El líder del PP, en una imagen reciente en el Congreso de los Diputados.

El líder del PP, en una imagen reciente en el Congreso de los Diputados. Gabriel Luengas EP

Política LIBERTAD DE INFORMACIÓN

El PP rechaza que 'el poder regule los medios' y que Sánchez 'generalice sin desmentir informaciones'

Fuentes populares denuncian a EL ESPAÑOL que "la gravedad constitucional y democrática de lo que hace Sánchez no tiene parangón". 

18 junio, 2024 02:31

"El poder nunca puede ser el que regula los medios". A falta de que se sustancie el plan que está bosquejando Pedro Sánchez para cercar a los medios incómodos con el Gobierno, el Partido Popular denuncia que el Ejecutivo no puede ser, en ningún caso, el que "decida qué medios son aptos o no". 

Después de que el presidente anuncie un plan para "acabar con la impunidad" de lo que, según su visión, son "pseudomedios digitales", en las filas del principal partido de la oposición alertan de un ataque directo a la prensa. "Estamos hablando de la vocación y una voluntad decidida del presidente de atacar a los medios incómodos".

Para el partido de Alberto Núñez Feijóo, en realidad, no hay nada nuevo en los ataques de Sánchez a la prensa. "El poderoso tradicionalmente se revela contra los medios de comunicación, es parte del juego". Pero ahora, añade un destacado dirigente popular, hay una diferencia: "Estamos en otro escenario porque Sánchez sube un peldaño". 

En su opinión, el presidente "no solo intenta contrarrestar información cómoda, sino que intenta anular a medios". Lo hace, además, con una "generalización inconcreta" que "siembra una sospecha sobre todo tipo de medios de comunicación", sin ponerle el cascabel al gato. 

"¿Cuáles son tabloides? ¿cuáles son digitales? ¿cuáles son páginas webs, como dice Sánchez?", se preguntan desde Génova 13, donde lamentan que Sánchez "no está desmintiendo información: está atacando al emisor". Una situación que para el PP es inédita en la historia contemporánea de España.

Así lo resume otra fuente del partido: "La gravedad constitucional y democrática de lo que hace Sánchez no tiene parangón. Y si lo tiene, hace mucho tiempo que no lo veíamos en España. Es de emergencia lo que estamos viviendo, extremadamente grave". 

En su batalla contra la "máquina del fango", Pedro Sánchez ha puesto en la diana a los medios de comunicación. Todavía no ha concretado nada, pero sí ha esbozado dos iniciativas: una nueva ley de medios y un endurecimiento en la regulación de dos derechos: el del honor y la rectificación. 

El plan de Sánchez

Después de su inédita reflexión en la Moncloa en el mes de abril, motivada por la investigación que un juez abrió a su esposa a raíz de noticias periodísticas, el presidente del Gobierno entonó un "punto y aparte" y anunció una serie de iniciativas para luchar contra los bulos. Pero eludió concretar nada.

En los últimos días, Sánchez ha vuelto a la carga con este asunto y en distintas entrevistas que ha concedido a medios afines ha empezado a desgranar -con cuentagotas- cuáles son sus planes. Como publicó ayer EL ESPAÑOL, su meta final es amordazar a los medios críticos con el Ejecutivo.

De momento, el presidente ha anunciado que aplicará un Reglamento europeo que, entre otros puntos recoge "la obligación de que los medios de comunicación den a conocer, de forma transparente y accesible, la composición de su accionariado y los fondos que reciben en forma de publicidad de las distintas Administraciones públicas".

En sus últimas entrevistas, Sánchez ha compartido su tesis de que en España existen medios de comunicación "financiados en buena parte por gobiernos de coalición de ultraderecha entre el PP y Vox".

El presidente da por hecho que son estos medios los que difunden noticias falsas y se ha puesto como objetivo sacar a la luz a sus inversores, obviando así que, como publicó este periódico, la propia Moncloa también reparte de manera opaca y discrecional publicidad institucional. 

No obstante, lo más sustancial de los límites a la prensa anunciados por Sánchez todavía está por llegar, con las reformas de dos normas esenciales de la democracia: la Ley Orgánica 1/1982 de Protección del Derecho al Honor y la Ley Orgánica del Derecho de Rectificación 2/1984.