Actualidad política, en directo | Gamarra ve "insostenible" la situación de Sánchez tras perder varias votaciones: "Su tiempo ha terminado"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha negado que Isabel García haya sido cesada por las informaciones reveladas por EL ESPAÑOL sobre sus negocios junto a su pareja al hacerse con al menos 64 contratos de ayuntamientos en manos del PSOE para gestionar los 'puntos violeta' y para actividades de igualdad y feminismo

"Solo tengo palabras de agradecimiento para Isabel. Ha sido una excelente colaboradora al frente del Instituto de las Mujeres, Hemos hablado estos días y creo que había que dar un nuevo impulso al Instituto de las Mujeres y por ello se sustituye a Isabel por una mujer con una gran trayectoria en el feminismo", ha explicado.

A su juicio, Isabel García podrá defenderse mejor fuera de las instituciones y de la Administración y eso es lo que, según la ministra, García le ha trasladado estos días. También, ha defendido que la Oficina de Intereses no vio ninguna incompatibilidad cuando fue nombrada al frente del Instituto de las Mujeres. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha acudido al Pleno del Congreso que se ha celebrado este martes en el que se debatían, entre otros asuntos, la toma en consideración de la reforma de la Ley de Extranjería y los objetivos de estabilidad, paso previo para la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2025.

El jefe del Ejecutivo tenía previsto asistir al Pleno de la Cámara Baja, tal como aparecía en la agenda de previsiones del Gobierno para este miércoles 23 de julio distribuida por Moncloa. De hecho, sus principales colaboradores se encontraban en el Congreso esperando su llegada, pero finalmente ha decidido no asistir.

Durante la sesión, el Gobierno ha visto como se rechazaba la toma en consideración de la reforma de la Ley de Extranjería para que el reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas fuese obligatorio y también cómo caían los objetivos de estabilidad.

El portavoz económico de Sumar en el Congreso, Carlos Martín, ha criticado que PP y Junts "se pegan un tiro en el pie" no aprobando la nueva senda de estabilidad presupuestaria y remarca que los nuevos Presupuestos no quedan paralizados, dado que podrían presentarse con el techo de gasto vigente actualmente.

A través de la red social 'X', ha remarcado que el rechazo de estas dos formaciones a la senda de estabilidad y los objetivos de déficit implica restar 3.000 millones de gasto a las comunidades y 1.500 a las corporaciones locales.

"La no aprobación hoy de la nueva senda ni frena ni paraliza la elaboración de los PGE de 2025, solo los enmarca dentro de la senda vigente en lugar de la nueva", ha apostillado.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que es "insostenible" la situación del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tras "perder votaciones" en el Congreso y le ha emplazado a hacer una "reflexión" porque, a su juicio, debe entender que "ha terminado su tiempo" y los españoles merecen "otro Gobierno". En este escenario, ha indicado que el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, anunciará este miércoles las medidas que "deben llevarse a cabo" si Sánchez "no da un paso al frente".

El jefe de la oposición ha convocado este miércoles a sus diputados, senadores y eurodiputados a partir de las 13.30 horas en el Senado para una reunión plenaria de los grupos parlamentarios del PP, donde aprovechará para hacer balance del curso político.

Ese encuentro de Feijóo con sus parlamentarios se producirá un día después de que el Pleno del Congreso haya rechazado los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones. En la misma sesión plenaria también se ha tumbado la reforma de la Ley de Extranjería, que ha contado con el rechazo de PP, Vox y Junts.

El Congreso ha convalidado, con los votos en contra de Vox y la abstención del PP, el real decreto ley que prorroga algunas de las medidas puestas en marcha para aliviar los efectos de los conflictos de Ucrania y Oriente Medio e incluye otras nuevas, como la eliminación hasta octubre del IVA del aceite de oliva y la reducción del IRPF a las rentas bajas.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recordado que se trata del noveno paquete de medidas anticrisis aprobado por el Ejecutivo para ayudar especialmente a los colectivos más vulnerables, por un valor total de 120.000 millones desde 2020.

El llamado decreto anticrisis, que el Gobierno ha sacado adelante gracias al apoyo de ERC, PNV, EH Bildu, Podemos y Junts (178 votos a favor, 33 en contra y 138 abstenciones), se tramitará como proyecto de ley, lo que permitirá a los grupos parlamentarios introducir enmiendas.

El Pleno del Congreso ha aprobado este martes la reforma judicial pactada por PP y PSOE, en el marco de su acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De esta manera, concluye su paso por la Cámara Baja y será remitida al Senado para continuar con su tramitación parlamentaria.

La propuesta sólo ha contado con el voto a favor de los dos grandes partidos más Coalición Canaria. Enfrente se han encontrado con el 'no' de Vox, Junts y Podemos y la abstención de Sumar. También se han abstenido Unión del Pueblo Navarro (UPN) y PNV, a excepción de una de sus diputadas que se ha equivocado y ha votado a favor.

De su parte, ERC, Bildu y BNG, han optado por desmarcarse no participando en la votación como han venido haciendo durante toda la tramitación, al considerar que no cambia "nada" y sigue favoreciendo la persecución judicial que definen como 'lawfare'.

El Pleno del Congreso ha tumbado este martes con los votos de PP, Vox y Junts la toma en consideración de la iniciativa de reforma de la Ley de Extranjería para obligar a las comunidades autónomas a acoger a menores extranjeros no acompañados.

La reforma, solicitada por el Ejecutivo canario, suponía modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería para establecer una acogida solidaria y obligatoria entre las comunidades y aliviar zonas de llegada como Canarias, Ceuta o Melilla cuando la ocupación de sus recursos sobrepase el 150 % de su capacidad.

Tanto el PP y Coalición Canaria pidieron este martes al Gobierno que retirara su propuesta de reforma de la Ley de Extranjería para dar más tiempo a la negociación con los grupos parlamentarios. 

Este varapalo en el Congreso se porduce tan solo diez días después de que el Gobierno y las comunidades autónomas acordaran el reparto puntual de 400 migrantes, lo que motivó la salida de Vox de los gobiernos autonómicos que compartía con el PP.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este martes que es "lógico" que las comunidades autónomas gobernadas por el PP acudan a los tribunales al no reunir el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, la Conferencia de Presidentes. A su entender, "se han hartado" porque cada vez que promete reunir ese órgano, luego no lo hace.

Las comunidades de Aragón, Galicia, Andalucía, Murcia, Castilla y León, Madrid, Extremadura, y Baleares han anunciado este martes que presentarán un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo para que el jefe del Ejecutivo convoque la Conferencia de Presidentes, que lleva más de dos años sin reunirse. A su entender, es necesario convocar un encuentro para tratar asuntos como la inmigración irregular o la financiación autonómica.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Gamarra ha recordado que los presidentes del PP han solicitado tanto en 2023 como en 2024 que se reuniera la Conferencia de Presidentes "para hablar sobre las políticas que hay que coordinar" entre Gobierno y CCAA.

Junts ha anunciado que votará en contra de la senda de déficit presentada por el Gobierno, lo que retrasará los nuevos Presupuestos. Pese a que María Jesús Montero confiaba en que la senda saldría adelante por el "sentido común" de los socios habituales del Ejecutivo, los independentistas han unido sus votos a PP y Vox para hacer descarrilar la senda de estabilidad.

El Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros de la semana pasada los objetivos de estabilidad para el periodo 2025-2027. Para 2025, el conjunto de las Administraciones tenía un objetivo de déficit del 2,5%, el cual se reducía hasta el 2,1% el próximo año. Para el final del periodo, el déficit debía situarse en el 2,7%.

Dentro de esa senda, era la Administración central la que asumía la mayor parte del esfuerzo fiscal, con el fin, aseguró Montero, de dar más margen a las comunidades autónomas. Para 2025, el objetivo de déficit de la Administración Central se había fijado en el 2,2%, seis décimas menos que en la senda actual. En 2026, se esperaba alcanzar el 1,8%, un punto menos que en el plan anterior; y en 2027, el déficit debía llegar al 1,5%.

El Gobierno reconoce que es pesimista ante la votación de la toma en consideración de la reformar la Ley de Extranjería y hacer obligatorio el reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas, a pesar de las negociaciones que se han llevado a cabo esta misma tarde con la mediación del presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

A poco más de una hora de que se lleve a cabo la votación en el Pleno del Congreso de los Diputados, fuentes del Gobierno sostienen que han hecho todos los esfuerzos para convencer al PP y dan a entender que la votación no saldrá adelante.

En este sentido señalan que estaban dispuestos a incluir medidas para cubrir las peticiones que habían planteado los de Alberto Núñez Feijóo, como por ejemplo, incluir mecanismos para afrontar situaciones de urgencia y de emergencia.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este martes que habrá tiempo a lo largo de los próximos meses de debatir sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025 con los distintos grupos parlamentarios, aunque ha insistido en que la hoja de ruta que el Gobierno comprometió con las fuerzas políticas que apoyaron la investidura del presidente Pedro Sánchez "continúa su senda".

El Pleno del Congreso debate y vota este martes los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones.

"Es un paso previo en la elaboración y presentación, espero que en tiempo y en forma, de los presupuestos del Estado para el año 2025. Unas cuentas públicas con las que queremos continuar consolidando derechos, libertades, fortalecimiento a la clase media y trabajadora y transformando el modelo productivo", ha remarcado la ministra en su intervención en el Congreso para defender la senda fiscal.

La Mesa del Congreso ha aprobado este martes por unanimidad aplicar a los diputados y al personal de la Cámara la subida salarial del 2,5% aprobada el pasado 25 de junio por el Consejo de Ministros para los empleados públicos.

Este incremento del 2,5% para este año es el previsto en el acuerdo que el Ejecutivo firmó con los sindicatos, y que contempla un incremento del 2%, más un 0,5% adicional en función de la evolución del IPCA. Habitualmente el incremento salarial de los miembros de las Cámaras se ajusta al previsto para los funcionarios.

Según han informadofuentes parlamentarias, la decisión se ha adoptado con el respaldo de PSOE, PP y Sumar, los tres grupos que forman parte del órgano de gobierno de la Cámara y, como se ha hecho con los funcionarios, el incremento se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024.

El lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente Pedro Sánchez se reunirán este próximo viernes en el Palacio de Ajuria Enea para hablar, entre otras cuestiones, de uno de los principales objetivos que se ha marcado el presidente del Gobierno Vasco, la culminación del Estatuto de Gernika, con el traspaso de todas las competencias pendientes. También se prevé que Pradales aborde la gestión de los Pertes y de los fondos Next.

Este mismo martes se ha conocido que Sánchez se desplazará hasta Vitoria-Gasteiz, en un gesto inusual y apenas un mes después de que Pradales jurara su cargo en la Casa de Juntas de Gernika como nuevo presidente del Gobierno vasco de coalición del PNV y PSE-EE.

La cita se celebrará tras la visita de Sánchez a Barcelona para reunirse con el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en la semana clave para desencallar las negociaciones para una posible investidura del primer secretario del PSC, Salvador Illa.

Hasta diez gobiernos autonómicos del PP han anunciado que presentarán un recurso contencioso administrativo para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoque una Conferencia de Presidentes para abordar la crisis migratoria.

Esta era una de las exigencias del partido de Alberto Núñez Feijóo para no tumbar esta tarde la toma en consideración de la reforma de la Ley de Extranjería que se vota esta tarde en el Congreso, además de declarar una 'emergencia migratoria'.

De los 11 gobiernos autonómicos del PP, diez de ellos han anunciado este martes que recurrirán: Aragón, Baleares, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia, Andalucía y Extremadura se unen a Madrid, que ya lo confirmó la semana pasada y Cantabria que estudia hacerlo.

El Gobierno presentará el plan de regeneración democrática tras el verano, una vez finalizada este martes la ronda de contactos con los grupos, entre ellos sus socios parlamentarios, que han pedido la derogación de la ley mordaza, mientras el PP ha criticado la iniciativa calificándola de 'plan Begoña'.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el de Cultura, Ernest Urtasun, han celebrado entre este lunes y este martes reuniones en el Congreso con todos los grupos menos Vox para recibir aportaciones al plan de regeneración planteado por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

La intención ahora es recopilar las aportaciones recibidas para seguir dando forma al plan y presentarlo tras el verano, según han señalado a Efe fuentes del Ejecutivo, que no han concretado fecha ni el tipo de iniciativa con el que le darán forma.

El PSC ganaría las elecciones en el Ayuntamiento de Barcelona, según el barómetro semestral municipal, que coloca a los socialistas (que actualmente gobiernan) en primer lugar en intención directa de voto con un 17,2%, 3,7 puntos porcentuales más que en el último barómetro de diciembre y a 6,4 puntos de BComú.

Lo han explicado este martes en rueda de prensa la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, y el director de la Oficina Municipal de Dades de Barcelona, Màrius Boada, que han presentado la encuesta del primer semestre del año, realizada del 25 de junio al 4 de julio con unas 800 entrevistas telefónicas.

Los socialistas se sitúan a seis puntos de BComú, que obtiene un 10,8% en intención directa de voto; en tercer lugar se coloca ERC con un 9,7%, seguido de Junts con un 7,3%, la CUP (que actualmente no tiene representación) con un 3,3%, el PP con un 2,6% y Vox con un 1,1%.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido a los grupos parlamentarios apoyo para convalidar el último decreto anticrisis y ha apelado al "interés general", ya que el texto incluye medidas que están esperando "muchos hogares y empresas".

"Este decreto ley es un ejemplo más de que este Gobierno cree, cree en la justicia fiscal, cree en la mejora de los servicios públicos y cree en el apoyo a nuestra industria, a nuestras empresas y a nuestros autónomos. Y lo demostramos con hecho, con medidas concretas que ahora necesitan el apoyo del resto de grupos políticos para su convalidación", ha trasladado a la Cámara Baja la ministra de Hacienda.

Para Montero, no se trata de apoyar a este Gobierno, sino que se trata de medidas necesarias para el interés general de la ciudadanía del país. "Son medidas que están esperando ahí fuera muchos hogares, muchas empresas que no entienden que la política, que los políticos, no pongamos todo de nuestra parte para solucionar los problemas que les afectan pensando en el interés general", ha remarcado.

El Grupo Parlamentario Popular ha señalado este martes que la "trama" de Isabel García, cesada este martes como directora del Instituto de las Mujeres, "debería ser el preludio" de la tercera carta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Esta nueva trama, señora ministra, no se soluciona con un simple cese. Este cese debería ser el preludio de la tercera carta del presidente", ha señalado la 'popular' Patricia Rodríguez a Ana Redondo en el debate de la toma en consideración de la Ley de Paridad en el Congreso de los Diputados.

Asimismo, ha acusado a la ministra de Igualdad así como al PSOE de pedir "humanidad y paciencia para quien se lucra en la atención de la gente, mientras cientos de mujeres y asociaciones lo hacen de manera voluntaria".

El Senado ha constituido este martes la comisión que investigará la gestión de José Félix Tezanos como presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en aras, según el PP, de "garantizar la transparencia" y "devolver el rigor" que cree que necesita la institución.

La creación de la comisión de investigación fue aprobada el 17 de julio por el pleno de la cámara, a propuesta del PP y con el apoyo de otros senadores, como los de Junts y Vox, y finalmente se ha constituido con las abstenciones de los grupos minoritarios de la izquierda.

Los senadores populares ocuparán la presidencia (Antonio Luengo), vicepresidencia (Teresa Belmonte) y una secretaría (Lucía Yeves) mientras que al PSOE le ha correspondido la vicepresidencia segunda (Gabriel Colomé) y otra secretaría.