La investigación de la Fiscalía Europea pone bajo sospecha a la tercera autoridad del Estado

Ella presidió las Islas Baleares hasta el pasado mes de julio, y hoy es presidenta del Congreso, es decir, la tercera autoridad del Estado, por detrás del Rey y del presidente del Gobierno. Él es ministro de Política Territorial, tras perder el Gobierno canario tras las elecciones del 28-M.

La decisión de la Oficina con sede en Luxemburgo de intervenir llega después de haber identificado indicios de los delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias en los contratos firmados por el Servicio Canario de Salud (SCS) y el Servicio de Salud de las Islas Baleares (IbSalut) con la empresa Soluciones de Gestión SL, sufragados con Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder).

Armengol y Torres

El Gobierno de Armengol pagó hasta 3,7 millones de euros "de forma contraria a la ley", por un cargamento de casi 1,5 millones de mascarillas en abril de 2020 a la trama presuntamente corrupta. Inmediatamente después de ser entregado el material sanitario, se descubrió que era "inservible para uso hospitalario".

Sin embargo, en lugar de reclamar la devolución del dinero o una indemnización, el IbSalut de Armengol decidió cambiar los contratos para endosarle el gasto a la UE, a través de los fondos Feder.

Es más, la Consejería de Sanidad balear emitió un certificado de satisfacción con el servicio para facilitarle más contratos al entramado presuntamente corrupto. Y no inició los trámites para proponer una reclamación hasta el mismo día en que el Parlamento balear investía a su sucesora, la popular Marga Prohens.

A pesar de que no fue informado de que Anticorrupción investigaba al IbSalut, en apenas mes y medio, el nuevo Ejecutivo insular tramitó la reclamación y busca el modo de recuperar la totalidad del pago.

Además, ha iniciado ya la descalificación de la licitación como elegible para ser financiada con dinero comunitario, "y así no endosar a las arcas europeas una estafa presuntamente consentida por el Gobierno de Armengol".

Por su parte, el Ejecutivo canario del hoy ministro socialista de Política Territorial firmó cuatro contratos por más de 12 millones con la trama corrupta entre 2020 y 2021. La Audiencia de Cuentas de Canarias (ACC) los consideró "nulos de pleno derecho", pero su dictamen fue guardado en un cajón, por presiones del PSOE confirmadas por fuentes cercanas a la ACC.

Aconsejado por un comité de expertos inexistente, Torres también "confeccionó los contratos a posteriori" para financiarlos con fondos Feder de la Unión Europea. Y ahora está bajo investigación de la Fiscalía de la UE, junto al Ejecutivo de Armengol, aún líder del PSOE balear.

A pesar de las evidencias, y de la investigación abierta a nivel europeo, la Ejecutiva socialista y Moncloa han decidido cerrar filas para defender a Armengol.

Su posición es mucho más débil que la de Torres: por un lado, porque el único contrato de su Gobierno con la trama presuntamente corrupta resultó ser una estafa, dado que las mascarillas nunca fueron utilizadas, y siguen en un almacén, cuatro años después.

Y por otro, porque su condición de tercera autoridad del Estado, representante institucional de los 350 diputados del Congreso, exigiría de ella, "como mínimo, unas explicaciones que no ha dado", demandan altos mandos del PSOE, con la condición de anonimato. 

Armengol se defiende

El Gobierno balear que presidió Francina Armengol confirmó este lunes que el Ministerio de Fomento que dirigía José Luis Ábalos avaló a la empresa que promocionaba Koldo García, asesor del entonces ministro, pero en todo caso defiende su actuación con el contrato de mascarillas reclamado y denuncia una "cacería" contra la ahora presidenta del Congreso.

Así lo explicó el socialista Iago Neguerela, que fue portavoz de aquel gobierno autonómico, que dice desconocer si la recomendación de Fomento que llegó al Gobierno balear vino del propio Koldo o de otra persona. Lo que sí negó es que hubiera "presiones" del Ministerio o de su titular para contratar con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas.

En un encuentro informal con medios en Madrid, ha relatado que en esos meses de crisis sanitaria llegaban muchas recomendaciones de ese tipo y se enviaban a los técnicos, que eran quienes gestionaban las compras de material.

Eso sí, aquel aval de Fomento dio un plus de "credibilidad" a la empresa, aunque ahora, cuatro años después y, a la vista de todo el escándalo, el Govern Armengol también se siente "engañado" y dice ser una "víctima" de esa gente que, de acuerdo con la investigación judicial, se ha podido enriquecer con esos contratos de emergencia.

Y, en todo caso, han defendido su gestión con ese contrato de 3,7 millones que se adjudicó a la empresa de la trama en abril de 2020, en plena emergencia sanitaria. Aunque pasó por el Consejo de Gobierno, el responsable socialista subraya que todo el proceso lo llevó el Instituto Balear de Salud (IBSalut) y que ni la presidenta ni los consejeros estaban al tanto de los detalles. De hecho, aseguran que en esos primeros tres meses de pandemia autorizaron compras de material por un valor total de 90 millones, y ése era uno de tantos contratos que pasaban por la mesa del Consell.

Aseguran que, desde el principio, este contrato de emergencia buscaba la adquisición de mascarillas de uso domiciliario y para tener stock, no para uso inmediato en centros sanitarios, y la controversia arranca cuando, en junio de ese año, ya ven que el material adquirido no responde a las cualidades técnicas que habían pedido.

Esas mascarillas no llegaron a usarse, quedaron almacenadas porque fueron adquiriendo otras mejores a cuyo uso daban prioridad. Tampoco se destruyeron porque lo desaconsejaba el gobierno central y porque les venía bien como stock para, meses después, acogerse a las fases de desescalada.

Pero con el tiempo empezaron a revisar los contratos firmados y en julio de 2022 el IBSalut ya pensaba en reclamar, en febrero de 2023 se analizó en una reunión de su dirección y al mes siguiente se comunicó a la empresa, que expresó su disconformidad. Su reclamación buscaba la devolución de 2,4 millones, la diferencia de coste entre la clase de mascarillas que habían pedido y la que les llegó.

Cuatro señalados

La Fiscalía de la UE está mandatada para investigar, perseguir y enjuiciar los delitos contra los intereses financieros de la Unión. Tal como ha venido informando este periódico desde el pasado 21 de febrero, cuatro altos cargos del entorno de Pedro Sánchez favorecieron a la trama presuntamente corrupta liderada por Koldo García Izaguirre.

Además de Armengol y Torres, de momento la investigación ha desvelado otros contratos con la empresa recomendada por el asesor personal del entonces secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos: el mismo Ministerio en el que trabajaba y el del Interior, dirigido entonces y todavía hoy por Fernando Grande-Marlaska. 

Koldo García Izaguirre y sus cómplices están siendo investigados desde hace dos años por el cobro de comisiones irregulares en estos negocios. Todas las licitaciones fueron adjudicadas a dedo y por procedimientos de emergencia durante lo más duro de la pandemia, esencialmente en los meses del confinamiento, abril y mayo de 2020.

El pasado 20 de febrero, el juez Ismael Moreno ordenó a la UCO de la Guardia Civil 26 registros y 20 detenciones a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.

"Desazón" y "mancha"

En las apenas dos semanas transcurridas desde el estallido del escándalo, antiguos miembros de los gobiernos de Sánchez y otros cargos de responsabilidad han expresado su "desazón" con el descubrimiento del caso, y "con la desastrosa reacción del partido".

Según confiesan a este periódico, el presidente debería "cortar ya" con Armengol y Torres. "Ya no es cuestión más que de ver cómo evoluciona todo... el riesgo claro es el debilitamiento de la organización".

Pero sustituir a Armengol en el cargo sería especialmente difícil para Sánchez. Su nombramiento, el pasado 17 de agosto, le costó unos acuerdos carísimos con ERC y Junts, los socios independentistas catalanes de los que dependían sus opciones de investidura.

El PSOE se comprometió, por ejemplo, a impulsar comisiones de investigación en el Congreso para fiscalizar la acción de los jueces del procés... es decir, las llamadas comisiones del 'lawfare' que alertaron a la Comisión Europea.

También prometió la oficialidad del catalán en las Cortes Generales, su impulso en el Parlamento Europeo, e incluso concedió a ERC la "desjudicialización del conflicto político por todos los medios legales posibles". O lo que es lo mismo, la promesa de una ley de amnistía, que luego cristalizó en los pactos de investidura de noviembre.

En plena negociación de la redacción definitiva de esta ley orgánica, Sánchez no se podría permitir mostrar ese flanco tan débil, so pena de estimular las exigencias de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.

"Igual que se negoció su nombramiento", insiste uno de los cargos socialistas consultados, "se puede negociar su relevo... ella sí es caza mayor para el Partido Popular, si acaba teniendo que dimitir".

Y es que si el PP ya lanzaba este lunes por la mañana todos sus cañones contra la presidenta del Congreso, la confirmación de su investigación por parte de la Fiscalía Europea mereció el calificativo de "desprestigio irreparable" para España.

Fuentes populares exigían la "asunción de responsabilidades políticas" a los implicados, utilizando la vara de medir contra Ábalos que le costó su salida al Grupo Mixto y un expediente de expulsión del PSOE. "El PSOE arrastra la imagen del país por la corrupción que acecha a sus dirigentes, concretamente a la presidenta del Congreso y al ministro de Política Territorial".

La presencia de Armengol y Torres en la vida pública, añadían las mismas fuentes, "mancha la imagen" de España.