Ábalos ignoró una oferta que ahorraba 9,2M al Estado y permitió 44 días de retraso a la trama Koldo

Según la auditoría interna realizada en el Ministerio, en un lapso de tan sólo 38 minutos, Ábalos firmó el 20 de marzo de 2020 dos órdenes ministeriales sucesivas, en las que duplicaba, de 4 a 8 millones de mascarillas, el pedido para cubrir las necesidades de Transportes durante el estado de alarma.

Lo hizo a instancias de su asesor, Koldo García, quien había advertido que "el proveedor suministraba 8 millones [de mascarillas] o nada", tal como consta en el informe encargado por el ministro Óscar Puente, y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

De este modo, el Ministerio adjudicó al día siguiente, 21 de marzo, el pedido de 8 millones de mascarillas a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL —la firma para la que Koldo actuaba como comisionista—, por un importe total de 20 millones de euros. Es decir, a un precio de 2,5 euros por cada mascarilla.

Esta cantidad sería abonada por Puertos del Estado, si bien las mascarillas serían repartidas entre el personal de las distintas empresas públicas y departamentos del Ministerio de Transportes.

El contrato especificaba que Soluciones de Gestión debía entregar el material en un plazo máximo de 48 horas. Pero no ocurrió así. La empresa cabeza de la trama dilató los plazos y llevó las mascarillas hasta Madrid en cinco entregas. La última, el 8 de mayo, es decir, con 44 días de retraso.

Mientras tanto, señala el informe de auditoría, la publicación de la orden ministerial firmada por Ábalos tuvo un "efecto llamada" e hizo que otras empresas se dirigieran al Ministerio ofreciendo este material sanitario.

El 23 de marzo, dos días después de la publicación de la orden, el despacho Benzanilla y Renedo Abogados presentó en el registro del Ministerio una oferta para venderle la misma cantidad, 8 millones de mascarillas, a un precio de 1,35 euros por unidad.

Esta oferta habría ahorrado al Ministerio 9,2 millones de euros, respecto al contrato adjudicado a la empresa de la que era comisionista Koldo García.

En ese fecha, Soluciones de Gestión ya había incumplido el contrato que le había adjudicado el Ministerio de Transportes, pues debía entregar en Madrid la totalidad del pedido el 23 de marzo, y no había llegado ni una sola mascarilla.

Por tanto, el Ministerio estaba en condiciones de anular la adjudicación, por incumplimiento del contrato.

Pese a ello, Transportes decidió ignorar la oferta, mucho más económica, que había llegado el 23 de marzo y siguió adelante con el contrato de la empresa de la trama Koldo.

Puertos del Estado había remitido la oferta de Benzanilla y Renedo Abogados tanto a la secretaria del ministro Ábalos, como al correo electrónico de su asesor, Koldo García, y al subsecretario del Ministerio, Jesús Manuel Gómez.

Sin embargo, a preguntas del personal de Inspección que ha realizado la auditoría externa, ni Jesús Manuel Gómez ni el entonces secretario general de Puertos del Estado lograron aclarar por qué el Ministerio ni siquiera llegó a contestar a esta oferta que habría ahorrado más de 9 millones de euros.

En lugar de ello, el entonces secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, remitió por correo electrónico la oferta de Benzanilla y Renedo Abogados a Víctor de Aldama (el empresario que se ocultaba tras la firma Soluciones de Gestión) con las siguientes palabras: "Sólo para tu información, Víctor. Ánimo. Saludos".

"Pérdida de confianza"

Es decir, el secretario general de Puertos del Estado informó de este modo a Víctor de Aldama de que existía una oferta de un competidor, más económica de la suya.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció este viernes en el Senado la destitución del subsecretario de Estado Jesús Manuel Gómez y del jefe de personal de Adif, Michaux Miranda.

Ambos están citados a declarar el próximo mes de septiembre como investigados ante el juez que instruye el caso Koldo. Puente atribuyó ambas destituciones a que se ha producido una "pérdida de confianza" en ambos altos cargos, tras conocer las conclusiones de la auditoría interna realizada por el servicio de Inspección del Ministerio.

La Fiscalía Anticorrupción atribuye a los investigados en el caso Koldo presuntos delitos de organización criminal, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias.