El Gobierno ha respondido al presidente catalán, Pere Aragonès, que su propuesta de un referéndum de independencia pactado bajo el artículo 92 de la Constitución es contraria a la postura del Ejecutivo. La portavoz y ministra de Educación y Deporte, Pilar Alegría, ha afirmado que la idea de Aragonès es "absolutamente antagónica" a la posición del Gobierno, que apuesta por "el reencuentro".
"No la quiere la mayoría de la sociedad catalana", ha sostenido Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. "Si esa propuesta va en la línea que ha mantenido y ha defendido siempre este Gobierno les digo no, que es absolutamente antagónica", ha declarado la portavoz.
"No y no compartimos en absoluto esa posición. Nuestra posición es clara, es radicalmente contraria, es convivencia, es reencuentro, es seguir a avanzando", ha defendido Alegría.
Pilar Alegría, sobre el referéndum: “No compartimos en absoluto la propuesta del candidato Aragonès”.
Al ser preguntada sobre si el Ejecutivo cuenta con credibilidad para rechazar un referéndum después de haber estado en contra de una medida de gracia para años después apoyarla, Alegría se ha limitado a decir que la Ley de Amnistía que registró el PSOE en el Congreso es "muy diferente" a la que inscribieron en el pasado los partidos independentistas.
Patxi López también lo rechaza
El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, también ha rechazado la propuesta del presidente catalán.
"Nosotros somos contrarios al referéndum de independencia", ha dicho tras la reunión de la Junta de portavoces del Congreso.
"Siempre hemos dicho que un referéndum es aquel que refrenda un acuerdo. No va a haber acuerdo nunca con los socialistas para la independencia", ha añadido López.
Artículo 92 de la Constitución
El artículo 92 de la Carta Magna al que hace referencia Aragonés para defender su propuesta de consulta establece que "las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos".
Dicha votación tendría que ser convocada por el Rey, a propuesta del presidente del Gobierno tras la previa autorización del Congreso de los Diputados.