La vicepresidenta de la Comisión, Vera Jourová, durante una rueda de prensa.

La vicepresidenta de la Comisión, Vera Jourová, durante una rueda de prensa. Comisión Europea

Política LEY DE AMNISTÍA

Bruselas no se fija plazos para su dictamen sobre si la amnistía es compatible con los valores europeos

El Ejecutivo comunitario analiza desde hace siete meses si la norma choca con las directivas sobre terrorismo y corrupción.

31 mayo, 2024 03:25
Bruselas

La Comisión de Ursula von der Leyen no se fija ningún plazo para publicar su dictamen sobre la Ley de Amnistía, pese a que lleva ya siete meses examinándola, desde noviembre de 2023.

Tras conocer que la norma ha sido aprobada en el Congreso por 177 votos a favor y 172 en contra, Bruselas insiste en que todavía necesita más tiempo para concluir su evaluación.

"La Comisión se ha mantenido en estrecho contacto con las autoridades españolas sobre esta cuestión y ha seguido los acontecimientos muy de cerca. Ahora que la Ley ha sido adoptada, la Comisión podrá analizarla en términos de su compatibilidad con el derecho de la UE", ha explicado la portavoz de Justicia, Anitta Hipper, en respuesta a una pregunta de EL ESPAÑOL.

¿Cuándo estará listo este dictamen? ¿Es una cuestión de días, de meses? "No tenemos plazos concretos para finalizar nuestra evaluación. Como he dicho, la Comisión está en contacto con las autoridades españolas y estamos siguiendo los acontecimientos de cerca", ha contestado la portavoz.

Hipper ha mencionado además la preparación del informe sobre el Estado de derecho en España y el resto de Estados miembros, que la Comisión tiene previsto publicar el 3 de julio.

[Bruselas descarta publicar su veredicto sobre la Ley de Amnistía antes del 9-J: "No sería prudente"]

Fuera de micro, fuentes comunitarias aseguran que el veredicto no se publicará en ningún caso antes de las elecciones europeas del 9-J. "No sería prudente".

El Ejecutivo comunitario conoce perfectamente la controversia que ha suscitado la Ley de Amnistía desde el principio y sabe que su dictamen sería utilizado como munición electoral por todas las partes.

El PP y Ciudadanos llevan meses emplazando a la Comisión a que se pronuncie sobre la Ley de Amnistía con el argumento de que constituye una "violación flagrante" del Estado de derecho. Por su parte, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha llegado a decir que hay "cero preocupación" en Bruselas por esta norma, una afirmación que fue desmentida por el propio Ejecutivo comunitario.

El calendario

¿Cuándo estará entonces lista la evaluación de Bruselas? De momento, la única fecha marcada en el calendario es precisamente el próximo 3 de julio, con la publicación del informe anual sobre la situación del Estado de derecho.

Sin embargo, las fuentes consultadas descartan que el análisis de la Ley de Amnistía sea sólo un capítulo de este informe y sugieren que habrá un dictamen aparte, que podría llegar antes.

Desde que el comisario de Justicia, el liberal belga Didier Reynders, se tomó una excedencia para hacer campaña por el Consejo de Europa, la responsabilidad directa de la evaluación de la Ley de Amnistía ha recaído en manos de la checa Vera Jourová, vicepresidenta de la Comisión responsable de Estado de derecho y que también pertenece a la familia liberal.

En una comparecencia ante el comité de Libertades Civiles, Justicia e Interior de la Eurocámara el pasado 15 de febrero, Jourová admitió que la Ley de Amnistía "ha creado muchas preocupaciones en todas partes", pero a la vez se esforzó por acotar cuál es exactamente la responsabilidad de la Comisión Europea en este caso.

"Examinaremos la Ley de Amnistía y veremos si hay una vulneración del derecho comunitario. Si no es así, corresponde entonces a las autoridades nacionales y al Tribunal Constitucional decir si es constitucional o no", explicó.

En su comparecencia, la vicepresidenta enfatizó que el Ejecutivo comunitario no puede sustituir al Constitucional y no tiene otra alternativa que confiar en las instituciones democráticas de los Estados miembros.

El análisis de Bruselas se concentrará en determinar si la norma de olvido penal se ajusta a los valores fundamentales recogidos en el artículo 2 del Tratado de la UE. La Comisión también examinará si es confirme a la legislación penal de la UE en materia de terrorismo, corrupción y protección de los intereses financieros de la UE, según ha explicado Julien Mousnier, director responsable de Estado de derecho, democracia y derechos fundamentales.

Comisión de Venecia

En su veredicto, el Ejecutivo comunitario tendrá en cuenta además el dictamen de la Comisión de Venecia sobre la Ley de Amnistía del pasado 2 de marzo, desveló el propio Mousnier.

En una comparecencia ante la Eurocámara, la vicepresidenta de la Comisión de Venecia, Marta Cartabia, trasladó su "inquietud" por el hecho de que la norma cubra los delitos de terrorismo y corrupción y recomendó "reducir y definir de forma más precisa" su ámbito de aplicación.

Si constata que hay alguna infracción del derecho comunitario, la Comisión Europea tendría que abrir un expediente sancionador contra España, tal y como le reclamó ya en marzo el exlíder de Ciudadanos y número 10 en las listas del PP, Adrián Vázquez. En ese caso, Bruselas exigiría al Gobierno de Sánchez una modificación de la Ley y podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

La norma de olvido penal acabará en cualquier caso ante el TJUE por las cuestiones prejudiciales de los jueces responsables de aplicarla. En ese caso, el excomisario Reynders ya avisó de que su aplicación debe paralizarse hasta que haya sentencia final en Luxemburgo, que en todo caso tardará meses.

Bruselas inició su investigación sobre la Ley de Amnistía con una carta remitida por Reynders al Gobierno de Sánchez el 8 de noviembre de 2023 (incluso antes de que se conociera el texto de la norma) en la que se hacía eco de las "graves preocupaciones" que suscitaba esta iniciativa y reclamaba "información detallada" sobre su alcance. Desde entonces, la Comisión ha planteado sus interrogantes en contactos con el Gobierno a nivel político y técnico y ha seguido de cerca la tramitación parlamentaria del texto.