Sánchez anuncia una ley para dejar sin publicidad oficial a los medios que hagan "desinformación"

Será la "gran causa nacional" de Sánchez en los próximos meses, según la terminología que usó Moncloa el pasado mes de mayo, días después de la reaparición tras su retiro.

Este lunes anunció en la Cadena Ser que el próximo día 17 de julio dará a conocer en el Pleno del Congreso las líneas generales de lo que llama "plan de regeneración". Luego abrirá un proceso de diálogo para poder presentar en septiembre las medidas ya articuladas.

Por el momento ha avanzado que utilizará la publicidad oficial o institucional como arma para luchar contra lo que considera "desinformación", además de cambiar leyes como la de defensa del honor y de rectificación.

Pretende, según explica el Gobierno, que no haya lo que llama "pseudomedios" financiados casi totalmente por Administraciones públicas. Y, sobre todo, poder sancionar con retirada de esa publicidad pública a medios que publiquen lo que se consideren como "bulos". Esta consideración la darían asociaciones profesionales, aunque aún no está cerrado totalmente la propuesta concreta que presentará el día 17. 

Es decir, se trataría de sanciones administrativas a medios como consecuencia del contenido de lo que publiquen. También buscaría dar transparencia a lo que recibe cada medio de las Administraciones como publicidad oficial o institucional y, además, se modificarían los criterios para su reparto y los propios sistemas de medición de audiencia que se utilizan. En este momento, el sistema de medición es fruto del acuerdo de todos los editores y, por tanto, aceptado por todos. 

El reglamento europeo que el presidente del Gobierno invoca para cambiar las normas referidas a los medios de comunicación no habla expresamente de algunas de las medidas que ha anunciado: la limitación de la publicidad oficial o institucional y los cambios en las leyes de protección al honor y de rectificación.

"Lo que estamos estudiando, y es una de las propuestas que haré al Congreso de los Diputados, es establecer un máximo de financiación pública para los medios de comunicación. Porque lo que está sucediendo es que hay medios que solamente tienen recursos públicos y no tienen lectores", señaló Sánchez en su entrevista en la Ser, sin más precisión.

Directamente afectado

Citó expresamente para sostener la necesidad de aprobar esos cambios el Reglamento (UE) 2024/1083 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, por el que se establece un marco común para los servicios de comunicación en el mercado interior y se modifica la directiva 2010/13/UE (Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación) que se publicó el pasado 11 de abril.

Ese texto no habla expresamente de la limitación de la publicidad institucional, ni de otras medidas que ha anunciado Sánchez como la modificación de la ley del derecho al honor y la de rectificación.

Se da la circunstancia de que el presidente del Gobierno ha empezado a hablar de ese reglamento y ha anunciado esas medidas legales justo cuando le han afectado a él porque se han publicado textos sobre las actividades de su esposa, Begoña Gómez, y cuando ella ha ejercido el derecho de rectificación y ha amenazado con demandas a medios basadas en la ley de derecho al honor.

Es decir, Sánchez ha sido consciente de la necesidad de reformar esas normas, combatir los bulos, cambiar la legislación y trasponer ese reglamento cuando se han visto afectados su esposa y él mismo.

"Vamos a modificar la ley del derecho al honor, del derecho a la rectificación, y voy a plantear la modificación de la ley de publicidad institucional que tiene casi 20 años y no incorpora el fenómeno de la digitalización y los medios de comunicación", ha manifestado en la Cadena Ser.

La propuesta concreta será expuesta por él mismo en el Pleno del Congreso el 17 de julio para que empiecen a tramitarse en septiembre. Fuentes del Gobierno se limitan a asegurar que aún se trabaja en la propuesta y que irá dirigida a agilizar y facilitar el ejercicio del derecho de rectificación y de defensa del honor ante informaciones publicadas.

El presidente ha vinculado ese propósito a lo que asegura se está haciendo en otros países de la Unión Europea: "Siguiendo la estela de Europa, incorporaremos transparencia en la financiación con recursos públicos de estos medios o pseudomedios o tabloides digitales, porque no es aceptable que con recursos públicos se estén financiando los bulos de la ultraderecha".

Garantías de pluralidad

Ese reglamento, no obstante, no habla expresamente de limitar la publicidad oficial. Sobre este asunto señala que "los fondos públicos o cualquier otra contraprestación o ventaja puesta a disposición, directa o indirectamente, por autoridades o entidades públicas de proveedores de servicios de comunicación o de plataformas en línea para publicidad estatal o de contratos de suministro o de servicios celebrados con proveedores de servicios de comunicación o de plataformas en línea se considerarán se adjudicarán con arreglo a criterios transparentes, objetivos, proporcionados y no discriminatorios, puestos a disposición del público con antelación por medios electrónicos y fáciles de utilizar, y mediante procedimientos abiertos, proporcionados y no discriminatorios".

En este momento, está en vigor la ley de publicidad que obliga a tal transparencia, pero el propio Gobierno central no aporta datos concretos y completos sobre su distribución.

Añade la norma europea que "los Estados miembros intentarán garantizar que el gasto público anual global asignado a la publicidad estatal se distribuya entre una amplia pluralidad de proveedores de servicios de comunicación representados en el mercado, teniendo en cuenta las especificidades nacionales y locales de los mercados de comunicación de que se trate". Es decir, repetidamente habla de preservar la pluralidad.

Sí establece la norma exigencias de transparencia para los medios de comunicación. Por ejemplo, que hagan público su accionariado y que informen del "importe anual total de los fondos públicos para publicidad estatal que se les asignan y el importe anual total de los ingresos publicitarios recibidos de autoridades o entidades públicas de terceros países".

Ese reglamento se refiere también a autocontrol y autorregulación de los medios y a los medios públicos. En este sentido, señala que "los Estados miembros garantizarán que los proveedores de medios de comunicación de servicio público sean editorial y funcionalmente independientes y proporcionen de manera imparcial una pluralidad de información y opiniones a sus audiencias, de conformidad con su mandato de servicio público".

Añade que "los Estados miembros garantizarán que los procedimientos de nombramiento y destitución del jefe de dirección o de los miembros del consejo de administración de los proveedores de medios de comunicación de servicio público tengan como objetivo garantizar la independencia de los proveedores de medios de comunicación de servicio público".

Además, exige que "las decisiones de destitución del responsable de la dirección o de los miembros del consejo de administración de los proveedores de medios de comunicación de servicio público antes del final de su mandato deberán estar debidamente motivadas, podrán adoptarse únicamente excepcionalmente cuando ya no cumplan las condiciones requeridas para el ejercicio de sus funciones según criterios establecidos de antemano a nivel nacional, estarán sujetas a notificación previa a los interesados e incluirán la posibilidad de revisión judicial".