Sánchez no llevará a su regeneración el plan duro contra los medios ni el freno a la acción popular

Desde el mes de mayo —y tras abrirse la investigación judicial a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno—, Moncloa anunció un conjunto de medidas que incluían también cambios respecto a la regulación de los medios de comunicación. Entendía el Gobierno entonces que ese asunto era uno de los prioritarios en la política española y en su gestión.

Incluso, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, mantuvo una ronda de reuniones con todos los grupos parlamentarios, salvo Vox, para tratar de este plan.

Ahora, sin embargo, ese asunto ha quedado en un segundo plano, sepultado por otros temas, especialmente el referido a la financiación autonómica, como consecuencia del acuerdo con ERC para que apoyara la investidura de Salvador Illa en Cataluña.

De hecho, el presidente del Gobierno pasó de tenerlo como prioridad principal en julio —provocando un intenso debate sobre el asunto que inundó la política y los medios— a mencionarlo sólo de pasada este lunes, cuando presentó en el Instituto Cervantes sus prioridades para el curso político.

"Éstas son las prioridades que, evidentemente, vamos a conjugar con otras muchas medidas que tienen que ver con la transición ecológica, con la calidad democrática y, por tanto, la lucha contra los bulos y la desinformación", se limitó a asegurar Sánchez el pasado lunes en el arranque de la actividad del Gobierno tras las vacaciones. Ya no estaba entre las prioridades.

Fuentes de la Moncloa explican que no se ha aparcado el plan y que siguen trabajando en él con la voluntad de presentarlo en las próximas semanas. E incluirá normas concretas a aprobar y otras, a modo de enunciados para poner en marcha, pero que no implicarán reformas legales.

Según explican, no habrá ninguna referida a la Justicia, tal y como trasladó Félix Bolaños a los grupos el pasado mes de julio, para disgusto de alguno de ellos, que quería medidas para acabar con lo que caracterizan como lawfare.

No se incluye, por ejemplo, la propuesta realizada el jueves, en la apertura del Año Judicial, por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para limitar el ejercicio de la acción popular ante los tribunales.

Fuentes del Gobierno explican también que, a falta de la decisión final, se inclinan por hacer una propuesta "de mínimos", que no puedan ser consideradas como agresivas para los medios de comunicación. Es decir, se alejan de algunas propuestas que sí barajaron, como la del establecimiento de una colegiación obligatoria para periodistas.

Sí es previsible que trasponga la directiva europea sobre transparencia de la propiedad de los medios o de la publicidad institucional, que ahora se adjudica sin establecer limitaciones.