Pedraz pregunta al fiscal si son espionaje las consultas de toda índole a bases policiales sobre Podemos

Ahora, según confirman fuentes jurídicas a este diario, el magistrado preguntará a la Fiscalía y las demás partes personadas en esta causa si creen que debe investigar estos hechos como espionaje. Es decir, tendrán que pronunciarse el PSOE (acusación popular), el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias (acusación particular) y su partido, Podemos.

Este miércoles, la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional informó a Pedraz de todas las búsquedas en bases de datos policiales sobre estos 55 diputados. Las consultas, a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, se dividen en decenas de documentos Excel en los que constan cientos de accesos de los agentes a información de los diputados, fuese por el motivo que fuese.

Excel sobre los accesos a bases de datos relativos a Pablo Iglesias Turrión. EL ESPAÑOL

Se trata de accesos de toda índole a bases policiales efectuados durante el periodo reclamado por el juez (los años 2015 y 2016). Incluyen desde los viajes de los políticos en avión hasta sus renovaciones de DNI, entre otros asuntos. 

Esta causa judicial se inició con la querella de Podemos contra quienes eran miembros de la cúpula del Ministerio del Interior cuando Mariano Rajoy era presidente del Gobierno, a los que acusan de haber utilizado recursos del Estado, como un cierto sector de la Policía, para perjudicarles políticamente.

La querella fue admitida a trámite de forma parcial y ahora la Audiencia Nacional investiga si a través del Ministerio del Interior de Rajoy se espió a dirigentes de Podemos para torpedear sus expectativas electorales.

"Rastreo masivo"

Fuentes de la dirección de Podemos se quejan de un "rastreo masivo" a sus antiguos diputados, "sin amparo judicial, de forma prospectiva (...) y al margen de la ley". Un matiz: es posible que las consultas de los policías, al ser de absolutamente toda índole, no requirieran de avales judiciales para realizarse. Por ejemplo, renovar un DNI.

La documentación en manos del juez señala que los accesos se podían hacer desde los servicios centrales de la Policía Nacional, por los policías destinados dentro del Congreso e, incluso, a través de agentes municipales.

Entre los ficheros Excel aparecen algunos de los máximos representantes del partido en aquel momento, entre ellos el ex secretario general, Pablo Iglesias; la hoy vicepresidenta Yolanda Díaz; el ex número dos, Íñigo Errejón; la exministra Irene Montero; o una de las fundadoras del partido, Carolina Bescansa. De los incluidos en las bases de datos, sólo continúan en Podemos la actual líder, Ione Belarra, y el diputado Javier Sánchez Serna. 

La inmensa mayoría de los accesos a la información policial se ubica entre los años 2015 y 2016, esto es, inmediatamente antes de las elecciones generales y justo después de la entrada de Podemos en el Congreso de los Diputados. Las fechas también coinciden con la llamada guerra sucia del Ministerio del Interior contra el partido y sus dirigentes.

Los morados aseguran que "obviamente" fueron "víctimas del espionaje ilegal", en referencia a la conocida como Policía patriótica. "Es una muestra más de la cacería política, policial, judicial y mediática del PP para intentar acabar con su principal adversario político e impedir un cambio de Gobierno", recalcan.

¿Espionaje?

¿Constituyen todos estos accesos a bases de datos policiales un espionaje, como se queja el partido? Fuentes policiales responden a esta pregunta tajantemente: "En absoluto". Explican que varios de los conceptos que recogen los Excel son acciones ordinarias, habituales, como recepciones en hoteles o trámites con el DNI, que no tienen por qué suponer una investigación detrás. 

En el caso de Pablo Iglesias, por entonces secretario general de Podemos, constan consultadas efectuadas por una oficina de denuncias en Valencia, por la Sala del 091 de Zaragoza, por la comisaría del Congreso de los Diputados, por las de Alicante y Palma de Mallorca...

Por su parte, fuentes cercanas a la cúpula del Ministerio del Interior durante los años investigados rechazan que los Excel apunten a un espionaje contra Podemos y se remiten a que sólo reflejan acciones ordinarias de los agentes. También recalcan que algunos de los accesos son, incluso, anteriores a las elecciones.

"¿Qué sentido tendría?", se preguntan, "si nadie podía saber que esas personas serían diputados". Los primeros accesos datan de enero de ese año, esto es, mucho antes de los comicios generales y antes incluso de los autonómicos, celebrados en mayo de 2015.

Bases policiales

El posible uso espurio de las bases de datos policiales ha estado entredicho desde que se destapara el llamado caso Villarejo. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska cuenta con decenas de ellas.

El acceso a algunas de éstas requiere medidas de control "alto". Ese nivel supone que el agente que entra en el sistema deja registrada su identidad, la fecha y la hora de la consulta y lo que ha consultado. Ese rastro digital permanece durante dos años.

Fuentes policiales aseguran a este diario que los ficheros con datos más sensibles, como es Sidenpol, exigen ese protocolo, y el que accede al sistema deja su huella. El agente que busca determinada documentación desde su ordenador lo hace introduciendo su carné profesional, de modo que todo queda registrado.

Lo relevante en esta causa judicial es el porqué de esas búsquedas y si contaban con el aval judicial en el caso de necesitarlo. Eso es lo que determinará si había o no una consulta justificada.

Además, la Policía dispone de una aplicación que se llama Caupol. Es una especie de herramienta que audita las consultas, pero siempre que haya una denuncia previa.