El asesinato a un menor de 11 años en la localidad toledana de Mocejón, una infinidad de bulos sobre la nacionalidad del autor del crimen, los ataques al portavoz de la familia de la víctima por sus fotografías en África... Los acontecimientos de los últimos días han abierto un debate político en España: cómo combatir el odio en las redes sociales.
Para el fiscal de Sala de la Unidad de Delitos de Odio, Miguel Ángel Aguilar, hay varias soluciones a tener en cuenta: reformar el Código Penal para que los condenados por haber cometido delitos de odio en las redes sociales tengan que mantenerse un tiempo alejadas de ellas. O que todos los usuarios tengan que estar identificados.
Ha sido en una entrevista radiofónica en la Cadena Ser, en la mañana de este miércoles, donde Aguilar ha deslizado ambas ideas, que instantes después han recibido su correspondiente réplica en el plano político, con los distintos partidos posicionándose a favor o en contra.
La primera impresión en el Partido Popular ha sido positiva. El portavoz adjunto de la formación en el Senado, Antonio Silván, en una atención a los medios de comunicación en los pasillos de la Cámara Alta, se ha mostrado partidario de poner fin al anonimato de los usuarios en las redes sociales para así poner coto a las campañas de odio en internet.
"Cualquier medida que trate de atajar, atenuar y suprimir esos comportamientos a través de esos medios, será apoyada y bien recibida por el PP", ha sostenido Silván. "No nos podemos parapetar en el anonimato para decir lo que no decimos con nombres y apellidos. No puede servir para hacer declaraciones que con nombres y apellidos no realizaríamos".
De momento, en la dirección nacional del PP nadie se ha pronunciado sobre la iniciativa puesta sobre la mesa por el fiscal Aguilar. Aunque en el partido hay división de opiniones. Porque, sin ir más lejos, el número dos de Isabel Díaz Ayuso en el PP madrileño, Alfonso Serrano (que también es senador) no ve con buenos ojos obligar a los usuarios a desvelar su identidad.
A través de un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter, Serrano ha criticado la propuesta del Ministerio Público. "Nos horroriza que Maduro censure WhatsApp o X. Pero oye aquí somos más demócratas. Aquí prohibimos usar redes a quienes opinen como no nos guste", ha escrito.
"Sentido común"
Unas palabras que chocan frontalmente con la defensa que ha hecho su compañero Silván, miembro de la dirección del Grupo Popular en el Senado, de la propuesta planteada por el fiscal. "No es el sentido común de ningún partido", ha argumentado. Se trata del "sentido común de cualquier persona de bien", ha añadido.
Si bien no ha habido ningún dirigente de Génova que tome partido de manera oficial, la dirección popular se inclina por respaldar la postura de Silván. Los populares, al respecto, recuerdan que antaño presentaron iniciativas legislativas para que sea obligatorio que un usuario tenga que ofrecer sus datos personales para darse de alta en servicios digitales.