Actualidad política, en directo | Junts amenaza a Metsola con demandarla ante el TJUE si no reconoce a sus eurodiputados

El cabeza de lista de Junts en las elecciones europeas, Toni Comín, ha amenazado este lunes a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, con demandarla ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) si no reconoce a sus eurodiputados como ya hizo el fallecido presidente de la Eurocámara David Sassoli.

"Hay suficiente jurisprudencia europea", ha advertido Comín en declaraciones a los medios en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, en referencia a las conclusiones del Abogado General del pasado abril, que respaldaban al expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y a su exconseller Toni Comín en el recurso contra la decisión inicial del Parlamento Europeo de no reconocerles como eurodiputados ni la inmunidad asociada tras obtener sendos escaños por JxCat en las elecciones europeas de mayo de 2019.

Además, pese a que la decisión de Sassoli en 2020 respondió a un carácter político, Comín espera que Metsola haga también lo propio, ya que, a su juicio, "lo contrario sería contradecir al Derecho europeo y por tanto se arriesga a ser objeto de una demanda ante el TJUE".

En este sentido, Comín, que no acudió al Congreso este lunes a acatar la Constitución al estar buscado por la Justicia española, confía en tener su credencial lista para la sesión constitutiva del Parlamento Europeo, que tendrá lugar el próximo 16 de julio en Estrasburgo (Francia).

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha informado este lunes de que su partido ha resuelto crear un grupo de trabajo que pivotará sobre siete áreas para redefinir y mejorar el papel de las diputaciones provinciales, contando cada área con un equipo de presidentes provinciales que, a su vez, estará respaldado por equipos profesionales y técnicos.

Bendodo ha participado este lunes junto al secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, en el acto 'Diputaciones provinciales, la España que funciona', celebrado en Sevilla, ciudad que además ha acogido una reunión de la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

En este marco, Bendodo ha informado de la decisión de crear en el seno del PP este grupo de trabajo para redefinir y mejorar el papel de las diputaciones provinciales, con siete áreas diferenciadas.

El exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, y la eurodiputada Irene Montero, así como miembros del partido y de Sumar, han criticado este lunes que el acoso contra ellos a puertas de su domicilio en Galapagar (Madrid) por parte de un "ultraderechista" quede impune judicialmente después de que una jueza haya absuelto al acusado.

En su cuenta de X, Iglesias y Montero han sido los primeros dirigentes de la izquierda en hacerse eco de la información sobre la sentencia, que absuelve a Miguel Ángel F., que acudió en 2020 diariamente a las puertas del domicilio de ambos hasta que un juzgado dictó una orden de alejamiento.

"¿Recuerdan a Miguel Frontera? Es el ultra que acosó a mi familia durante casi un año. La fiscalía pedía 12 meses de prisión por Descubrimiento y Revelación de Secretos y 2 años de prisión por Injurias y Calumnias. La jueza Belén Pérez Fuentes le ha absuelto", ha escrito Iglesias, mientras que Montero ha zanjado: "es insoportable tanta impunidad".

Varios drigentes de ERC han pedido a la dirección del partido que depure responsabilidades tras admitir que unos carteles contra Ernest Maragall salieron de las propias filas de la formación, mientras que su hasta hace poco presidente, Oriol Junqueras, ha asegurado que desconocía los hechos.

En los citados carteles, el lema "Fuera el alzhéimer de Barcelona" acompañaba la imagen del entonces alcaldable de ERC en Barcelona junto a la de su hermano y expresidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, que padece esta enfermedad.

En redes sociales, Junqueras, entonces presidente del partido, se ha mostrado "sorprendido y decepcionado" por unos hechos "profundamente lamentables y condenables" sobre los que, ha asegurado, no tuvo conocimiento hasta el pasado 10 de junio, justo el día en el que renunció a la presidencia de ERC.

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, y el exvicepresidente Oriol Junqueras (ERC) habrían mantenido un encuentro durante cinco horas este domingo en Waterloo (Bélgica) en plenas negociaciones para la investidura en Cataluña, según ha adelantado El Nacional.

Esta reunión se produce después de que Junqueras abandonara la presidencia de ERC, si bien con la intención de recuperar en noviembre el liderazgo del partido, en plena crisis interna de los republicanos tras el batacazo electoral.

En una rueda de prensa esta tarde en Barcelona, el secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha evitado confirmar la fecha y el lugar de la reunión, aunque sí que ha dado a entender que se ha producido. "Lo que puedo decir es que en París no ha habido ninguna reunión hoy", ha señalado en alusión a una información de La Vanguardia que decía que dicha cita se había producido este lunes en la capital francesa.

Puigdemont sí se ha reunido recientemente con la secretaria general de los republicanos, Marta Rovira, encargada de pilotar las negociaciones para conformar Govern.

La Junta Electoral Central ha acordado imponer una multa de 2.200 euros a la ministra de Educación y Portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, por sus declaraciones en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros con "connotaciones electoralistas y apreciaciones críticas sobre el Partido Popular" en plena campaña de las elecciones de Cataluña.

Ha sido a raíz de una denuncia que presentaron desde el PP al considerar que en la rueda de prensa ofrecida el pasado 7 de mayo tras el Consejo de Ministros se difundieron expresiones con connotaciones electoralistas y apreciaciones críticas sobre esta formación.

LA JEC considera que las manifestaciones vertidas por Alegría en dicha comparecencia suponían una vulneración del deber de neutralidad política que en actos institucionales deben respetar los cargos públicos durante los periodos electorales y optó por abrir un expediente sancionador contra la portavoz.

A pesar de que la ministra socialista presentó alegaciones ante la JEC para que se archivase el expediente o en su defecto se concluyese sin imposición de sanción alguna alegando, entre otras cosas, que sus declaraciones se formularon "como respuesta a las preguntas formuladas por los periodistas".

La Junta Electoral Central ha acordado imponer una multa de 1.500 euros al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por apoyar públicamente al candidato socialista a la Generalitat, Salvador Illa, usando incluso el lema del PSC, en una rueda de prensa institucional desde Doha (Catar).

Los hechos fueron denunciados por ERC en plena campaña de las elecciones catalanas del 12 de mayo y la JEC acordó en su día abrir un expediente sancionador por vulnerar el artículo 153.1 de la Ley Electoral. La decisión final ha llegado este lunes con la imposición de la citada multa.

La JEC recuerda el deber de neutralidad de los poderes públicos como una de las reglas básicas de nuestro ordenamiento jurídico y subraya que "las manifestaciones hechas por el presidente del Gobierno apoyando a un candidato a las elecciones al Parlamento de Cataluña no pueden entenderse imprescindibles para la salvaguarda del interés público".

El Juzgado de lo Penal número 14 de Madrid ha absuelto al ultra Miguel Frontera, acusado de acosar a Pablo Iglesias y a Irene Montero en las inmediaciones que la pareja tiene en Galapagar.

ERC presentará un incidente de nulidad contra la resolución del Tribunal Supremo sobre la amnistía y un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, al ver el posicionamiento del alto tribunal, que considera "surrealista" y "un intento claro de saltarse la ley".

En un comunicado, ERC ha definido como estos hechos como "muy graves": el Supremo, entre otras decisiones, ha rechazado amnistiar el delito de malversación que atribuye al expresident catalán Carles Puigdemont y a los exconsejeros Toni Comín y Lluis Puig y ha acordado mantener vigentes las órdenes nacionales de detención que pesan contra ellos.

Lo que hace el Tribunal Supremo "no es ya reinterpretar la ley, reinterpretar la malversación, reinterpretar el enriquecimiento, sino intentar derogar y no aplicar una ley vigente", ha denunciado la vicesecretaria general de Derechos, Libertades y Lucha Antirrepresiva de ERC, Marta Vilaret, en declaraciones remitidas por el partido. "Es insultante, gravísimo y actuaremos en consecuencia", ha afirmado.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha considerado que la decisión del Tribunal Supremo de mantener el delito de malversación que atribuye al expresident catalán Carles Puigdemont "hace un flaco favor a la desjudicialización de la política".

El lehendakari ha recordado que esta decisión va en contra del criterio del fiscal general del Estado y de los pronunciamientos que hasta la fecha ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Pradales ha opinado que sería deseable "avanzar en el espíritu y la letra de la Ley de Amnistía, en la convivencia y despenalización. Está claro que hay jueces que lo interpretan en otro sentido". 

El Gobierno no prevé modificar la regulación sobre la indemnización por despido improcedente, pues la considera "adecuada" para los trabajadores al estar "tasada y basada en criterios objetivos" que hacen que aporte "seguridad jurídica al sistema" y aporte ventajas tanto para el empleado como para la empresa.

Es la respuesta que ha dado el Gobierno a una batería de preguntas parlamentarias de diputados de Vox en el Congreso, que se han interesado por saber si el Gobierno está considerando la conveniencia de impulsar alguna reforma que modifique la indemnización por despido improcedente, tasada en 33 días por año trabajado.

En concreto, los diputados de la formación liderada por Santiago Abascal exponen que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco resolvió la concesión de una indemnización adicional de 30.000 euros para una persona trabajadora por un despido improcedente, amparándose en los preceptos de la Carta Social Europea, en virtud de los cuales "considera insuficiente" la cuantía del despido en España.

El PSOE ha asegura que la propuesta del PP de establecer una EBAU común para sus comunidades autónomas "es una nueva maniobra política para generar confrontación, sin ninguna intención real de mejorar la educación".

En un comunicado, los socialistas recuerdan que el próximo curso académico España contará con una nueva Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), "fruto del esfuerzo colaborativo" entre el Ministerio de Educación, dirigido por Pilar Alegría, las comunidades autónomas, los docentes, las universidades y los estudiantes. "Un nuevo modelo del que el PP, como nos tiene acostumbrados, no ha participado, pese al esfuerzo de todos los agentes implicados", lamentan.

Para alcanzar este modelo "inclusivo y equitativo", con una estructura y características comunes, criterios de evaluación uniformes y, por primera vez, criterios de corrección mínimos comunes para todo el territorio nacional, el PSOE destaca que han sido necesarias más de 200 reuniones con la comunidad educativa y una prueba piloto en la que participaron 50 centros educativos de diversas comunidades.

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado que va a proponer en las Cortes regionales al presidente socialista de la región, Emiliano García-Page, que su gobierno se adhiera al acuerdo por una EBAU común suscrito por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y los presidentes de las comunidades autónomas gobernadas por el PP. "Un acuerdo que garantiza la igualdad de oportunidades y busca la excelencia en la calidad educativa", ha señalado.

El barón popular, en la línea de Feijóo y de los presidentes de los gobiernos de las comunidades autónomas del PP, considera que este acuerdo es "justo y garantiza la igualdad de oportunidades".

Ha subrayado que las comunidades del PP dicen con claridad que quieren que "el mérito, la capacidad y el esfuerzo" sea lo que prime a la hora de evaluar a los jóvenes. Para ello, en el acuerdo se solicita un mismo formato de examen, de criterios de corrección o de fechas, entre otros asuntos, ha informado el PP en nota de prensa.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha calificado este lunes de "buena noticia" que el Tribunal Supremo haya rechazado amnistiar la malversación del 'procés' y mantenga la orden de detención del expresidente Carles Puigdemont. 

En declaraciones a los medios en Salamanca, ha subrayado que "el Estado de derecho es más fuerte que cualquier Gobierno" y esa decisión confirma el "normal funcionamiento" del mismo en una democracia como la española.

Gamarra ha recordado que el PP ha dijo desde el primer momento que la ley de amnistía es "inconstitucional" e "inmoral" que "atenta contra la igualdad de todos los españoles" pero ha recalcado que también subrayó que "el objetivo que pretendía el Gobierno de España y que había pactado con los independentistas era de muy difícil aplicación".

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha afirmado que la decisión del Tribunal Supremo de mantener la orden de detención contra Carles Puigdemont y Toni Comín por malversación "no alterá el calendario político y los compromisos políticos" de su formación.

Turull ha cargado contra algunos jueces como Joaquín Aguirre, responsable de la instrucción del denominado 'caso Voloh', que actuán como "activistas políticos" tratando de "boicotear" la ley de amnistía "saltándose la voluntad del poder legislativo".

La decisión del Supremo, además, representa, a ojos de JxCat, "una reescritura de la ley de amnistía" para "intentar seguir persiguiendo a líderes independentistas".

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha denunciando que el Tribunal Supremo se niega aplicar la ley de amnistía, tras rechazar aplicarla al caso de la malversación y mantener la euroorden contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, y ha manifestado que esta postura responde a "una dura ofensiva judicial reaccionaria".

"El Supremo se niega a aplicar la ley de amnistía. Todos podemos ver que estamos ante una dura ofensiva judicial reaccionaria. Frente a ella el PSOE ha elegido, como ya hizo con la Ley 'solo sí es sí', pactar con el PP el gobierno de los jueces. Así mandan las derechas sin gobernar", ha lanzado Belarra a través de un mensaje en X.

El PNV ha considerado este lunes que la "interpretación restrictiva" que ha hecho el Tribunal Supremo va contra el "espíritu" con el que el Poder Legislativo redactó y aprobó la ley de amnistía.

El PNV ha rechazado en un comunicado la decisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de no aplicar la Ley de Amnistía a Carles Puigdemont al no considerar amnistiable el delito de malversación de caudales públicos en la causa del llamado 'procés' catalán.

"Lamentamos que esta Ley, que nació con un espíritu claro y un propósito inequívoco por parte de los partidos políticos que la impulsamos y apoyamos en el Congreso de los Diputados y el Senado, donde reside la soberanía popular, se vea ahora interpretada de un modo restrictivo por parte de la Justicia, colocando un nuevo obstáculo en el camino que se pretendía transitar hacia la normalización y el diálogo", ha señalado.

La Junta Electoral Central (JEC) ha decidido excluir a Toni Comín, de Junts, de la lista de eurodiputados al no acatar la Constitución. Como ya ocurrió hace cinco años, el exconseller de Salud en el Govern de Carles Puigdemont no ha acudido este lunes al acto de promesa de la Constitución al tener una orden de detención pendiente, por lo que su escaño en el Parlamento Europeo queda vacante por ahora hasta que se produzca dicho acatamiento.

El artículo 224.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que, en los cinco días posteriores a la proclamación de resultados, los eurodiputados electos deberán jurar o prometer la Constitución ante la JEC, que tiene su sede en el Congreso.

La JEC ordenó el pasado jueves la publicación de los resultados y citó este lunes a los parlamentarios electos para el acto de acatamiento de la Constitución.

Sumar ha aparcado de la agenda inmediata la celebración de la mesa de partidos de la coalición, tras el mal resultado en las elecciones autonómicas y europeas y ha asegurado que el proceso de reflexión y rearme del espacio será a ritmo "pausado", "tranquilo" y "riguroso".

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha enfriado que la convocatoria de este foro se vaya a producir de forma inmediata y ha resaltado que ya se están produciendo, de forma discreta, conversaciones entre las distintas organizaciones que conforman al socio minoritario del Ejecutivo.

"No vamos a correr", ha agregado en rueda de prensa este lunes respecto al horizonte para convocar dicha mesa de partidos, medida que fue anunciada tras el 9-J y cuya primera reunión se preveía inicialmente de forma rápida barajándose incluso esta semana.

Hasta la fecha solo ha confirmado su intención de asistir el coordinador de IU, Antonio Maíllo, mientras que en el caso de Más Madrid y 'comunes' no han concretado si sus líderes (Mónica García y Ada Colau) participarán. La semana pasada formaciones aliadas de Sumar como Compromís, Més per Mallorca y Chunta Aragonesista confirmaron que no iban a participar en este foro y optaban por limitarse a la relación que ya mantienen en el seno del grupo parlamentario.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España, José Luis Escrivá, ha avanzado que prevé que a finales del verano esté lista la primera versión de 'Cartera Digital Beta', la aplicación móvil que incorporará un sistema de verificación de edad para que los menores no accedan a contenidos para adultos como la pornografía.

Según ha señalado la directora general de Gobernanza Pública, Carmen Cabanillas, se tratará de una credencial "totalmente anónima" que garantizará "de forma fehaciente" que uno es mayor de edad. En esta credencial no va a figurar ningún dato personal, sino que cada usuario tendrá una letra, 'K', que le identificará como mayor de edad.

En esta primera versión es la Secretaría General de Administración Digital la que está proveyendo esta credencial. Para garantizar que la persona es mayor de edad, lo que hace el organismo es leer directamente el DNI electrónico del usuario si éste lo presenta o consultar los registros administrativos que tiene a su disposición.