Junts condiciona su apoyo a la senda de estabilidad a que las CCAA dispongan de un tercio del objetivo de déficit

El Gobierno ha decidido aplazar la votación de la senda de déficit —o techo de gasto— prevista para este jueves en el Congreso por la falta de apoyos. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha intentado sin éxito sumar los votos de los siete diputados de Junts, por lo que el techo de gasto, paso previo necesario para la posterior aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), no iba a salir adelante. 

El Gobierno evita así una nueva derrota parlamentaria. El aplazamiento es sine die y el Ejecutivo seguirá negociando con Junts tras su negativa, según fuentes gubernamentales. 

La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras,ha situado como "buena base" para poder comenzar a trabajar una propuesta aprobada en el año 2014 en el Parlamento de Cataluña en el que se proponía "otorgar a las comunidades autónomas al menos un tercio del objetivo total" del déficit, lo que daría más recursos y más margen de endeudamiento a las comunidades.

Con este movimiento, Sánchez quiere agotar todas las posibilidades para alcanzar un pacto que considera positivo para las comunidades autónomas y ayuntamientos. De esta forma gana tiempo para lograr su objetivo: tener Presupuestos de 2025 y no prorrogar los de 2023. 

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Pesimismo en el Gobierno sobre el apoyo de Junts pero sigue el diálogo tras el viaje de Santos Cerdán a Suiza

Según fuentes del Gobierno, se trata de intentar impulsar antes de la próxima votación algunos de los temas comprometidos con Junts y atascados en este momento. Por ejemplo, la cesión de las competencias de inmigración que negocian el Gobierno y los independentistas con escasos avances.

Hoy mismo, PSOE y Sumar han llegado a un acuerdo para que la Mesa del Congreso desbloquee la Iniciativa Legislativa Popular para regularizar la situación de 500.000 personas migrantes que viven y trabajan en España.

La fórmula que ha empleado el Gobierno para aplazar la votación es la retirada del texto aprobado por el Consejo de Ministros, idéntico al que ya fue rechazado en julio, que ahora podría ser modificado y aprobado de nuevo para que Junts lo apoye. 

El Gobierno consigue así que la negociación y votación de los Presupuestos sean después del Congreso de Junts, a finales de octubre, cuando podría ser menos difícil tener su apoyo. El Gobierno hizo esta propuesta a Puigdemont el sábado, como avanzó EL ESPAÑOL.

Tras la reunión en Suiza del pasado viernes entre el número tres del PSOE, Santos Cerdán, y Carles Puigdemont, el Gobierno era pesimista sobre la relación con Junts y, sobre todo, en relación a la votación prevista para este jueves, tal y como informó este periódico. Pero sostenía que era posible seguir negociando y eso es lo que pretende hacer ahora.

Junts presiona a Sánchez para que suba el techo de gasto y destine más dinero a Cataluña

La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, ha declarado este martes que su partido "nunca va dar apoyo a cambio de nada" y ha instado al Gobierno a "presentar una nueva propuesta que realmente cambie la situación de los catalanes".

La formación independentista se ha mostrado implacable en este asunto. El secretario general de Junts, Jordi Turull, expresó la negativa de su partido este lunes. "No tiene que sorprender a nadie. Todo lo que sea para consolidar el café para todos o agravar el déficit de Cataluña nunca tendrá nuestro voto", aseguró. Los independentistas querían que el Gobierno presentara una nueva senda con sus peticiones. 

El propio Puigdemont fue bastante claro la semana pasada. "La respuesta será la misma que siempre hemos dado. Al igual que votamos que no, volveremos a votar que no. Si la cambian, hablaremos", afirmó en X sobre la senda de déficit.  

Este lunes, varios ministros ya dejaron entrever que recibir el apoyo de los independentistas sería complicado y empezaron a poner el foco sobre el PP, calificando a la oposición de "irresponsable" por no apoyar unos Presupuestos que darían a las comunidades autónomas y los ayuntamientos hasta 12.000 millones de euros.