El PP ultima una Ley de Vivienda con pisos sociales y más oferta de suelo para legislar con PNV y Junts

La formación de Alberto Núñez Feijóo afronta este nuevo curso político consciente de que Pedro Sánchez hará "lo que sea" por agotar la legislatura. O al menos, "alargarla lo más posible".

Los populares creen que a Moncloa no le inquieta la idea de prorrogar de nuevo los Presupuestos, y afrontar 2025 con las cuentas de 2023 -"es decir, elaboradas en 2022", recuerda una fuente oficial del PP-. Y en ese escenario, los de Feijóo han trazado un plan legislativo para "sobrepasar" al Ejecutivo en las Cámaras.

Se trata de elegir "muy bien" las iniciativas con las que ir cubriendo su cupo de proposiciones de ley. Y ese muy bien significa, en palabras de otro portavoz del PP, "plantear medidas que, a los nacionalistas vascos y a los independentistas catalanes, le pongan difícil votar con los partidos de izquierda".

La primera de ellas, si se cumplen los planes que ha podido conocer este periódico, será en las próximas semanas, una Ley de Vivienda "que arregle el desaguisado de la del PSOE y Sumar".

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El texto ha sido elaborado, principalmente, por la senadora Paloma Martín, exconsejera de Vivienda de la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso. E incluye medidas para simplificar la tramitación administrativa y burocrática para, de inicio, liberar suelo.

Terrenos urbanos para vivienda nueva en compraventa, y otros cuya calificación permita la construcción de pisos de alquiler social, "con colaboración público-privada". Este punto, según las fuentes, se impulsaría con la participación de los Ayuntamientos, que podrían llegar a acuerdos con promotoras.

Las corporaciones locales cederían suelo público, a cambio de que la empresa se comprometiera a que un porcentaje alto de las nuevas viviendas se sacasen a alquiler a precios bajos, "acordados con anterioridad", esencialmente para jóvenes y familias en situación vulnerable.

"Así, el ahorro de la empresa que accede a suelo público, a quien se le repercute es al ciudadano, no a los márgenes de beneficio de la promotora", desarrollan las fuentes.

"Son suelos que no se podrían usar para la compraventa de pisos, pero que entrarían en el mercado, a precios accesibles, con lo cual tienes mucha más oferta, que ya destensiona el mercado, y a precios bajos, lo que aún baja más los demás".

Para el PP, la colaboración público-privada es la clave, "mucho más que la limitación de precios por los poderes públicos, o las ayudas directas al ciudadano, que se han demostrado fallidas".

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Porque, de este modo, se incide en la oferta, no en la demanda, y "por pura ley económica", bajarían los precios. "Y además, el efecto es mucho más rápido, que es lo que necesita España"

Diagnóstico y receta

Los populares, curiosamente, coinciden con el discurso de Sánchez de que el acceso a un hogar, ya sea en compra o en alquiler, es el principal mal socioeconómico de España. Afecta al mercado tanto como a las familias; es decir, al crecimiento económico tanto como al dinamismo social. Pero consideran que, más allá del diagnóstico, "la receta progre está empeorando las cosas".

"Los datos", apunta una tercera fuente en el PP, "indican que en donde se ha aplicado la intervención del mercado del alquiler, los precios sólo han subido, porque se ha reducido la oferta de pisos".

Además, añaden, "la inseguridad jurídica está retrayendo la inversión en obra nueva" y se construyen menos pisos de los que demanda el mercado.

Y finalmente, "los sueldos han crecido mucho menos que esos precios intervenidos e inflados", de modo que los jóvenes "no pueden hacer otra cosa que compartir vivienda". Eso provoca, según aseguran en Génova, que no se funden familias, se retraiga la movilidad geográfica, "y pocos ciudadanos en edad se planteen, siquiera, la posibilidad de ser padres".

"Hay mayoría"

Los populares quieren lanzar una batería de medidas sobre conciliación, vivienda, sanidad, educación y familias en estos meses. "Asuntos en los que, teóricamente, hay mayoría de centro derecha en las Cámaras", apuntan. Y la primera de ellas será esta Proposición de Ley de Vivienda, alternativa a la aprobada a finales de la pasada legislatura por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.

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De momento, el PP no ha decidido si presentará esta proposición de ley en el Senado -donde tiene mayoría absoluta- o directamente en el Congreso. Según ha podido conocer EL ESPAÑOL, la decisión vendrá influida por el ambiente político que se respire en el momento de presentarla públicamente.

Es decir, en las posibilidades que adivinen en PNV y Junts para que la puedan apoyar. "Ambos partidos empiezan a percatarse de con quién se han encamado... sabemos que el PP no les gusta en una parte de su ideario, pero tampoco les gusta Sánchez", explica una de las fuentes citadas.

"Así que, en esa tesitura, es lógico pensar que, al menos en cuestiones socioeconómicas, elijan legislar según lo que quieren sus votantes".

Pero eso, obviamente, no son matemáticas. De hecho, no lo han sido hasta ahora. El mismo PNV, que alimentó las esperanzas del PP, la pasada semana, traicionando al PSOE en la votación de la PNL para pedirle al Gobierno el reconocimiento de Edmundo González como "presidente electo" de Venezuela, ya advirtió de que era un hecho "puntual".

O lo que es lo mismo, que sólo fue "un aviso", pero que su "hoja de ruta" sigue siendo "la misma", la que lo vincula a Sánchez.

De hecho, los peneuvistas gobiernan el País Vasco en coalición con el PSE. Y también la semana pasada, el lehendakari recolocó las piezas del tablero. 

Imanol Pradales se descolgó con unas declaraciones en las que exigía al Gobierno de Sánchez un nuevo Estatuto para su Comunidad Autónoma, basado en una "bilateralidad" aún mayor que la que el PSOE le ha reconocido a Cataluña en el pacto con ERC que hizo president a Salvador Illa.

Por otro lado, los de Carles Puigdemont presumen de que su "fuerza" está en "poder pactar tanto con unos como con otros". Y que, sólo de ese modo, el PSOE no se relajará y el PP no tendrá esperanzas de que su independentismo se rebajará, por muy "traicionado" que se sienta el expresident prófugo en Waterloo.

Pero en el PP, el planteamiento es de puro pragmatismo con los separatistas catalanes de derechas.

Por un lado, entienden que, antes o después, "entrarán en razón y escucharán al empresariado catalán". Y por otro, entienden que como la legislatura se alargará, dará tiempo a que Puigdemont reviva en sus carnes más veces "los engaños" de Sánchez y a que, "por desgracia", el Tribunal Constitucional acabará por "enjugar las lágrimas de cocodrilo" de Puigdemont, y le concederá la amnistía.

En todo ese tiempo, los populares pretenden pasar a la ofensiva, siendo mucho más propositivos, para desgastar al Ejecutivo con legislación propia que pueda pasar el filtro de un Congreso donde "esa mayoría de progreso nunca existió".

E.P.

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La estrategia, comprenden las fuentes, es arriesgada, pero se basa en "utilizar la fuerza del Frankenstein contra sí mismo", buscando sus contradicciones de origen.

Residencial y turística

Hay otro diagnóstico en el que coincide el PP con los partidos de izquierdas: no es viable mantener el actual nivel de esfuerzo económico necesario para acceder a una vivienda.

"Por eso, en Madrid ya se están lanzando planes urgentes, para lograr que los precios vayan a la baja", apunta una de las fuentes consultadas. Los planes puestos en marcha prevén que se saquen pisos en alquiler con dos dormitorios, con garaje, piscina y zonas comunitarias, "a precios de entre 600 y 750 euros".

Porque "no puede ser que la gente gaste la mayoría de su sueldo en un techo", y que, "si además alguno por fin quiere lanzarse a tener un primer hijo, esa casa ha de tener al menos dos dormitorios... jóvenes compartiendo será muy 'cool' pero no es socialmente sostenible".

En ese sentido, otra de las medidas previstas en la PL de Vivienda que ultima el Partido Popular, también busca equilibrar el mercado, y evitar el desvío de pisos al alquiler vacacional. Se trata de la equiparación en la protección al propietario de alquileres residenciales con aquélla de la que gozan los pisos turísticos.

"No es sólo por rentabilidad", desarrollan desde el PP, "también es porque si un inquilino deja de pagar, la policía lo saca del piso vacacional... pero en un alquiler residencial, la cosa tarda meses antes de solucionarse".

Y ésta es otra de las razones, argumenta el PP, por la que se está reduciendo la oferta de arrendamientos residenciales: "Una regulación absurda, que mira las cosas una a una, no como es el mercado, dinámicamente".