Justo en el momento en que la trama del caso Koldo se cierne sobre el Gobierno balear, Moncloa ha decidido tomar cartas en el asunto y volcarse en la defensa de Francina Armengol, entonces presidenta de las islas y actual presidenta del Congreso de los Diputados.
En un movimiento que no tiene precedentes, el Ejecutivo (esto es, no el PSOE) ha articulado un argumentario para defender a Armengol de los envites del PP y de una "campaña de desprestigio basada en verter supuestas sospechas que el juez no contempla", según figura en el mensaje difundido por Moncloa a sus cargos públicos.
"El Partido Popular lleva atacando a la presidenta desde que salió elegida por mayoría absoluta hace siete meses. No por ser Francina Armengol, sino por suponer el inicio de una legislatura en la que no asumieron su derrota electoral y por representar una España plural que ellos detestan", desliza el argumentario.
El mensaje, destinado a defender a la representante de otro Poder del Estado (el Congreso), va acompañado de un informe de la Conselleria de Salut balear de abril de 2020 que certifica el pago de 3,7 millones de euros por las mascarillas defectuosas de la trama. Según Moncloa, el entonces Gobierno insular fue, "en todo caso, perjudicado por la trama, nunca parte de ella".
Armengol, según ha podido saber EL ESPAÑOL, sabía desde octubre de 2020 que había una trama corrupta tras Soluciones de Gestión y Ayuda a Empresas SL, la empresa sobre la que gira el caso. De hecho, la Oficina de prevención y lucha contra la corrupción emitió un extenso informe de 228 páginas sobre varios contratos de la pandemia, entre ellos este, y despertaba sospechas sobre la firma.
La Fiscalía ya le había echado el ojo a su gobierno por el contrato, pero la hoy presidenta del Congreso ocultó esta información a su sucesora, la popular Marga Prohens. No reclamó el dinero estafado hasta que perdió las elecciones, alteró el pliego para pagar las mascarillas con fondos UE cuando ya sabía que eran defectuosas y está a punto de ser investigada por la Justicia europea. Moncloa lo justifica de la siguiente manera:
"El Gobierno de Baleares tan solo compró mascarillas de un cargamento que llegaba para el Ministerio y lo hizo con toda la base jurídica de los contratos de emergencia y a precio de mercado (lo cual impedía sospechar ninguna trama de corrupción detrás)".
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La cuestión, en este caso, es que las acusaciones no son tanto por facilitar las operaciones con la organización delictiva sino por presuntamente encubrirlas aun a sabiendas de que las mascarillas eran inservibles. Por contra, Moncloa asevera que "lo único que investiga el juez en lo que se conoce como la 'rama balear' es al Gobierno actual del PP porque sospecha que la empresa le presionó y consiguió hacer caducar la reclamación iniciada en marzo por el gobierno de Armengol".
En sus documentos oficiales, el Govern de Armengol sostiene que encargó el 29 de abril de 2020 a la empresa Soluciones de Gestión un pedido de un millón y medio de mascarillas FFP2 para el personal sanitario por 3,7 millones de euros. Aunque lo cierto es que dos días antes, el 27 de abril, ya había dictado el acta en el que confirmaba la recepción del material.
Incluso, Moncloa señala al exministro José Luis Ábalos como cabeza de turco para no dirigir las críticas hacia Armengol. "Intentar compararlo [con él], que era responsable político de un asesor que en nombre de su ministerio habría cobrado por contratos, es sencillamente ridículo".