PSOE, PP y CC llegaron a un pacto sobre migración en agosto pero el Gobierno no lo completó con cifras

De manera discreta, Fernando Clavijo, presidente de Canarias, logró convocar al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y al portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado. Les pidió que interrumpieran sus vacaciones y se reunieran en Madrid para cerrar un acuerdo porque la "crisis" ya era una "emergencia humanitaria" en las islas.

La cita fue productiva, y se llegó a un principio de acuerdo, según fuentes conocedoras de la negociación. Se elaboró un plan concreto que permitía la aprobación de la reforma de la Ley de Extranjería, y el establecimiento de cuotas para que cada Comunidad Autónoma debiera aceptar traslados de manera obligatoria en caso de "sobreocupación" en otra u otras.

Todo quedó a falta de un informe con cifras que debía aportar, de vuelta, el miembro del Gobierno.

"Nunca más se supo", explica una de las fuentes del lado popular. "Hemos hablado con el Gobierno en  muchas más ocasiones, con Torres, con Sira Rego, titular de Juventud e Infancia, y hasta Clavijo logró que Pedro Sánchez lo recibiera el viernes 23 de agosto en La Palma, pero nadie contesta", añaden fuentes del Ejecutivo insular.

¿Qué faltaba? Un informe del ministro de Política Territorial fijando el número de plazas mínimas y máximas con las que debería contar, en adelante, cada autonomía para acoger menores extranjeros no acompañados (menas). "Con eso bastaba y habríamos votado la ley ahora, a la vuelta del verano", es decir, en la reunión de la diputación permanente del pasado martes 27 de agosto, concluyen fuentes del PP.

El mismo día en el que Sánchez ofrecía 250.000 empleos para migrantes en Mauritania, principal país emisor (el 60%) de los cayucos.

Cita cordial

En la reunión, celebrada con un ambiente cordial según las tres partes, se elaboró un plan común para este reparto de los menas que colapsan los centros asistenciales de las islas y de Ceuta.

A fecha de hoy, son más de 5.300 los que se acumulan en los 88 inmuebles habilitados por las ONG en las islas, y más de 500 en la ciudad española del norte de África. Alrededor del triple de sus capacidades de emergencia, en cada caso.

La cita, según ha podido saber EL ESPAÑOL de fuentes cercanas, tuvo lugar esa tarde en la Delegación del Gobierno de las islas en Madrid. Y fue bien. Las personas consultadas mencionan que, al tratarse de una reunión privada, se avanzó más que en todas las semanas anteriores y se moldeó un plan inicial de actuación en tres niveles.

Primero, que la atención normalizada de los centros de menores migrantes correspondería íntegramente a las Comunidades Autónomas hasta llegar al 100% de capacidad. Segundo, que una vez superado ese 100%, los gobiernos regionales seguirán gestionando estos operativos, pero con recursos económicos y humanos aportados por el Estado: desde vivienda hasta educación, sanidad o atención psicosocial.

Por último, a partir de una sobreocupación del 150% de la capacidad inicial, sería directamente el Estado el que asumiría esa atención con sus propios mecanismos, instalaciones y recursos.

Discrepancias

El ministro de Política Territorial, según esta versión, se comprometió a compartir los datos de capacidad y ocupación para poder establecer las cuotas. El cálculo debía elaborarse con calma, teniendo en cuenta no sólo la población y recursos económicos de cada región, sino las instalaciones disponibles. Pero canarias y el PP todavía siguen esperando.

La versión oficial del Gobierno confirma este punto clave, el avance sobre los "porcentajes de carácter ordinario y extraordinario". Precisamente, el que quedó pendiente del documento nunca enviado por el Ministerio.

A pesar de ello, insiste el Ejecutivo en que ese aspecto "ya está establecido en el seno de la Conferencia Sectorial de Infancia, con el acuerdo vigente y unánime".

Torres asegura que "hay más discrepancias" respecto de lo recabado por este periódico, pero no concreta en qué, sólo apunta que no se puede hablar de preacuerdo.

Según fuentes de Política Territorial, "hubo más reuniones durante agosto (telefónicas y presenciales) para seguir avanzando con elementos a debate", pero nunca hubo "un principio de acuerdo". El entorno del ministro insiste en que permanece "con la mano tendida" y en que "ojalá" hubiese habido ese pacto.

Sin embargo, un portavoz del PP se reafirma en lo dicho y culpa al Gobierno de "no mover ficha" desde entonces por intereses partidistas.

Y desde el Gobierno de Clavijo se alega que la versión ofrecida por el Gobierno a este periódico no es correcta. "Todo estaba arreglado a la espera de esas cifras", lamenta un portavoz del presidente insular, que llegó a culpar a Torres de buscar "un conflicto político" utilizando a los menores migrantes.

Más puntos de acuerdo

Tal como ha podido saber este periódico, se llegó a acuerdos en todos los demás requerimientos del PP, que "coinciden esencialmente" con las peticiones del Consejo de Gobierno de Canarias.

Torres confirmó que el presidente Sánchez convocará la Conferencia de Presidentes, se supone que incluyendo la crisis migratoria en el orden del día... aunque Moncloa aún no ha contactado con ninguna Comunidad Autónoma, ya iniciado el mes de septiembre.

El ministro también accedió a la petición popular de declarar la "emergencia migratoria" en todo el Estado.

"El objetivo", explican fuentes del PP, "es que las CCAA puedan contratar con urgencia nuevos recursos en momentos como éstos, sin esperar a la resolución de largos concursos y licitaciones". Según fuentes canarias, "Torres asumió que hay precedentes de otras emergencias, como grandes incendios, a los que se podría acudir".

El último punto acordado, siempre según el Gobierno de Canarias y el PP, fue el compromiso del Gobierno para aportar a las Comunidades Autónomas financiación extra para la atención de estos menores.

Pero no sólo en este momento de emergencia, sino "para todos los años hasta que cada chico o chica cumple los 18, no sólo para el primer año de su tutela, como hacen ahora", aducen las fuentes consultadas.

Portavoces de Moncloa, Génova y el Gobierno de Canarias confirman la celebración de aquella reunión fantasma -o secreta hasta ahora- y que en ella se avanzó hasta acercar la resolución del conflicto político. Los contactos telefónicos entre los tres protagonistas han continuado desde entonces, a falta de que el Gobierno central estampara el sello al preacuerdo con la entrega del informe de cifras.

El último contacto entre Gobierno y oposición se produjo el pasado sábado, entre Torres y Tellado, sin llegar a ningún entendimiento.

Con todo, desde el Ejecutivo ratifican su "voluntad de acuerdo y negociación" con las otras partes. Además, añaden que "las reuniones han sido constantes [...] a pesar de que el PP votó 'no' a tramitar una modificación de la Ley de Extranjería" en el Congreso. 

Aquella propuesta, que recaló en el hemiciclo tres semanas antes de la susodicha reunión, implicaba la creación de un mecanismo obligatorio para agilizar el reparto de los menores migrantes no acompañados. Sólo en las islas se encuentran hacinados hasta 5.300 jóvenes en situación irregular, aunque la previsión del Ejecutivo canario es que esa cifra suba en otros 7.000 en los próximos cinco meses.

A esto se suma la falta de entendimiento entre los Gobiernos de Clavijo y Sánchez sobre las inyecciones para hacer frente a la crisis. Una fuente del Ejecutivo insular lo resume de la siguiente manera:

"El Consejo de Ministros anunció este martes que va a poner 35 millones a todas las Comunidades Autónomas, pero nosotros nos gastamos 14 millones cada mes. El otro día, Sánchez le ofreció al presidente [Clavijo] lo mismo que en años pasados de menos presión migratoria, 50 millones. Y él le respondió que lleva 150 gastados sólo este año", asevera.

Acuerdo roto

El embrollo de la financiación de las Comunidades Autónomas para afrontar la nueva oleada de menores ha sido siempre el gran obstáculo entre el Gobierno y la oposición. De hecho, el primer acuerdo entre ambos se fue al traste después de que las autonomías populares pidieran al Estado más recursos para afrontar los colapsos en sus centros.

Las 12 Comunidades gobernadas por el PP Aceptaron el reparto de 347 menas procedentes de Canarias y de 87 provenientes de Ceuta. Pero el PP se negó a votar la ley, a la vista de que Torres no quiso negociar lo que luego sí aceptó el 12 de agosto.

"Ha habido más reuniones telefónicas y presenciales [con el PP y CC] para seguir avanzando con elementos a debate, pero no ha habido un principio de acuerdo", insisten fuentes del Ministerio de Política Territorial. 

Sobre esto, en el PP aseguran que siguen "a la espera" de "una simulación de datos" para aterrizar las cifras y la viabilidad de la propuesta. "El PP plantea otras fórmulas" ahora, responde el Gobierno.