El Gobierno defendió la 'trayectoria de la empresa' que favorecía Koldo para la compra de mascarillas

El Gobierno justificó en una respuesta parlamentaria por escrito en abril de 2020 la compra de mascarillas por la empresa que favorecía Koldo García Izaguirre, quien era entonces consejero de Renfe Mercancías y asesor del ministro Ábalos. El caso está ahora bajo investigación por presuntos delitos de cohecho, organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

El Ejecutivo explicó en 2020, respondiendo una pregunta parlamentaria de Vox, que se recurrió a la contratación de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., "empresa importadora con trayectoria desde 1998 en el desarrollo y asesoramiento técnico en proyectos internacionales de salud, energía, agua e infraestructuras agrícolas", por ser "experta importadora en el mercado internacional".

La respuesta gubernamental recordaba que no se siguieron los cauces habituales de contratación pública dadas las excepciones que permitía para ello el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la Covid-19. Este dispensaba a la Administración General del Estado del cumplimiento de los requisitos formales, procedimentales y de publicidad de la oferta.

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Además, el Ejecutivo subrayó que la empresa estaba "al corriente de sus obligaciones tributarias y de cotización" y que tampoco constaba que estuviera incursa en algunas de las causas que inhabilitan para contratar con el sector público.

El Gobierno incluye en una de sus respuestas a Vox otros dos contratos con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas para el suministro de mascarillas a Puertos del Estado y a ADIF, por 20 millones de euros y por 12,5 millones, respectivamente.

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También se incidía en que el domicilio fiscal de la empresa se encontraba en España, que garantizaba el suministro en un período breve de tiempo y a precio de mercado y que tendría las cuentas auditadas desde el ejercicio de 2008. "La empresa aportó la información requerida legalmente para contratar. Por lo demás, se desconoce cualquier dato ajeno al procedimiento de contratación", zanjó.

En abril de 2020, Vox había registrado una serie de preguntas parlamentarias para conocer las razones que llevaron al Gobierno a adjudicar la compra de mascarillas a la empresa en cuestión, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., después de que la prensa publicara que los administradores de la compañía tenían un entramado de sociedades 'offshore' y había sido investigada por el pago de sobornos a funcionarios para la construcción de un mercado de abastos en Luanda, entre otras. Además, los de Santiago Abascal afirmaban que la empresa "no tenía actividad conocida desde 2017".

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La investigación judicial por la que ha sido detenido Koldo García, bautizada como Operación Delorme, investiga supuestas mordidas en contratos durante la pandemia de Covid-19 para suministrar mascarillas a los ministerios de Transportes e Interior, así como a comunidades autónomas como Baleares y Canarias. El montante de los contratos de estas administraciones públicas supera los 50 millones de euros, según la estimación de los investigadores.