Bruselas amonesta a Sánchez por no reforzar la independencia del fiscal general del Estado

En su informe sobre el Estado de derecho en España en 2024, Bruselas ha amonestado este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez por no haber cumplido su otra recomendación central: reforzar la independencia y la autonomía del fiscal general del Estado mediante la separación en el tiempo de su periodo de mandato respecto al del Gobierno.

"España ha realizado algunos progresos en fortalecer el estatuto del fiscal general, pero no en lo que se refiere a desvincular en el tiempo el mandato de éste del del Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas sobre la independencia y la autonomía del ministerio fiscal", lamenta el informe.

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Por eso, la principal recomendación del Ejecutivo comunitario de cara al próximo año es ahora fortalecer la independencia del fiscal general. En su acuerdo para renovar el CGPJ, PP y PSOE ya han introducido algunos elementos en este sentido, como la prohibición de puertas giratorias. Pero dejaron fuera la cuestión de la desvinculación de su mandato del del Gobierno, que ya se aplica a otros cargos independientes como el del gobernador del Banco de España.

En cuanto al CGPJ, Bruselas insiste en la necesidad de cumplir las dos partes del acuerdo del 25 de junio, que firmaron en Bruselas el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el negociador del PP, Esteban González Pons. No sólo la renovación, sino también la reforma del procedimiento de nombramiento de sus miembros jueces "teniendo en cuenta las normas europeas de Consejos Judiciales".

"Cuando hablamos de estándares europeos, lo que queremos conseguir es tener una mayoría de miembros del CGPJ que sean jueces elegidos por sus propios pares", ha reiterado el comisario de Justicia, Didier Reyenders.

Críticas a los jueces

En su informe sobre el Estado de derecho en España, el Ejecutivo comunitario se hace eco además de la inquietud expresada por el CGPJ y las asociaciones de jueces por las críticas de miembros del Gobierno contra decisiones judiciales o contra la judicatura en general.

"Si bien los tribunales no son inmunes a la crítica y el escrutinio, la confianza pública en el poder judicial es fundamental para su eficacia, en vista de su papel especial en la sociedad. El daño a esta confianza es particularmente relevante cuando se trata de declaraciones de miembros del legislativo y del ejecutivo, ya que todos los poderes del Estado deben fomentar y proteger la confianza de los ciudadanos en las instituciones constitucionales, incluido el poder judicial", avisa Bruselas.

El informe sobre el Estado de derecho en España lamenta además la falta de avances tanto en la legislación sobre lobbies, como en el fortalecimiento de las normas sobre conflictos de interés y declaraciones patrimoniales de los altos cargos con funciones ejecutivas.

En este sentido, el Ejecutivo comunitario vuelve a exigir la creación en España de un registro público obligatorio de lobistas. También ve urgente reforzar la independencia y el poder sancionador de la Oficina de Conflictos de Interés.

Respecto a las recomendaciones formuladas en 2023, Bruselas sí ve una intensificación de los esfuerzos para reducir la duración de los procedimientos judiciales y abordar los casos de corrupción de alto nivel, pero pide concluir cuanto antes la reforma del Código Procesal Penal. 

El capítulo de exigencias para España se cierra un año más con una petición para que se revise la Ley de Secretos Oficiales con el fin de mejorar el acceso a la información, teniendo en cuenta los estándares europeos en este ámbito.