La UE denuncia a España en el TJUE por la conciliación: el Gobierno reduce el permiso parental y su remuneración

Sin embargo, fuentes de Bruselas confirmaban a este diario que es el Gobierno de España el que ha sido denunciado por la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la UE por incumplir en tiempo y forma la Directiva de Conciliación, en vigor desde hace ya más de cinco años.

Las multas que reclama el Ejecutivo comunitario son dos: una de al menos 6,832 millones de euros por la tardanza, y otra "coercitiva diaria de 43.920 euros desde la fecha de la sentencia en el presente procedimiento hasta que el Reino de España cumpla con su obligación".

Ni se traspuso a tiempo ni se ha traspuesto bien. De hecho, el Ejecutivo de Pedro Sánchez incumple “flagrantemente” sus artículos 5 y 8, que establecen las semanas de permiso parental. La UE estableció que éstas fueran 16, con “al menos la mitad de ellas con remuneración o prestación económica”. Y el Gobierno las ha dejado en la mitad.

La última reforma del Estatuto de los Trabajadores, de agosto de este año, así lo refleja expresamente: "Las personas trabajadoras tendrán derecho a un permiso parental, para el cuidado de hijo, hija o menor acogido por tiempo superior a un año, hasta el momento en que el menor cumpla ocho años", explica el texto legal.

"Este permiso, que tendrá una duración no superior a ocho semanas, continuas o discontinuas, podrá disfrutarse a tiempo completo, o en régimen de jornada a tiempo parcial conforme a lo establecido reglamentariamente".

Pero es que aún falta el desarrollo reglamentario, por lo que este permiso parental, de hecho, no se está disfrutando, de momento, como debería. Y no se sabe quién debe dar la prestación o remuneración.

Sumar y PSOE

Curiosamente, han sido los miembros del PSOE los más beligerantes con el PP en las últimas semanas. Y los de Sumar, el socio minoritario del Gobierno, los que aprovechaban para reivindicarse. "Todo lo que proponemos, primero es polémico, luego se debate, y al final es ley", espetaba orgulloso Íñigo Errejon, portavoz de la formación de izquierda radical en el Congreso.

Sin embargo, son dos de sus cinco ministros los que están incumpliendo esa transposición de la directiva europea: la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.

El segundo se incorporó a Sumar para las elecciones del 23-J y es el responsable de la Ley de Familias, que aprobó el Consejo de Ministros en marzo, entró en el Congreso en marzo, y ahora está en tramitación parlamentaria.

La norma se estaba ya debatiendo en la Cámara Baja cuando Pedro Sánchez disolvió las Cámaras tras las municipales y autonómicas y adelantó las elecciones generales al 23 de julio. En esas ocasiones, todos los proyectos y proposiciones en tramitación decaen.

La primera es la fundadora de Sumar y la autora de la reforma del Estatuto de los Trabajadores. Ésa que establece la mitad de tiempo y de remuneración para los trabajadores españoles respecto del resto de europeos.

El permiso parental consiste en hasta 16 semanas (ocho en España) que cada progenitor se puede coger durante los primeros ocho años de vida de su hijo para atenderlo por cualquier circunstancia. 

Los incumplimientos

La Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, establece "requisitos mínimos destinados a lograr la igualdad entre hombres y mujeres por lo que respecta a las oportunidades en el mercado laboral y al trato en el trabajo", explica la Comisión. Se trata de "facilitar a los trabajadores que sean progenitores o cuidadores la conciliación de la vida familiar y profesional".

Pero la Ley de Familias llegó tarde, por el fin de la legislatura Motivo por el cual España incumplió con los tiempos de trasposición de la directiva. Y el Estatuto de los Trabajadores, reformado este verano, incumple el contenido de la norma europea.

De hecho, el mismo texto presentado por la Comisión ante el TJUE, explica estos avatares acusando al Gobierno de Sánchez: "El Reino de España no ha cumplido esta obligación; por consiguiente, la Comisión envió el 21 de septiembre de 2022 un escrito de requerimiento".

Moncloa dio respuesta a Bruselas el 18 de noviembre de 2022, casi dos meses después, explicando que la transposición de la directiva "tendría tanto forma de ley como de real decreto" y que, por lo que se refería a la ley, "estaba pendiente de los trámites finales que corresponden al Gobierno".

Cuando el 19 de abril de 2023, la Comisión volvió a notificar otro dictamen motivado, el Gobierno tardó hasta el 6 de junio en contestar mediante una carta "en la que reconocía no haber transpuesto la Directiva dentro de plazo".

La excusa fue que "la Directiva estaba incluida en el proyecto de Ley de Familias adoptado por el Consejo de Ministros el 28 de marzo de 2023, cuya tramitación había decaído con la disolución de las Cortes Generales".

Por eso, en un recurso interpuesto el pasado 30 de enero de 2024 por la Comisión Europea ante el TJUE, Bruselas solicita que se "condene al Reino de España al pago de una cantidad a tanto alzado y de una multa coercitiva" por sus irregularidades "con arreglo a la comunicación sobre las sanciones financieras en los procedimientos de infracción".