La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, se ha desmarcado del intento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para limitar los tiempos de instrucción de los jueces. "Creemos, por lo que conocemos de la propuesta por los medios de comunicación, que no va en la dirección correcta", ha asegurado en los pasillos del Congreso de los Diputados.
Con sus palabras, Díaz eleva la presión sobre su socio en el Ejecutivo, ya que este martes Sumar no quiso entrar a valorar el asunto escudándose en que desconocían qué exactamente planteaba Sánchez. Si bien ahora sigue sin haber hablado los detalles con el presidente, Díaz ha pasado a mostrar sus dudas públicamente.
Para Díaz, la propuesta de Sánchez no va en la dirección correcta, expresión que ha usado en dos ocasiones, "por la afectación general que puede tener". "Los justiciables en nuestro país tienen que tener derecho a un proceso con garantías, con toda la solvencia", ha asegurado.
[El Gobierno se mete en un embrollo judicial y legislativo sin garantías de acuerdo con Junts]
"Hay procesos que son muy complejos y que necesitan unos ritmos, unos medios e investigaciones, que requieren cierta prudencia", ha añadido.
Pedro Sánchez anunció este lunes que tenía previsto intentar reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para limitar las prórrogas en las investigaciones judiciales como las que están afectando a Carles Puigdemont y su entorno. Con este movimiento, el presidente intenta atraer a los independentistas catalanes para que aprueben la Ley de Amnistía y sigan siendo un socio de legislatura.
Yolanda Díaz cuestiona la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que plantea Sánchez
Sin embargo, la propuesta no ha sentado bien ni siquiera entre sus socios. Este martes, tanto Junts como ERC como Podemos se desmarcaron de la propuesta al considerar que se trata de un ejercicio paralelo que nada tiene que ver con la Ley de Amnistía.
Ahora, a estos recelos, se les ha sumado Sumar, con la agravante de que la formación de Yolanda Díaz es compañera en el Gobierno de coalición y una de las principales defensoras de la amnistía. De hecho, el propio PSOE se mostró en contra de una iniciativa idéntica que impulsó el PP cuando Mariano Rajoy era líder del Ejecutivo.
Con esta situación, a la que hay que sumar el pulso que el Ejecutivo está manteniendo con los jueces para dilucidar qué es terrorismo y qué no lo es, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha metido en un complejo embrollo judicial y legislativo que parece tener una difícil salida.