El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. EFE

Política GOBIERNO

Sumar se enfrenta al PSOE por el 'plan Sánchez' y exige que las injurias a la Corona no sean delito

Los partidos de la coalición cerraron un texto que abre la puerta a despenalizar ofensas contra la Monarquía, pero sin mencionarla.

19 septiembre, 2024 02:42

Un miembro del Gobierno reconocía este miércoles que el Plan de Acción por la Democracia no es sólo una medida para "igualarnos a Europa y hacer política mediática en serio", sino también "una oportunidad" para alargar la legislatura con promesas a los socios. El problema es que esas promesas no siempre coinciden con las intenciones de quienes se sientan en el Consejo de Ministros.

De hecho, hay veces que no coinciden ni siquiera entre los propios ministros, menos aún cuando se trata del Código Penal, y prácticamente nunca si afecta a la Corona. Le pasaba al PSOE con Unidas Podemos en la legislatura pasada y le pasa en esta con Sumar.

Durante todo el verano y en especial el mes de julio, los ministros Félix Bolaños y Ernest Urtasun se reunieron con los grupos parlamentarios para tejer el inicio del Plan. "Prácticamente todos", incluido Sumar, reclamaron tres cosas: derogar la ley mordaza; reformar la ley de secretos oficiales; y que las injurias contra la Monarquía y los sentimientos religiosos desaparecieran del ordenamiento jurídico.  

Este lunes por la noche, a escasas horas de presentar el borrador del Plan de Acción en el Consejo de Ministros, las dos partes llegaron a un principio acuerdo de medidas inconcretas y sin garantías, pero fácilmente vendibles a los socios parlamentarios. Otro de los negociadores de Sumar, Enrique Santiago, exigió acotar el ámbito penal de las injurias a las instituciones del Estado, por limitar la libertad de expresión y no corresponderse a la normativa europea. 

El texto final, en su capítulo II, quedó así: "Abordar una reforma integral de los artículos del Código Penal que pueden afectar al derecho de libertad de expresión y a la creación artística [...] cuando se refiera a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público u otros supuestos". Ninguna referencia explícita a la Monarquía.

El problema entre PSOE y Sumar sobre esta redacción —impuesta por los socialistas— es si se considera o no que la Corona forma parte de las "instituciones del Estado", o si el borrador lo da entender. En Moncloa aseguran que no, dado que forman parte de artículos distintos del Código Penal: el 491 para la Casa Real y a partir del 492 para el resto de instituciones. 

"No puede ser que las injurias a la Corona se coman el plan entero", aseguraba este miércoles un miembro destacado de la parte socialista del Gobierno.

Por contra, uno de la parte de Sumar responde que el texto "hace referencia a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra España" que, entre otras cosas, "se han opuesto a las condenas españolas por injurias a la Corona". Recuerdan especialmente las sentencias contra músicos y tuiteros.

Tres años más

El plan de regeneración democrática de Pedro Sánchez, bautizado oficialmente por la Moncloa como Plan de Acción por la Democracia, contiene medidas recicladas de anteriores propuestas del Gobierno, muchas inconcreciones y propuestas genéricas y múltiples referencias a directivas europeas. 

Además, tienen muy pocas garantías de salir adelante en la tramitación parlamentaria de cada una de las complicadas reformas legales que contiene. En principio, el Gobierno se justifica en que las 32 medidas son sólo "una hoja de ruta" a desarrollar durante tres años más de legislatura y, por eso, necesariamente tienen que ser genéricas, para que puedan ser negociadas y discutidas por los grupos parlamentarios.

La polémica es si, por un lado, se puede aguantar esos tres años, sobre todo con un Congreso así de fragmentado. Sobre esto, un ministro concreta que el Plan es, precisamente, "una oportunidad" para mantener atados a los socios.

No obstante, el incierto futuro de este plan queda demostrado por la imposibilidad de algunas de ellas para salir adelante en el Parlamento, más aún cuando han sido planteadas con una mayoría tan ajustada, intereses contrapuestos y tan poca concreción.