ERC renuncia a mantener cargos en el 'sottogoverno' para hacer oposición sin trabas a Salvador Illa

La decisión pretende ser un símbolo claro de que una cosa es favorecer la formación de un Govern y otra sacarle provecho propio. Porque el partido saldrá perjudicado gravemente. Cientos de personas colocadas con sueldos públicos perderán su puesto de trabajo y, además, las finanzas de Esquerra adelgazarán en el peor momento.

El pasado 16 de julio, la Generalitat actualizó, en el portal de Transparencia, sus listados de altos cargos, asesores y directivos de empresas públicas nombrados por el Govern de Pere Aragonès.

El llamado sottogoverno suma en la actualidad 614 puestos de trabajo. Y todos ellos tienen la orden o indicación de que renuncien a sus empleos a partir de que Illa sea president.

Los 614 empleos colocados políticamente son, por un lado, 363 puestos políticos: secretarios generales, directores generales y personal eventual -como asesores, jefes de gabinete y secretarios-. Y por otro, 251 directivos de entidades públicas.

7 millones menos al año

El sueldo medio de los cargos políticos es de 85.500 euros brutos anuales. Y el de los directivos de empresas y entes públicos supera los 92.500 euros.

Por imposición de la llamada Carta Financiera de los estatutos de Esquerra (artículo 623.5), la inmensa mayoría de estas personas aportan un 10% de sus retribuciones brutas a la financiación del partido.

La cuota se calcula en función de la dedicación -exclusiva o no- y del nivel de ingresos... pero ese tope del diezmo se impone a partir de unos ingresos de 35.000 euros anuales. Y la inmensa mayoría de estos cargos a dedo del Govern supera con creces esa frontera salarial. 

Así, a la aportación de unos 9.000 euros por cargo al año, y teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de los 614 fueron designados por el Govern de Aragonès, ERC perderá ingresos por no menos de 4,5 millones de euros al año.

A estas cantidades habría que sumar el bajonazo ya sufrido por Esquerra en las subvenciones que cobra del Parlament en función de los diputados logrados.

En la pasada legislatura los republicanos recibían casi cuatro millones de euros al año (concretamente, 3.890.000) a cuenta de los 33 escaños logrados en 2020. Ahora, los 20 diputados de ERC le dan derecho a algo menos de 2,5 millones anuales.

En total, a la formación de izquierda independentista, las elecciones del 12 de mayo le han costado siete millones de euros al año.

Y es que esos empleos públicos -designados a dedo por Presidencia (uno de cada tres) y las consejerías-, además de por las empresas, consorcios y entidades públicas, han sido colocados por el Govern de ERC. Y la inmensa mayoría, además, en los últimos dos años y medio, en los que ha gobernado en solitario.

Muchos de ellos son militantes de Esquerra, profesionales vinculados a la formación de izquierda separatista, o de su entorno ideológico.

Y todos vienen obligados por la citada Carta Financiera de ERC, que obliga a "las personas elegidas en una contienda electoral por las siglas de Esquerra Republicana o de una lista asociada, o bien designadas a instancias de un órgano del partido para ocupar un puesto en una institución del sector público".

Así, si estos centenares de personas son leales con quien los nombró, prácticamente todos deben cesar una vez que Illa tome posesión como president, y cada conseller monte la estructura de su departamento. Porque menos del 10% de ellos ocupa sus puestos desde la anterior legislatura, cuando gobernaba Quim Torra... y hay sólo uno que, incluso, lo hace desde los años de Pasqual Maragall.

"Sólo oposición"

Desde la noche electoral, cuando se confirmó le descalabro de Esquerra, emisarios de Illa contactaron con el partido republicano, entonces aún presidido por Oriol Junqueras. Sólo Illa tiene opciones de sumar la mayoría para ser investido: o bien con la fórmula elegida (PSC+ERC+Comuns) o bien con la "inviable, impensable e implanteable" de montar lo que ERC y Junts calificaron como "bloque españolista" con PP y Vox.

El PSC siempre explicó que iría a repetición electoral antes de sondear esta última opción. Y Junts siempre aseguró que no negociaría nada con "el más españolista de los socialistas catalanes" y que sólo contemplaba "la restitución de Carles Puigdemont" como president.

Pero Aragonès, esa misma noche, admitió la derrota anunciando que Esquerra asumiría el lugar en el que le había puesto la ciudadanía: "Iremos a la oposición", dijo, solemne.

Desde entonces, tanto Junqueras, primero, como Rovira, después, han confirmado públicamente esta postura. Aunque ninguno de ellos aclaró qué responderían a la oferta de Illa para mantener una gran parte de sus cargos de segundo nivel en la Administración catalana.

Sabedor de las divisiones internas y de la difícil posición financiera de ERC, el líder del PSC quiso jugar esa baza para facilitar la negociación. Pero Esquerra dice no.

La secretaria general, que ha comandado personalmente la negociación, está orgullosa de los pasos políticos dados: el acuerdo supone "el mayor avance en la financiación de Cataluña en 40 años" y, aunque suponga un sacrificio, Esquerra no tendrá puestos a dedo en el Govern de Illa.

"Haremos sólo oposición", concluye una fuente del entorno de Rovira. "Todo lo que se ha estado diciendo de nosotros era un bulo para torpedear la negociación y para intoxicar a nuestras bases".