Vox parece dispuesto a cumplir la amenaza que llevaba días blandiendo contra el PP si las cinco comunidades en las que gobiernan juntos (Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón, Castilla y León y Extremadura) aceptaban el reparto voluntario de 400 menores migrantes no acompañados desde Canarias y Ceuta.

Anoche, nada más finalizar la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada en Tenerife, el partido de Santiago Abascal acusó a Alberto Núñez Feijóo, de ser el responsable directo de "romper los pactos de gobierno". Le acusan de haber llamado "uno a uno" "a los presidentes regionales" y de haberles "obligado a votar sí al reparto de 400 menas".

A través de un comunicado, Vox anunció la convocatoria "urgente y extraordinaria" este jueves del Comité Ejecutivo Nacional para acordar "los próximos pasos" a dar en los gobiernos autonómicos con el PP.

En ese mismo texto, Vox asegura que los presidentes autonómicos de los gobiernos de coalición "se habían comprometido" con ellos a rechazar el reparto de menas, pero que fue la "orden" personal de Feijóo la que les forzó a aceptar "las pretensiones de Pedro Sánchez". El comunicado añade que el presidente del PP actúa así por "su debilidad y afán por arrodillarse ante Sánchez".  

Vox asegura también que el reparto de menas aceptado por el PP tendrá "un coste de 3.000 euros al mes por cada uno de ellos que pagarán los españoles". 

"Tras entregar el CGPJ, RTVE, la Junta Electoral Central o aliarse en Europa contra los intereses de los españoles, el PP llega a un nuevo acuerdo con el PSOE y confirma dónde y con quién quiere estar", reprocha Vox.

Para el partido de Abascal, es Feijóo el que ha roto los gobiernos de coalición que comparten, mientras que Vox "cumple con su palabra y su compromiso con los españoles". "Vox no va a ser cómplice de las violaciones, robos y machetazos", advierte.

Santiago Abascal sumó su propio mensaje al de su formación. En él, acusa a Feijóo de "dinamitar" los pactos de Gobierno.

"Llegó Feijóo a la presidencia del PP tendiendo la mano a Sánchez, y no ha dejado de hacerlo desde entonces. Han pactado tribunales, han llegado a acuerdos en Bruselas y en CCAA, y hoy ha dinamitado los pactos de gobierno, acogiendo voluntariamente a 400 menas. Para estafar a los españoles, para saquearlos y ponerlos en peligro, que no cuenten con nosotros", dice el presidente de Vox.

Fuentes del PP en los gobiernos autonómicos de Andalucía y la Comunidad Valenciana confirman a EL ESPAÑOL que ha habido "contactos con Génova" para tratar el asunto de los menas. "No sólo hoy (por este miércoles), sino en los últimos días", precisan.

Las fuentes no confirman si ha existido una orden expresa de Feijóo, pero dan por hecho que la respuesta ha sido coordinada: "Si todos los consejeros han aceptado el reparto, alguna consigna habrá habido".   

¿Y ahora qué?

En el caso de que Abascal cumpla su amenaza y rompa los Ejecutivos en la Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón, Castilla y León y Extremadura, sus vicepresidentes y consejeros dejarían el cargo, y sus diputados pasarían a la oposición.

Esa situación llevaría inestabilidad política a estos gobiernos regionales, pero pondría también la pelota en el tejado del PSOE. Los socialistas tendrían en su mano favorecer o complicar legislaturas que acaban de cumplir un año -excepto en Castilla y León, que celebró elecciones en febrero de 2022.

El PSOE tendría que decidir qué baza jugar después de que esas rupturas llegasen como consecuencia de la decisión del PP de apoyar el plan de Sánchez para el reparto de menores inmigrantes. Un acuerdo del que sólo el gobierno catalán -de ERC, en funciones- se ha descolgado.

Por tanto, son algunos de los socios que mantienen a Sánchez en la Moncloa los que le han abandonado en política migratoria. Es el caso también de Junts, que reclama una política de inmigración singular para Cataluña.

De ahí que sorprenda la avalancha de críticas desde el Gobierno y el PSOE al PP a lo largo de los últimos días, hablando incluso de su "falta de humanidad" y de estar dejándose "arrastrar por los ultras", mientras no ha habido reproches de ese tenor a Junts o a ERC.    

En todo caso, los Estatutos de autonomía de las cinco comunidades que podrían verse en dificultades por la salida de Vox establecen la posibilidad de adelantar elecciones si así lo dicen sus presidentes.    

Los dirigentes de Vox, con Abascal a la cabeza, llevaban días avisando al PP de que darían por rotos los gobiernos autonómicos si aceptaban la distribución de menores migrantes no acompañados, alegando que los pactos de gobierno suscritos abogan por políticas antiinmigración.

El propio Abascal dijo el lunes que abandonarían al PP en las autonomías que codirigen si los presidentes no usaban todos los medios "políticos y legales" para oponerse al reparto.

Ante el ultimátum de Vox, Feijóo defendió ese mismo día la "solidaridad" en el reparto de menas, siempre dentro de las "capacidades" de cada comunidad autónoma. Al mismo tiempo, cargó contra el Gobierno de Sánchez, al que acusó de "abandonar" a las comunidades y no tener política migratoria ni solucionar esta problemática.

"La práctica que hemos tenido durante muchos años en España, y que entiendo que sigue siendo, es ser solidario en la recepción de menores, siempre que tengamos capacidad en las comunidades autónomas para recibirles, para tratarles y para cuidarles", subrayó.

Según la propuesta del Ejecutivo, las autonomías en las que PP y Vox gobiernan en coalición acogerán un total de 110 menores migrantes: Aragón, 20; Castilla y León, 21 menores; Comunidad Valenciana, 23; Extremadura, 30; y Murcia 30. Baleares, donde los populares gobiernan en minoría gracias al apoyo externo de Vox, acogería 10.