La Junta Electoral Central ha acordado este jueves ordenar a la Junta Electoral de Galicia que abra expediente sancionador a Pedro Sánchez por el acto que organizó el 24 de enero en los astilleros de Navantia, en Ferrol (La Coruña).
A la decisión del órgano, que tiene como misión garantizar el buen desarrollo de los procesos electorales, se han opuesto los tres miembros de la Junta Electoral designados por el PSOE y por Podemos, tal y como ha podido conocer EL ESPAÑOL. La denuncia de los hechos partió del Partido Popular.
Nueve días antes de que diese comienzo oficial la campaña gallega para las elecciones del 18-F, el presidente del Gobierno visitó las instalaciones de Navantia y anunció una inversión de 439 millones de euros y la creación de alrededor de 1.800 puestos de trabajo para la construcción de un nuevo buque de aprovisionamiento de combate para la Armada española.
Dado que en esas fechas ya estaban convocadas las elecciones y Sánchez presumió de gestión, la Junta Electoral Central (JEC) considera que fue un acto que rompe la neutralidad y que pudo favorecer los intereses de su partido.
La JEC asegura en su resolución que Sánchez "incurrió en la prohibición establecida en el artículo 50.2" de la Ley de Régimen Electoral General, "por no haber respetado el principio de neutralidad política en su visita al astillero de Navantia".
También recuerda el órgano que Sánchez "conoce o debería conocer la relevancia del deber de neutralidad inherente a la altísima autoridad que ostenta", más si cabe por cuanto ya se le ha sancionado "en dos ocasiones" anteriores por hechos parecidos.
La JEC no puede sancionar directamente, porque la competencia en primera instancia es autonómica, pero el acuerdo de devolución de las actuaciones a la Junta Electoral gallega deja claro que ésta debe sancionar y que se trata de una infracción electoral reiterada por parte de Sánchez, que ya fue sancionado en octubre pasado.
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En efecto, el 30 de junio de 2023, a siete días del comienzo de la campaña electoral del 23-J, Sánchez alardeó desde Bruselas de los logros económicos de su Ejecutivo y comparó los pactos de Gobierno alcanzados por el Partido Popular y Vox en Valencia y Extremadura con eventuales acuerdos para un Gobierno nacional, calificándolo de "retroceso".
Por aquel hecho, la JEC acordó imponer una multa de 2.200 euros al entonces presidente del Gobierno en funciones. Concluyó que había roto la neutralidad institucional a la que estaba obligado.