Sánchez prepara un nuevo techo de gasto con cesiones a Puigdemont para poder sacar los Presupuestos

El Gobierno estaba contra las cuerdas y tenía perdida la votación del jueves sobre el techo de gasto en el Congreso, lo que supondría una dura derrota política y parlamentaria. Pero dos días antes ha retirado la propuesta, idéntica a la que presentó en julio y que rechazaron PP, Vox y Junts. Otro de sus giros inesperados sobre el alambre.

Ahora, Sánchez se dispone a abordar una negociación con sus socios independentistas para llevar un nuevo texto a la Cámara. El objetivo es sobrevivir ante la adversidad y en eso tiene práctica. En todo caso, si no consigue convencer a Junts, el Gobierno podrá aprobar un proyecto de Presupuestos, con el mismo techo de gasto de 2023, y con escasas opciones de salir adelante, pero se habrá evitado in extremis una dura derrota política y parlamentaria. Es decir, una buena jugada en todo caso.

Junts condiciona su apoyo a la senda de estabilidad a que las CCAA dispongan de un tercio del objetivo de déficit

¿Y si al final, después de tantas cábalas sobre prórrogas, elecciones anticipadas y de que el propio Sánchez admitiera que se puede gobernar sin Presupuestos, resulta que logra un nuevo pacto in extremis y saca adelante las cuentas y la legislatura?

Esta vez, Moncloa ve opciones de éxito a su giro, porque para empezar acepta ahora la exigencia de Junts para arrancar desde cero y rectificar la propuesta. La pretensión del partido de Carles Puigdemont es que haya más recursos para las comunidades -empezando por Cataluña- y desatascar compromisos adquiridos con Junts que estaban empantanados.

El propio Puigdemont trasladó el viernes al dirigente socialista Santos Cerdán el memorial de agravios acumulados. Básicamente son la cesión de las competencias de inmigración a Cataluña, nuevas inversones, ejecución de otras ya cerradas, sistema de concierto para esta comunidad fuera del modelo común, impulso al uso del catalán en la Unión Europea, comisiones de investigación comprometidas en el Congreso y hasta la aplicación inmediata de la amnistía.

El Gobierno se ha puesto manos a la obra y ahora ve una rendija por la que poder colar un acuerdo y sacar adelante un nuevo techo de gasto para allanar el camino a los Presupuestos Generales del Estado de 2025. Eso daría cuerda a la legislatura nada menos que para llegar hasta 2027. El cielo se le ha abierto de nuevo a Sánchez cuando más le amenazaba un ciclón devastador.

Negociación

Fuentes de la Moncloa aseguran que ahora abrirán una intensa negociación en todos los frentes con Junts y anuncian para las próximas semanas noticias sobre avances en temas pendientes de pactos anteriores con esta formación.

Por ejemplo, ayer mismo, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, volvió a pedir por carta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que permita el uso del catalán, el euskera y el gallego en la Eurocámara. Es la tercera carta de Albares sobre este asunto y coincide con la decisión de impulsar compromisos atascados.

Y los socialistas han rectivado dos comisiones de investigación en el Congreso que pactaron con la investidura y quedaron paradas: una sobre los atentados yihadistas de 2017 en Barcelona y Cambrils y otra sobre la Operación Cataluña (actividad policial presuntamente ilegal contra el independentismo).

La primera cesión en la negociación es la propia rectificación de Sánchez, que renuncia a aprobar el mismo techo de gasto rechazado, porque tras asegurar que no rectificaría lo retira ahora para elaborar uno nuevo. Hasta el punto de que hay quien en el Gobierno se pregunta cómo es posible que esto no se hiciera antes, es decir, que se hubiera negociado antes de llevarlo de nuevo al Congreso.

"Ahora ya son números, no principios y, por tanto, ya hay opciones para negociar", explica el Gobierno sobre la nueva posición de Junts. Por el momento, Junts ha puesto públicamente la petición concreta de que las CCAA dispongan de un tercio del objetivo de déficit y la vicepresidenta María Jesús Montero ve imposible esa opción. Pero se recuerda que Montero dijo que era imposible asumir el concierto y que Sánchez veía inconstitucional la amnistía.

No obstante, siguen sin resolverse las dos circunstancias que más inquietan a Puigdemont: el retraso en la aplicación de la Ley de Amnistía y la presencia de Salvador Illa al frente de la Generalitat de Cataluña.

Para empezar, el Gobierno deja en el aire los plazos para la aprobación de los Presupuestos, aunque la Constitución establezca claramente que los Ejecutivos deben enviar al Parlamento el proyecto de las cuentas antes de final del mes de septiembre.

Ahora es posible que ese envío se retrase hasta el mes de noviembre, después del congreso de Junts, lo que según el Gobierno puede facilitar la aprobación de las cuentas. Eso es importante para Moncloa y, de hecho, Cerdán y el resto de interlocutores del Gobierno ofrecieron esta posibilidad a Puigdemont y su equipo en Ginebra.

Si logra un acuerdo, el Gobierno lo llevará al Consejo de Política Fiscal y Financiera donde tiene mayoría y luego tendrá que aprobarlo en Consejo de Ministros para su trámite en el Congreso.

Mientras, el Gobierno vuelve a lanzar el señuelo político de culpar al PP del bloqueo de la senda de déficit. La propia portavoz, Pilar Alegría, y otros ministros arremetieron contra el partido de Alberto Núñez Feijóo por rechazar el acuerdo.

El Gobierno no ha negociado con el PP, sí lo ha hecho con todos sus socios, incluido Junts, a cambio de contrapartidas y ha pedido al principal partido de la oposición que le saque del atolladero político cuando ha visto que estaba sin apoyos.