Los 7 muros con los que choca Sánchez en el nuevo curso político: del plante de Borrell al 'caso Ábalos'

La investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat ha sido un gran éxito político para el PSOE, pero también ha hecho que se tambaleen las alianzas políticas del Gobierno. ERC pronto pasará la factura: la aprobación del concierto económico de Cataluña que rechazan casi todos los barones del PSOE y que ha provocado que se subleve, incluso, Josep Borrell.

Antes del verano, el presidente del Gobierno dejó encauzado el pacto por la Justicia con el nombramiento del nuevo CGPJ (que no logra romper el empate para elegir al presidente que decantará la nueva mayoría). Pero dejó una asignatura pendiente: su plan de "regeneración democrática" para acabar con los "pseudomedios" que lanzan "bulos". 

Sánchez lanzó este plan a raíz de las informaciones publicadas sobre su mujer, Begoña Gómez, que investiga el juez Juan Carlos Peinado, al que Moncloa intenta apartar ahora de la causa con dos querellas (presentadas por Sánchez y su mujer).

Pero ahora se ha sumado otro quebradero de cabeza: la auditoría interna del Ministerio de Transportes señala la implicación del exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos en los contratos irregulares del caso Koldo durante la pandemia.

1. Ya es el 'caso Ábalos'

La auditoría interna presentada el viernes en el Senado por el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha hecho que el caso Koldo se convierta en el caso Ábalos. El caso de corrupción que más ha sacudido al PSOE en el último año ya no es asunto de un correveidile, el exasesor del Ministerio Koldo García.

El informe indica que el exministro José Luis Ábalos se plegó a las exigencias de la empresa de la que Koldo actuaba como comisionista, al duplicar, en tan sólo 38 minutos, de 4 a 8 millones de mascarillas el pedido a esta compañía. El contrato pasó entonces de 10 a 20 millones de euros.

Y a continuación, la empresa pública Adif adjudicó al mismo grupo otro contrato de 5 millones de mascarillas, a pesar de que había incumplido todos los plazos de entrega y de que su oferta era la más cara de las cuatro disponibles.

La auditoría también acredita que el comisionista Víctor de Aldama tenía un "pase especial" para acceder al Ministerio, donde negociaba a solas con Ábalos y con Koldo. Todo ello acerca la posibilidad de que el Tribunal Supremo asuma la causa y pida el suplicatorio para procesar a Ábalos, quien ya amenaza con retirar su apoyo al Gobierno en las votaciones del Congreso.

2. Canarias desbordada

En su encuentro del viernes con el presidente canario Fernando Clavijo, Pedro Sánchez se comprometió a consensuar con el PP en 15 días la reforma de la Ley de Extranjería, para garantizar el mecanismo de reparto de los menores inmigrantes entre las distintas comunidades autónomas.

Desde entonces, se ha redoblado la presión de distintos ministros que acusan al PP de falta de "humanidad" por negarse a acoger a los menas que llegan a España buscando un futuro mejor.

La misma estrategia que el PSOE aplicó el pasado mes de julio, cuando el intento de negociar se limitó al envío de varios mensajes de WhatsApp por parte del ministro Ángel Víctor Torres. El resultado de aquella estrategia fue que el PP, Vox y Junts tumbaron la reforma en el Congreso.

Como ha revelado ahora la consejera de Bienestar Social de Canarias, Candelaria Delgado, en una entrevista a EL ESPAÑOL, el acuerdo no fue posible porque el Gobierno no garantizaba los fondos necesarios para que las CCAA puedan acoger a estos inmigrantes.

Desde el pasado mes de enero, han llegado a las islas Canarias más de 22.300 inmigrantes irregulares por mar, lo que supone un incremento del 126,1% respecto al año pasado. Pero el problema también se extiende a Baleares, que ya ha recibido más sin papeles que en todo el año pasado, y a la ciudad autónoma de Ceuta.

La gira diplomática que el presidente Pedro Sänchez tiene previsto emprender, tras el Consejo de Ministros del martes, busca cerrar acuerdos con Mauritania, Senegal y Gambia para contener la avalancha migratoria.

3. Un CGPJ con empate

El nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mantiene el pulso para nombrar al nuevo presidente. El acuerdo debería cerrarse antes del 5 de septiembre, cuando el Rey Felipe VI presidirá el solemne acto de apertura del nuevo año judicial.

Los 10 consejeros nombrados a propuesta del PSOE exigen que el nuevo presidente sea una mujer. Más concretamente, la magistrada del Tribunal Supremo Pilar Teso. Por su parte, los 10 consejeros propuestos por el PP abogan por Pablo Lucas, el magistrado del Supremo encargado del control judicial del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). 

Fue también el juez que autorizó al CNI a intervenir con el software Pegasus las comunicaciones del expresidente de la Generalitat Pere Aragonés en la investigación sobre los CDR. Una actuación que llevó a los partidos independentistas a exigir (y obtener) la destitución de la anterior directora delo CNI, Paz Esteban.

El nuevo presidente del CGPJ romperá el actual empate a diez en este órgano constitucional. No obstante, esto no supone que una mayoría vaya a imponerse sobre la otra, ya que el nuevo CGPJ necesitará una mayoría cualificada, por tanto con amplio consenso, para acordar nombramientos vacantes como los de las presidencias de sala del Tribunal Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ), la Audiencia Nacional y las Audiencias Provinciales.

4. Borrell y los 'barones'

El futuro de la legislatura puede depender de la capacidad de Pedro Sánchez de cumplir uno de los compromisos que ha adquirido con ERC: el concierto económico (la vicepresidenta María Jesús Montero no lo llama así) para que la Generalitat pueda recaudar todos los impuestos que se pagan en Cataluña. 

Pero esta medida no sólo cuenta con el rechazo de casi todos los barones regionales del PSOE (desde Adrián Barbón a Emiliano García-Page y Miguel Ángel Gallardo), sino de varios socios del pacto de investidura, como Compromís y Coalición Canaria.

A la rebelión se ha sumado el exministro socialista y todavía alto representante de la UE Josep Borrell, quien el viernes rectificó a la ministra de Hacienda y se mostró tajante: "No quiero quedar como un mentiroso, lo de Cataluña se llama concierto".

Hoy resulta bastante improbable que los siete diputados de Junts vayan a aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2025. Está en su mano. Pero Sánchez parece decidido, si es preciso, a prorrogar de nuevo los de 2023 para continuar en la Moncloa.

5. El 'caso Begoña'

El juez Juan Carlos Peinado sigue adelante con la investigación sobre las actividades profesionales de Begoña Gómez y ha citado a declarar este lunes, como testigos, a los representantes de dos de las entidades que financiaban la cátedra de la mujer del presidente del Gobierno ante la Universidad Complutense: Reale Seguros y el subdirector de la Fundación La Caixa.

A lo largo del viernes y el sábado, agentes de la UCO registraron, a instancias del juez Peinado, la casa y las oficinas de Carlos Barrabés (vinculado al Máster de Begoña Gómez en la Complutense) en una pieza separada en la que se investiga si obtuvo trato de favor en los contratos públicos adjudicados a sus empresas.

Aunque en su "carta a la ciudadanía" Pedro Sánchez aseguró que tanto él como Begoña están ansiosos por colaborar con la Justicia, ambos se acogieron a su derecho a no declarar cuando fueron citados ante el juez Peinado. 

La defensa de Begoña Gómez interpuso el pasado 2 de agosto una querella contra el magistrado, por los presuntos delitos de prevaricación continuada y revelación de secretos, que podría servir para apartar de la causa al instructor.

6. 'Regeneración' democrática

El presidente Pedro Sánchez decidió aplazar hasta después del verano las medidas de su anunciado plan de "regeneración democrática", para alcanzar un acuerdo con sus socios que no va a resultar fácil.

En su comparecencia ante el Congreso del pasado 17 de julio, apenas adelantó detalles, más allá de la intención de adaptar el nuevo Reglamento Europeo sobre Medios de Comunicación, que obliga a las empresas de este sector a una mayor transparencia sobre su accionariado y sobre los fondos públicos que reciben en forma de publicidad institucional.

Antes, Sánchez también había anunciado que quiere reformar las leyes de derecho al honor y a la rectificación. El presidente del Gobierno explicó, tras su retiro de cinco días provocado por la imputación de su mujer, que la intención de todas estas medidas es parar los pies a la "máquina del fango" y a los "pseudomedios" que publican "bulos". 

Algunos socios del Gobierno le piden ahora también medidas para combatir los "delitos de odio" y acabar con el anonimato en las redes sociales.

7. Puigdemont sin amnistía

Desde su entrada en vigor, el pasado 11 de junio, ya se han beneficiado de la ley de amnistía más de un centenar de personas. Casi la mitad de ellas son agentes denunciados por las cargas en la jornada del 1-O y en otras manifestaciones. El resto, dirigentes y activistas independentistas.

Pero sigue en el limbo de Waterloo Carles Puigdemont, lo que pone especialmente nervioso al Gobierno. El líder de Junts ya se ha librado de la acusación de terrorismo, debido a que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón se vio obligado a archivar (por defectos de forma en una de las prórrogas) la causa del Tsunami Democràtic.

Pero aún acecha a Puigdemont la acusación de traición por la trama rusa del procés, que el juez Joaquín Aguirre investiga en el caso Volhov, y la de malversación por los gastos del 1-O, ya que la doctrina del Supremo determina que no se puede aplicar la amnistía a este delito.

Probablemente el Tribunal de Justicia de la UE tendrá la última palabra, lo que puede demorar este trámite al menos seis meses.

Mientras tanto, el PP ya ha confirmado que recurrirá la ley de amnistía ante el Tribunal Constitución y pedirá la recusación de tres de sus magistrados (el presidente, Cándido Conde-Pumpido, el exministro Juan Carlos Campo y la exdirectora general de la Moncloa Laura Díez) por sus vínculos con el PSOE.

No será fácil que salga adelante la recusación, que debe resolver el propio pleno del TC, por lo que el PP se arriesga a que una sentencia favorable a la constitucionalidad de la ley de amnistía debilite las cuestiones prejudiciales que otras instancias (como el Tribunal de Cuentas) tienen previsto presentar contra la medida de gracia ante el TJUE.