Sánchez promete a Clavijo pactar "en dos semanas" la reforma de la Ley de Extranjería con el PP

Ha pasado más de un año desde su regreso a la presidencia del Gobierno canario, pero ha sido la emergencia migratoria en las islas la que propició que Clavijo fuese recibido este viernes por el presidente del Gobierno. Una cita que llevaba reclamando desde junio del año pasado, más aún cuando Coalición Canaria, el partido que lidera, fue uno de los que apoyó la investidura del socialista.

El encuentro fue en la Dirección Insular de la Administración General del Estado, en Santa Cruz de la Palma. Es decir, en la isla del volcán, La Palma, símbolo de otra de las crisis humanitarias que ha encadenado el archipiélago en los últimos años.

El gabinete del presidente del Gobierno llamó este martes por la mañana al de Clavijo, presionado porque Sánchez pasaba sus últimos días de vacaciones en Lanzarote, donde se acumulan cientos de los más de 5.200 menores extranjeros no acompañados (menas) que "saturan los servicios" del Ejecutivo insular.

Y se cerró la cita de inmediato, a la que llegaba el canario "a la expectativa", esperando ver qué proponía el jefe del Ejecutivo. "Él ya sabe lo que necesitamos", explicaba a este diario una fuente cercana a Clavijo.

"No os vamos a dejar solos"

La reunión se prolongó por algo más de una hora y diez minutos. Y se desarrolló "en tono conciliador", según testigos presenciales. Más allá de que la relación entre los dos protagonistas es "fría", Sánchez llegó a la reunión confesando la "preocupación" suya y de su Gobierno por la crisis humanitaria y llegó a prometer a Clavijo: "No os vamos a dejar solos".

Lo cierto es que a falta de lograr el objetivo "urgente" del canario, de la reunión sí salió el presidente autonómico con tres compromisos arrancados al de la nación: un mínimo de 50 millones de euros del fondo de contingencia, la inclusión del asunto migratorio en el orden del día de la inminente Conferencia de Presidentes, y "la más firme voluntad de acuerdo con el PP" para tener la ley reformada en dos semanas.

El montante económico de 50 millones no forma parte del acuerdo. Porque Clavijo no lo aceptó, al parecerle "inaceptable por insuficiente".

Sánchez le ofreció esa partida, argumentando que fue la cantidad que ya se le entregó a Canarias en 2022, en otra crisis migratoria. Pero el canario alegó que, en aquel año, eran 2.000 los menas los que atendían los servicios insulares. "Si cuando lleguen las calmas, van a ser como mínimo 6.000 los menores a nuestro cargo, el montante debería ser de 150 millones".

Entre otras cosas, explicó el presidente autonómico al líder del PSOE, "porque ya no puedo ni pagar a las ONG". Desde que formó Gobierno, tras las elecciones autonómicas del año pasado, comenzó a pedir ayuda a Madrid, explican las fuentes de su entorno. Y en este tiempo, la crisis se ha "comido" el Presupuesto de las islas.

Clavijo le dijo a Sánchez que lleva gastados casi 150 millones "de los canarios, a pulmón, y sin ayuda del Estado" para atender a los menores inmigrantes llegados a las islas. Finalmente, acordaron que el regateo de fondos se cerrará en la primera semana de septiembre, en una reunión que Clavijo mantendrá con la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, titular de Hacienda.

La ley, no el decreto

Canarias reclama un real decreto, que sea aprobado el próximo martes, en el primer Consejo de Ministros posterior al veraneo del Gobierno. "Es la única manera de ponerle solución a la crisis rápidamente", explican desde el entorno de Clavijo. "Al día siguiente, podríamos empezar los traslados de los chicos y las chicas".

Pero Sánchez lo rechaza, y así se lo explicó al canario en la reunión de este viernes: "Si hay acuerdo con el PP, vamos igual de rápido por la vía de la reforma de la ley", se supone que porque la tramitaría como proposición de ley por la vía de urgencia.

Pero es que, además, para sacar el decreto este martes no habría tiempo posible de negociación. Y sobre todo, la realidad política es que a Sánchez lo atrapa su debilidad parlamentaria. Para esto, no cuenta con los apoyos de Junts ni de Esquerra, sus socios imprescindibles en el Congreso.

Y en ese caso, sólo le queda volver sus ojos al PP de Alberto Núñez Feijóo... y eso, políticamente, no le ha convenido durante este verano.

La cuestión migratoria es una baza que le ha servido a Sánchez para tratar de orillar a los populares hacia la "derecha extrema" una vez más. O eso han intentado los relatores de Moncloa, apoyándose en algunas declaraciones poco afortunadas del mismo Feijóo o las más recientes de Xavier García Albiol, el alcalde popular de Badalona.

Pero la narrativa se rompió el 10 de julio, cuando los consejeros del PP de las 12 Comunidades Autónomas en las que gobierna votaron a favor del reparto propuesto por Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, en la Conferencia Sectorial. Y eso, a pesar de que el PP tenía la "amenaza" de Vox de romper sus acuerdos de coalición en seis regiones.

Finalmente, el partido de Santiago Abascal cumplió, rompió los acuerdos en Aragón, Murcia, Comunidad Valenciana, Extremadura, Baleares y Castilla y León... y lo que halló fue hasta cierta satisfacción del PP. 

Los de Feijóo han insistido desde hace mes y medio en su disposición a sentarse a negociar, pero no a apoyar a ciegas un texto que no incluya alguna de sus demandas. Pero a pesar de ello, el empeño del ministro Torres, expresidente socialista de Canarias, en no sentarse a negociar las condiciones que planteaba el PP para apoyar la reforma de la ley, hizo que ésta decayera en el último pleno del Congreso antes de agosto.

Así lo explicó el propio Clavijo en una entrevista con EL ESPAÑOL, en la que llegó a acusar al Gobierno de Sánchez de haber utilizado la crisis de las islas para "crear un conflicto político".