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Política INMIGRACIÓN

El Gobierno de Sánchez utilizó a la Armada para disuadir cayucos y ahora critica al PP por pedirlo

Los Buques de Acción Marítima 'Relámpago', 'Tornado' y 'Meteoro' realizaron "tareas de vigilancia y disuasión" en aguas canarias.

5 julio, 2024 02:29

El Gobierno de Pedro Sánchez ha desplegado en varias ocasiones buques de la Armada como efecto disuasorio para la inmigración ilegal. Lo hizo en aguas de las Canarias y el Estrecho de Gibraltar. Así figura en el historial de misiones de los Buques de Acción Marítima (BAM), encargados de labores de "policía marítima colaborando con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", una labor habitual entre estas patrulleras. 

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, pidió este jueves al Gobierno "disponer de las Fuerzas Armadas" para defender las fronteras e "impedir que los cayucos salgan al mar y lleguen a nuestro país". Esa declaración ha sido duramente criticada por el PSOE, hasta el punto de que su portavoz parlamentario, Patxi López, se preguntó si lo siguiente no sería "bombardear" las pateras.

Incluso la ministra de Defensa, Margarita Robles, pidió a Tellado que rectificase sus palabras y respetase "la labor de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas no están para lo que ellos piden". "Están para defender la paz, la libertad y la seguridad de España, que no es el caso", añadió.

Sin embargo, las acciones que ha reclamado el PP ya se han realizado en multitud de ocasiones estos años, en distintas intensidades pero con cierta regularidad. Este mismo 2024, en febrero, el buque Tornado —con base en Las Palmas— hizo estas mismas operaciones de vigilancia y seguridad en el Estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán, incluyendo los islotes y peñones del norte de África.

El Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Canarias tiene, de hecho, cuatro buques basados en el arsenal de Las Palmas para, entre otras cosas, combatir operaciones contra el narcotráfico, la inmigración ilegal o el terrorismo. La revista oficial de la Armada hace referencia a esos cometidos en multitud de publicaciones.

Aunque la función del Ejército no es particularmente cortar los flujos migratorios ilegales, los buques de la Armada sí actúan como efecto disuasorio para las mafias del tráfico de personas.

Otro de los buques habituales en estos cometidos es el Relámpago (P-43), un barco de la clase Meteoro que se integra en el Mando Operativo Marítimo (Mom). El Mom es, entre otras cosas, el órgano responsable del planeamiento y seguimiento en los espacios marítimos de soberanía, responsabilidad e interés nacional, y cumple funciones de vigilancia y reconocimiento. 

En agosto de 2022, por ejemplo, este mismo buque contribuyó "a incrementar la seguridad marítima de la región", según recogía el Estado Mayor de la Defensa en un comunicado. En el mismo mensaje, Defensa reconocía que esta seguridad marítima se encontraba "amenazada principalmente por actos de piratería y robo en la mar, tráfico ilícito de personas, estupefacientes y armas, y pesca ilegal".

Esta declaración del ministerio coincide con las reivindicaciones que hacía Tellado este jueves, cuando reclamó al Gobierno utilizar medios que estaban a su alcance. 

De hecho, la Armada se expresaba en términos similares a finales de 2023 para explicar el uso de sus embarcaciones. En noviembre, durante la travesía de otro clase Meteoro (P-41) en aguas canarias, Defensa aclaró que entre las funciones de estos barcos estaba "realizar misiones de policía marítima colaborando con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Crisis migratoria

Las declaraciones sobre las Fuerzas Armadas y su implicación en la inmigración ilegal han dado al traste con un pacto que, a priori, Moncloa parecía tener atado a principios de semana: el reparto entre comunidades autónomas de los menores migrantes que hay en Canarias. 

Si el viernes pasado Alberto Núñez Feijóo aseguraba la "solidaridad" de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, esta semana acusaba al Gobierno de provocar un "efecto llamada" con sus políticas.

Estos signos han encendido las alarmas en el Gobierno, volcado contra un discurso que consideran "muy incómodo para el PP".  

El Gobierno central y el de Canarias llegaron a un acuerdo para una reforma de la Ley de Extranjería que, de aprobarse, obligaría a las comunidades autónomas a participar en el reparto de menores migrantes no acompañados, que según la normativa vigente son responsabilidad del territorio al que llegan.

El objetivo de Moncloa es tramitar esa reforma como proyecto de ley en el Congreso de los Diputados antes de que llegue agosto. Sin embargo, en el Ejecutivo asumen que sólo lo pueden sacar adelante con el apoyo del PP.