Sánchez promete al menos 50 millones a Canarias por la crisis pero no repartirá los menas por decreto

Sin embargo, tal y como ya publicó este diario, el Ejecutivo central no va a llevar al Consejo de Ministros del martes que viene el decreto ley para obligar al reparto de los menores migrantes no acompañados, tal y como pide Canarias. 

Sánchez y Clavijo celebraron este viernes una reunión en la isla de La Palma para abordar esta crisis migratoria, entre otras cuestiones. Es la primera reunión que mantienen, pese a la urgencia del asunto, desde 2018 y tuvo una duración de poco más de una hora. 

Tras la misma, Sánchez no ha comparecido ante los medios de comunicación y ha sido el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el encargado de dar las explicaciones de lo abordado. 

Según ha explicado, en los Presupuestos Generales de 2022 y 2023 se incluyeron dos enmiendas por 50 millones de euros cada una para atender a los menores. Esto no ha sido posible en 2024 al estar los Presupuestos prorrogados. 

"Hemos cerrado un compromiso para, al menos, en lo que queda de ejercicio, el Gobierno aporte los 50 millones que estaban en esas enmiendas", ha asegurado Torres. La aplicación, sin embargo, no es inmediata y a partir de ahora se realizarán reuniones para cerrar la cantidad definitiva. 

El Gobierno de Canarias, según ha dicho Clavijo, considera que la cifra debe ser "mucho mayor", ya que la situación actual no es la de los dos años anteriores. Ahora mismo hay en torno a 5.200 menores migrantes no acompañados en Canarias y la inmigración irregular ha crecido un 66% con respecto al año pasado. 

El decreto ley

Clavijo ha celebrado la inyección económica como "un gran avance" y "una buena noticia" pero ha dicho que "dista mucho de esa modificación legal que se tiene que hacer".

Antes del verano, el Congreso de los Diputados abordó la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería que obligaría al reparto de menores migrantes no acompañados, cuyo cuidado ahora mismo es competencia de la comunidad autónoma a la que llegan. Sin embargo, decayó porque el Gobierno no tuvo en cuenta las consideraciones que el PP pedía para votar a favor. 

El Gobierno de Canarias pide ahora que esa reforma se haga por decreto ley en el Consejo de Ministros, pero el Ejecutivo se niega porque no cuenta con los apoyos para convalidarla después, cuando se tenga que votar a los 30 días, y corre el riesgo de decaer. 

"La única solución posible a este problema es una modificación legislativa, pero exige la mayoría del Congreso y el apoyo de las Comunidades Autónomas, la mayoría de ellas gobernadas por el PP", ha dicho Ángel Víctor Torres. "Es la única solución posible, no hay otros mecanismos que no exijan votos en el Congreso", ha añadido. 

"Vamos a seguir avanzando para que el PP se sume a ese apoyo", ha dicho. "No hemos roto el contacto con los grupos parlamentarios y seguiremos trabajando en ello en septiembre", ha añadido.

El PP, sin embargo, asegura que el Ejecutivo no está queriendo negociar con ellos. De hecho, en una entrevista en este diario, Clavijo también aseguró que fue el Gobierno de España quien no se quiso sentar a negociar con el PP. 

Clavijo también ha dicho este viernes que en su reunión con Sánchez ha abordado "redoblar los esfuerzos de los gobiernos de Canarias y de España para que, con generosidad, podemos alcanzar un gran acuerdo". "Lo que nos separa es muy poquito y esperamos que en los próximos días y semanas se acentúen esos trabajos para que la modificación pueda llevarse a cabo", ha añadido.