Qué significa la adhesión de España a la causa contra Israel por genocidio en el Tribunal de La Haya

Entonces, ¿qué paso ha dado el Gobierno de Pedro Sánchez? ¿Qué significa en términos prácticos? ¿Qué no significa? ¿Cómo se interpreta en términos de relaciones internacionales? ¿Qué hay detrás de esta decisión?

1. La demanda

El pasado 29 de diciembre, apenas dos meses y medio después de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) iniciaran sus operaciones en Gaza, Sudáfrica presentó una demanda ante la ICJ.

Según la documentación de la demanda presentada en La Haya, "los actos y omisiones de Israel [...] tienen carácter genocida, ya que se cometen con la intención específica requerida [...] de destruir a los palestinos en Gaza como parte del grupo nacional, racial y étnico palestino más amplio", indicó el tribunal de la ONU en un comunicado.

Sudáfrica añadía específicamente que "la conducta de Israel, a través de sus órganos estatales, agentes estatales y otras personas y entidades que actúan bajo sus instrucciones o bajo su dirección, control o influencia, en relación con los palestinos en Gaza, viola sus obligaciones bajo la Convención de Genocidio", según una nota difundida por la ICJ.

Según la demanda, en concreto desde el 7 de octubre -fecha de la masacre de más de 1.200 civiles y el secuestro de 243 más, perpetrada por terroristas de Hamás que invadieron suelo israelí desde Gaza-, Israel "no ha prevenido el genocidio y no ha aplicado el peso de la ley a la incitación directa y manifiesta al genocidio".

2. La Convención contra el genocidio

Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 260 A (III), de 9 de diciembre de 1948, la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio fue impulsada por el jurista polaco de origen judío Raphael Lemkin. Él fue el primero en utilizar y definir el delito de genocidio en un libro publicado en 1946 en el que denunció los crímenes nazis cometidos en la Europa ocupada.

La convención entró en vigor el 12 de enero de 1951 y a ella están sometidos tanto el Estado de Israel (desde 1950) como la Autoridad Nacional Palestina (desde 2014). En su Artículo 2 define el genocidio como "el exterminio o eliminación sistemática y masiva de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, o nacionalidad".

Como delito internacional, debe cumplir con las intenciones anteriormente descritas y tratarse de alguna de las siguientes conductas: "matanza de miembros del grupo; lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo".

3. Las medidas cautelares

El pasado marzo, la ICJ impuso medidas cautelares contra Israel y le exigió evitar que su Ejército cometa actos de genocidio contra los palestinos de Gaza o impida "mediante cualquier acción, la entrega de asistencia humanitaria urgente".

Esta resolución ratificaba, asimismo, la imposición de "medidas urgentes" en enero. Para empezar, implementar "todas las iniciativas a su disposición" para prevenir y sancionar todos los actos contemplados en la Convención, tras detectar "indicios" de genocidio de Israel en Gaza.

El 26 de enero, sin exigir el cese de las hostilidades, La Haya exigió a Jerusalén "tomar todas las medidas" posibles para "prevenir" un genocidio en Gaza, reconociendo que al menos alguna de las alegaciones de Sudáfrica eran plausibles.

Asimismo, Israel también debía cuidarse de "impedir la destrucción y garantizar la preservación de las pruebas relacionadas con las denuncias de actos [...] contra miembros del grupo palestino en la Franja de Gaza", dijo el tribunal.

Hace poco más de dos semanas, el 24 de mayo, la ICJ ordenó a Israel detener el asalto militar a la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza. El presidente del tribunal, el libanés Nawaf Salam, leyó un fallo que decretaba que la situación se había deteriorado y que se cumplían las condiciones para una nueva orden de emergencia. "Israel debe detener inmediatamente su ofensiva militar" en Rafah, sentenció.

4. La decisión de España

Con este paso, España se adhiere al proceso, no a la demanda. Es decir, España podrá opinar y estar informada por el tribunal, para poder asistirlo en sus funciones, "en cumplimiento con el compromiso multilateral del Gobierno", ha explicado Albares, "y con un orden mundial basado en reglas".

Así, el Reino de España participa, pero sólo a medias, en la demanda presentada por Sudáfrica "apoyando al tribunal en su interpretación de las medidas cautelares que va haciendo" y así como la decisión que este tome, finalmente, sobre si Israel está o no practicando un genocidio en su ofensiva contra los terroristas de Hamás.

Esto quiere decir, según explica a EL ESPAÑOL Carlos Gil, doctor en Derecho Internacional Penal y profesor de la Universidad de Murcia, lejos de ser un puro acto simbólico, "se trata de una cuestión jurídico-práctica de suma relevancia", sostiene el experto.

Y es que, a efectos prácticos, que España intervenga en el proceso significa que podrá enviar una representación legal a las audiencias y que el nombre del país aparecerá en la web del tribunal durante el proceso judicial.

Según Gil, la decisión anunciada este jueves por Albares pone de manifiesto que "España cumple con sus obligaciones internacionales en el marco de la Convención contra el Genocidio, ratificando su compromiso jurídico en la defensa de este tratado, del que forma parte" desde 1968.

5. España no acusa

Albares se ha esforzado, en la ronda de preguntas posterior a su anuncio, en explicar que este paso "meditado durante semanas", no significa que España opine que hay un genocidio en curso en Gaza.

"Esta decisión no significa ponerse de lado de ninguna de las partes, sino del lado del tribunal", ha aclarado. Es más, aunque compañeros suyos del Consejo de Ministros, socialistas y de Sumar, lo han hecho, él se ha negado a acusar a Israel de genocidio: "Un ministro de Exteriores no está para opinar, sino para impulsar las acciones que defienden la posición de España y, en este caso como en el de Ucrania, para buscar una solución de paz definitiva".

Por eso, recuerda el experto consultado, en ningún caso esto significa que España actúe de la mano de Sudáfrica contra Israel. El Gobierno de Pedro Sánchez no se adhiere a la demanda, sino que ejerce su derecho de intervenir en el procedimiento para ayudar a la Corte a interpretar correctamente la Convención. "Actuamos a favor de la interpretación correcta del derecho", aclara.

Eso sí, a cambio de participar y asistir a la ICJ, España se compromete a asumir como propia la decisión final del tribunal.

6. Israel se siente acusado

En todo caso, dentro de la crisis diplomática que sufren las relaciones entre España e Israel, es indudable que el Gobierno de Netanyahu se dará por acusado (y de nuevo, ofendido) por España. No en vano, somos el primer país europeo en hacerlo, más allá del apoyo de Irlanda y Bélgica, sólo de palabra, a la demanda de Sudáfrica.

Desde la masacre del pasado 7 de octubre, el Ejecutivo de Sánchez ha mantenido una posición teóricamente inamovible en lo político: condena al ataque terrorista, reconocimiento del derecho de Israel a defenderse, exigencia de la liberación incondicional de los secuestrados, y apoyo a la solución de los dos Estados como única vía para una paz justa y duradera.

Pero es este último punto el que supuso, desde el inicio, un matiz inaceptable para Israel.

La interpretación de su Gobierno es que esa vía está cegada, al menos, de momento. La realidad es que una parte importante de los partidos que conforman ese Ejecutivo simplemente no cree en ella. Y la conclusión es que, "insistir en esa dialéctica es darle un premio político a los terroristas que perpetraron la peor matanza de judíos desde el Holocausto".

La posición española no se ha movido, pero sus pasos diplomáticos y políticos sí. Hace poco más de una semana, -junto a Irlanda y Noruega- el Gobierno reconoció el inexistente Estado palestino, como paso "histórico" y, sobre todo, simbólico hacia la paz.

Esa iniciativa, además del uso del lema de Hamás "Palestina será libre desde el río hasta el mar" por parte de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, provocaron la protesta airada del ministro de Exteriores, Israel Katz. Además, prohibió al consulado español en Jerusalén cualquier relación con los palestinos de Cisjordania.

Ya antes, Netanyahu había ordenado la llamada a consultas de su embajadora, la segunda ocasión en estos meses, y la convocatoria de la embajadora española en Jerusalén para "una dura reprimenda", también por segunda vez. 

España prometió responder, pero no lo ha hecho, según Albares, para "no contribuir a una escalada" en la crisis diplomática. Y porque el consulado, de hecho, "sigue trabajando con normalidad" a pesar del ultimátum israelí.

Pero, según fuentes diplomáticas, no cabe duda de que Israel interpretará la decisión anunciada este jueves como la respuesta española, escudada en un organismo multilateral como Naciones Unidas, que el Ejecutivo de Netanyahu ya ha tachado de "hostil" con su país.

7. Detrás de todo, el 9-J

Desde el inicio de la precampaña electoral de las europeas de este domingo, el Gobierno ha centrado sus mensajes en la política internacional de España. Enfocando sus intereses, concretamente, en los escenarios que mayor rédito electoral le podían dar. A saber: la ayuda militar a Ucrania, con la visita de Volodímir Zelenski; la polémica con el presidente argentino, Javier Milei; y esta prolongada crisis diplomática con Israel.

Cercado por la aprobación de la Ley de Amnistía, cuya publicación en el BOE se ha retrasado a conveniencia, y los escándalos de corrupción que circundan la Moncloa -el caso Koldo y el llamado caso Begoña-, el Gobierno ha sabido ir desviando los focos a estos escenarios internacionales, manteniendo posiciones que aglutinan el voto para la lista del PSOE en el 9-J.

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha tachado de "cortina de humo" la decisión anunciada por Albares, y ha acusado a Sánchez de buscar que el conflicto en Oriente Próximo "tape las miserias de su Gobierno".

La propia vicepresidenta Díaz, líder de Sumar, ha celebrado la decisión, "tras un camino largo", pero ha reclamado "dar más pasos adelante". Pidiendo el voto "por Palestina" este domingo, mientras vestía una bufanda con esta bandera, ha concluido: "Me siento muy orgullosa de pertenecer al Gobierno de España. Pero no nos conformamos. Tenemos que retirar a la embajadora en Israel e imponer el embargo total de armas".

Algo parecido, pero con más vehemencia, ha proclamado la exministra Ione Belarra, en un acto electoral de Podemos: "Si el ministro Albares dice que España no toma partido por ninguna de las dos partes, que no tenemos nada en contra del Estado de Israel" y que el Gobierno no opina sobre si está cometiendo un genocidio, es que buscaba más el titular que una verdadera acción por la paz".

La secretaria general morada ha lamentado esta "forma", por parte del Ejecutivo, "de estropear un buen gesto, fruto de la movilización y el esfuerzo de todo un pueblo, el de nuestro país, que quiere paz y el fin del genocidio. Y finalmente, ha exigido "ruptura de relaciones y embargo".