referencia a la capacidad que Pedro Sánchez quiere otorgar a la Fiscalía para cercenar las ampliaciones de tiempo en la instrucción de casos complejos. 

La oferta saltaba a la luz en el mismo día que este diario informaba de que el fiscal del Tribunal Supremo rechazaba el criterio de García-Castellón para imputar a Puigdemont por terrorismo en Tsunami. "Es demencial que alguien diga que hay bases para acusar de ese delito", apunta este colaborador del líder de Junts.

"En todo caso, no es una ayuda determinante", concluye sugiriendo una directriz política del Fiscal General a su subordinado en el Supremo. "El juez puede decidir no seguir esta posición".

Lo que el PSOE propone a Junts es que el fiscal sí pueda marcarle el paso al juez en las extensiones de plazo. Eso, a cambio de que se olvide de su enmienda que pretende amnistiar todo el terrorismo y los delitos de traición. "No vamos a entrar en lo de los fiscales", concluye, "seguimos negociando sin prisas".

Y es que el expresident fugado en Waterloo ha dado orden de aceptar la tregua sugerida desde las filas del PSOE durante la campaña electoral gallega. A los socialistas no les conviene que la negociación se radie en estas fechas, para tratar de centrar los mensajes en el empeño de sacar a Alfonso Rueda, heredero de Alberto Núñez Feijóo, de la presidencia de la Xunta. "Estamos en fase de discreción, para no calentar las cosas".

Un paso "nocivo"

Esa reforma que hizo el PP del artículo 324 fue combatida por Pedro Sánchez y el PSOE. En su discurso en el debate de la moción de censura con la que llegó a la Moncloa anunció la reforma de ese artículo que tachó de "nocivo". Luego fue retocado y ahora, según explicó él mismo este lunes en La Sexta, será reformado para impedir que las instrucciones se dilaten en el tiempo.

Algo parecido ocurrirá, según la previsión del Gobierno con la instrucción del llamado caso Volhov, sobre las relaciones del procés con Rusia. El juez Joaquín Aguirre ha prorrogado la investigación y deberá hacerlo de nuevo en agosto.

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es la salida que Moncloa ha ofrecido a Junts para salir del bloqueo de la proposición de ley de amnistía, atascada ahora en la Comisión de Justicia del Congreso.

En caso de que hubiera acuerdo sobre este asunto, el Gobierno tendría que agilizar el trámite de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento que, además, es ley orgánica. Para ello tendría que recurrir de nuevo a la vía de la proposición de ley de los grupos, para evitar el trámite de informes al Consejo de Estado, el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial.

El Gobierno garantiza a Junts que esa reforma legal estará en vigor antes de julio, justo cuando se cumpla el plazo de instrucción del sumario que está en manos de García-Castellón.

En el inicio de las conversaciones entre el PSOE y los independentistas para la investidura de Pedro Sánchez, tanto Junts como ERC pidieron la "colaboración" de la Fiscalía en la aplicación de la ley de amnistía.

La reforma que hizo el PP también dejaba en manos de la Fiscalía las prórrogas de las instruciones. La contrarreforma del PSOE permite que el resto de partes o el propio juez decrete la prórroga y, además, se amplía a 12 meses ese plazo. Ahora Moncloa estudia reducirlo a seis meses de nuevo y volver a dejarlo en manos de los fiscales.

Las sucesivas reformas obligaron a revisar miles de causas para evitar que decayeran las investigaciones por haber cumplido esos plazos de instrucción.