El PP ve "malversación" en la escolta de los Mossos al prófugo Puigdemont y exigirá una investigación

Alejandro Fernández, candidato popular a la Generalitat, exigirá una investigación en la Comisión de Interior del Parlament "que dirima las responsabilidades políticas" que puedan derivarse de que un prófugo de la Justicia esté siendo amparado por los mismos agentes de la autoridad que, en caso de que pusiera un pie en España, deberían detenerlo.

En declaraciones a EL ESPAÑOL, Fernández se atreve incluso a caficicar con una figura delictiva los hechos: "Sería también una flagrante malversación de recursos públicos".

Por su parte, Carlos Carrizosa (Ciudadanos), ha afirmado que se trata de "una burla a más de la mitad de los catalanes". Que estos agentes den protección a "un fugado de la Justicia va en contra de sus deberes y de la dignidad de su uniforme". En opinión del candidato liberal, esta conducta "politiza a los Mossos d'Esquadra".

El 'Govern' se borra

Cabe recordar que los Mossos d'Esquadra no tienen competencias para actuar fuera del territorio español. Y que para poder prestar un servicio de escoltas más allá de las fronteras requieren de la autorización del Ministerio de Interior.

Concretamente, la escolta estaría prestando este servicio a Puigdemont en la localidad francesa de Argelès-sur-Mer, donde ahora reside el expresident. 

Fuentes del Govern de la Generalitat consultadas por EL ESPAÑOL han negado la polémica, ya que no ven indicios de ninguna irregularidad en la actuación de los mossos.

Un portavoz de Presidencia asegura que se trata de "funcionarios" que, "en su tiempo libre" deciden ejercer una protección "personal" al expresident por "amistad o afiliación política". Argumentan que se trata de un acto fuera de servicio, y que, por supuesto, no llevan "uniforme, arma, ni placa".

El propio Puigdemont, al confirmar la noticia, ha alegado que se trata de policías autonómicos "que emplean días de fiesta y de vacaciones" y que realizan estas funciones como si de "un voluntariado" se tratara. 

Según la versión del líder de Junts, son personas comprometidas con garantizar que él pueda "tener un mínimo de condiciones" durante la campaña electoral. "Es vergonzoso e impropio" que se criminalice a estos agentes en "regímenes democráticos", remarca en su post de la red social X.

El sindicato de Mossos d'Esquadra Sap-Fepol ha confirmado que hay agentes de la Policía catalana que, "en su tiempo libre", actúan como escoltas dando "un servicio de protección" al expresident huido.

"Sí, ha salido así publicado y es así. Hay compañeros que fuera de su servicio, en su tiempo libre, suben a Francia, y parece ser que hacen un servicio de protección a Puigdemont", ha explicado el portavoz de la organización, Toni Castejón, en una entrevista en Telecinco.

El portavoz del citado sindicato también apunta que los agentes que emplean su tiempo libre a ofrecer protección al expresidente catalán "no pueden hacerlo cobrando". Es decir, que sería ilegal que 'mossos' escoltaran al líder de Junts si percibieran de ello algún tipo de remuneración.

Sap-Fepol admite de que esos mismos mossos "tendrían la obligación de detener a Puigdemont si éste decide cruzar la frontera con España", ya que "tiene una orden de detención y lo que dice el juez va a misa". Así lo ha remarcado Castejón: "Se efectuaría, fuese quien fuese".

El portavoz del sindicato ha detallado que en su día la Prefectura de Policía remitió una circular en la que advertía a los mossos que "esto no se podía hacer". Además, según ha recordado que dos agentes de los Mossos d'Esquadra fueron juzgados y luego absueltos por proteger a Puigdemont en su tiempo libre.

El SUP lo ve ilegal

El Sindicato Unificado de Policía ha transmitido un comunicado en el que exige una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía y la Administración para "determinar la legalidad y las circunstancias de esta protección".

"Según la información publicada, la Administración catalana se exculpa aduciendo que son prestaciones voluntarias en el ámbito de una relación de amistad" reza el texto, y concluye: "si bien, cualquier actividad relacionada con la seguridad para un policía en ejercicio de sus funciones está proscrita, incluso a título gratuito".

Mientras tanto, fuentes del Ministerio del Interior contactadas por este periódico aseguran que el Gobierno no hará declaraciones sobre este asunto. Sólo reconocen haber tenido conocimiento, en el año 2023, de la petición de escolta que envió Josep Lluís Alay, jefe de la Oficina de Puigdemont a la Consjería de Interior de la Generalitat. 

En aquel escrito, se pedía que se le pusiese un servicio de escolta al prófugo por el supuesto aumento de la "peligrosidad y el riesgo hacia su persona", cuando Junts ya negopcioaba con el PSOE una ley de amnistía a cambio de sus votos en la investidura de reelección de Sánchez. 

Félix Bolaños, ministro de Presidencia de Pedro Sánchez, se comprometió entonces, en noviembre de 2023, a ofrecer dicha protección. En aquel momento dijo que era "probable" que el Ministerio de Fernando Grande-Marlaska lo tramitase "sin problemas". Sin embargo, esto nunca se produjo.