Actualidad política, en directo | El Consejo de Ministros aprueba este martes el cese de Isabel García como directora del Instituto de las Mujeres tras las revelaciones de EL ESPAÑOL

Tal y como ha podido confirmar Fernando Garea. 

Según ha publicado EL ESPAÑOL, la directora del Instituto de las Mujeres habría recibido al menos 64 contratos públicos de Ayuntamientos gobernados por el PSOE, con los que habría facturado alrededor de 250.000 euros con las empresas que comparte con su mujer, Elisabeth García. 

Este martes EL ESPAÑOL publica que la directora del Instituto de la Mujer y su pareja comercializan planes de Igualdad que subvenciona el Instituto de la Mujer con fondos UE. 

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha insistido en que el PSOE debe comprometerse a dar marcha atrás en el "desmantelamiento del bono social" para que su formación apoye este miércoles la convalidación del último decreto ley anticrisis en el Pleno del Congreso.

"Los votos de Podemos no se pueden utilizar para hacer recortes", ha remarcado Belarra en declaraciones en el Congreso, denunciando que el decreto que el Gobierno pretende convalidar ahora los incluye, especialmente en lo relativo al bono social eléctrico.

En este contexto, ha incidido en que tendrán que retirar ese recorte si quieren que Podemos facilite la convalidación. El decreto ley ya no puede corregirse porque está en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), es decir, para hacer efectivo en su caso el compromiso que piden los morados, el Gobierno debería comprometerse a mantener el bono social a través de una enmienda y a que el decreto se tramite como proyecto de ley.

El Consejo Fiscal estudia este martes si es compatible o no que Dolores Delgado sea fiscal de Memoria Democrática siendo pareja del exjuez Baltasar Garzón, que dirige una fundación de Derechos Humanos. Abordará el debate en cumplimiento de las sentencias del Tribunal Supremo que anularon el nombramiento y en las que se ordenaba al órgano examinar el caso.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha convocado a los miembros del Consejo Fiscal a un Pleno extraordinario a las 12.00 horas con un único punto en el orden del día: ejecutar las sentencias por las que se estimaron los recursos de la Asociación de Fiscales (AF), de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y del fiscal antidroga Luis Ibáñez -candidato al cargo- contra la designación de Delgado al frente de Memoria Democrática.

Los tres alegaron ante el Supremo que el nombramiento no era válido porque García Ortiz no dio opción al Consejo Fiscal de estudiar si Delgado incurría en causa de incompatibilidad al ser pareja de Garzón, que dirige una fundación dedicada a la defensa de los Derechos Humanos, materia que aborda también la Fiscalía de Memoria Democrática.

Los portavoces de EH Bildu y BNG en el Congreso, Mertxe Aizpurua y Néstor Rego, respectivamente, han tildado de "lawfare" la actuación del juez Juan Carlos Peinado al citar a declarar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la investigación que sigue en el caso que afecta a su esposa, Begoña Gómez.

Aizpurua, en declaraciones a los periodistas tras reunirse con los ministros Félix Bolaños y Ernest Urtasun en la ronda de contactos sobre el plan de regeneración democrática, ha subrayado que la investigación comenzó auspiciada por la extrema derecha.

"Sigue siendo así en cada paso que está dando este juez. Es la extrema derecha la que está alentando todas las decisiones, todas las decisiones judiciales", ha añadido antes de considerar esa actitud "lawfare" o "llámese como se quiera".

El Gobierno finaliza este martes con PP, Junts, ERC, UPN y Coalición Canaria la ronda de contactos en el Congreso de los Diputados con los grupos parlamentarios para concretar las medidas del plan de regeneración democrática planteado por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, del PSOE, y el de Cultura, Ernest Urtasun, de Sumar, iniciaron el lunes las reuniones con todos los grupos menos Vox y hoy finalizarán los encuentros, que tendrán lugar de forma paralela a la celebración del pleno extraordinario que abordará, entre otros asuntos, la modificación de la ley de extranjería y la reforma del Consejo General del Poder Judicial.

En concreto, ayer ambos ministros mantuvieron charlas en el Congreso de los Diputados con representantes de PNV, EH Bildu, Podemos y BNG, que expresaron sus dudas y en algunos casos incluso su decepción con el plan de regeneración democrática, y pidieron más medidas, como romper el pacto con el PP para reformar el Consejo del Poder Judicial o derogar por completo la conocida como ley mordaza.

El Pleno del Congreso de este martes decidirá si convalida o deroga el último decreto anticrisis que aprobó el Gobierno, donde se incluyen medidas como la eliminación del IVA del aceite de oliva y la prórroga de la rebaja fiscal a los alimentos básicos hasta septiembre, la prohibición del corte de suministros básicos a familias vulnerables o la subida de los salarios de los funcionarios públicos.

Ese paquete de medidas y otras muchas que incluye el texto ya están en vigor, pero al ser un decreto tiene que recibir el visto bueno del Congreso. Si lo logra, lo previsible es que se tramite como proyecto de ley para poder introducir después enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios y modificar el texto original.

El Gobierno confía sacar adelante el decreto y para ello está manteniendo conversaciones con Podemos. Por su parte, ERC está más cerca del sí, ya que su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, señaló que estaba manteniendo negociaciones con el Gobierno para poder apoyar el texto, que los catalanes quieren que "sea realmente un decreto que ayude a la gente".

El Pleno del Congreso debatirá y votará este martes los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones, un paso imprescindible para la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado de 2025 que el Gobierno quiere tener listos en tiempo y forma para final de año.

Después de que los departamentos ministeriales hayan entregado a Hacienda sus respectivos presupuestos y de haberse reunido el Consejo de Política Fiscal y Financiera, del que forman parte el Gobierno y las autonomías de régimen común, se establecen estos objetivos, que son el pistoletazo de salida para la tramitación de las cuentas públicas y la base sobre la que el Estado, las comunidades y las entidades locales fijan su tope de deuda y déficit.

Será la tercera vez este año que la Cámara Baja examine unos objetivos de estabilidad presupuestaria. El Gobierno llegó a presentar los relativos a los Presupuestos de 2024 hasta en dos ocasiones, aunque finalmente esas cuentas no se tramitaron por el adelanto electoral de Cataluña, y siguen vigentes las de 2023, que se prorrogaron automáticamente el 1 de enero.

El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá este martes la toma en consideración de la reforma de la Ley de Extranjería para repartir de forma obligatoria a menores migrantes no acompañados a otras comunidades cuando la receptora supere el 150% de su capacidad de acogida. El PP ha avanzado su no, tras rechazar Moncloa sus condiciones, y ERC, Junts y Vox también se han posicionado en contra.

La proposición de ley, firmada por el PSOE, Sumar y Coalición Canaria se registró el pasado lunes en el Congreso. Del texto de la misma se desprende que el Gobierno quiere poder elegir, a través de un órgano competente de la Administración General del Estado, cuál debe ser la Comunidad Autónoma a la que se trasladen desde Canarias, Melilla o Ceuta a los menores migrantes no acompañados en caso de sobreocupación en estas regiones.

Respecto al "plan b" si la proposición no sale adelante, el ministro Ángel Víctor Torres deslizó que el Gobierno está dispuesto a aprobar como Decreto-Ley la reforma de la Ley de Extranjería en Consejo de Ministros, tal y como ha reclamado Canarias, si cuenta con el apoyo del PP, con el fin de que se aplique de forma inmediata.

El Pleno del Congreso elige este martes a los 10 nuevos vocales del CGPJ que corresponden a la Cámara Baja y aprobará, para su remisión al Senado, la reforma judicial pactada también por el PSOE y el PP en el marco de su acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces, que está en funciones desde diciembre de 2018 cuando caducó su mandato.

En concreto, los 10 vocales que corresponde elegir a la Cámara Baja -seis de origen judicial y cuatro juristas de reconocido prestigio- serán designados mediante votación en urna y necesitan una mayoría cualificada, es decir, tres quintos de la Cámara, que en el Congreso son 210 votos.

Habrá dos tandas de votaciones: una para elegir a los seis vocales del turno judicial y otra para los cuatro juristas. En cada una de ellas los diputados no podrán poner más de seis o cuatro nombres en sus papeletas.