Junts pide ahora que se blinde la Ley de Amnistía para que la UE no pueda suspenderla

Junts ha pedido en el Congreso que no se pueda suspender la Ley de Amnistía en caso de que un tribunal presente un recurso ante la Unión Europea. La formación independentista liderada por Carles Puigdemont también reclama eliminar el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permite quitar el escaño a cargos electos procesados por rebelión, el mismo que se aplicó con los líderes del procès.

Ambas peticiones se incluyen en sus enmiendas al proyecto de ley derivado del decreto del Gobierno que se convalidó el pasado mes de enero con medidas para la agilización de la Justicia y el fomento del mecenazgo, en entre otras materias.

Ese decreto ley, que está en vigor, incluía un artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil estableciendo que, cuando un tribunal decida plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por considerarlo necesario para emitir su fallo, ese auto implicará "la suspensión de las actuaciones hasta que conste en autos la resolución del Tribunal de la UE que decida la cuestión prejudicial o se acuerde la retirada de la cuestión prejudicial". Y, además, no habrá opción a recurso.

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Y es muy previsible que, cuando la Ley de Amnistía esté en vigor y los tribunales deban aplicarla, haya jueces que decidan presentar cuestiones prejudiciales ante la UE para despejar la duda de si la norma se ajusta o no a las normas comunitarias.

Amago de Junts

Por ello Junts amenazó con votar en contra de aquel decreto ley, que estuvo en el aire hasta que el PSOE se comprometió a revisarlo y permitió que se tramitara como proyecto de ley para poder introducir cambios.

Es en este proceso de enmiendas en el que Junts quiere corregir el decreto que presentó el ministro Félix Bolaños. Su propuesta, recogida por Europa Press, es suprimir ese artículo 43 bis alegando que "la suspensión sine die o por tiempos muy largos de los procedimientos, puede resultar altamente perjudicial por las partes afectadas por los mismos".

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Los independentistas citan una sentencia de la Sala tercera del Tribunal Supremo de 2005 en la que se resolvió que "la suspensión del procedimiento por prejudicialidad prevista en el artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no es supletoriamente aplicable a la jurisdicción contencioso-administrativa en aquellos supuestos en los que la cuestión previa a dilucidar consiste en la determinación sobre la legalidad o validez de una disposición de carácter general de rango reglamentario".